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| Ilustración: Agdamus / La Nación. |
¿Por qué se ha estancado la compra? El 1 de febrero último, el director de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), y el presidente de la Corporación Nuclear Nacional China (CNNC), firmaron el contrato para la instalación de un reactor nuclear de 1200 MW en el Complejo Nuclear Atucha de la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires.
Por Juan Vernieri
La suscripción coincidió con el viaje del presidente argentino Alberto Fernández a China y la posterior inserción de Argentina en la “ruta de la seda”. La firma virtual contó con la presencia de las autoridades de ambas compañías, y también estuvieron presentes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el embajador chino en Argentina, Zou Xiaoli, su par argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, el subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, y el vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), entre otras autoridades y funcionarios de los dos países.
En su momento fue considerado como “un hecho histórico” por la Comisión Nacional de Energía Atómica. Representaba una oportunidad para fortalecer e integrar al sector nuclear. CNNC se comprometía a entregar “llave en mano” la planta, con un 40% de mano de obra argentina.
La idea de esta compra nació en el 2006, cuando se reactivó el Plan Nuclear Argentino y la apoyaron los cuatro gobiernos que siguieron al de entonces, sin embargo, continúa aún sin concretar.
La colaboración entre China y Argentina parecía sugerir que la construcción de Atucha III era repentinamente probable y, tal vez, inminente, pero en realidad la firma dejaba traslucir apuro, improvisación y una intencionalidad propagandística. Se suscribía el propósito de instalar un nuevo reactor, sin saber cómo se pagaría, no se mostró siquiera un compromiso formal de los bancos que darán la financiación. Tampoco hay indicios de que se haya cumplido con el Decreto 338/17, que exige un dictamen favorable de la SIGEN, previo a la firma, ni estaban los avales en la Ley de Presupuesto.
El contrato debía perfeccionarse. Se requería la suscripción de otros dos: Uno con los bancos chinos para estipular lo prefijado, que China se haría cargo de la financiación del 85 % de la inversión con un período de gracia y demás detalles y otro a suscribir por la CNEA por el que China se comprometiera a proporcionar los conocimientos tecnológicos necesarios a la fabricación en Argentina del combustible del reactor. Por supuesto, ambos a la fecha se encuentran pendientes.
Como una palpable demostración que el país no está en condiciones económico-financieras para encarar tan costosa y prescindible obra, Argentina le pidió a China que financiara completamente la construcción, que tiene un costo total estimado de u$s 8.300 millones (Seguros, intereses y diversas tarifas llevan el importe que debe afrontar el país alrededor de u$s 13.000 millones, siempre y cuando el proyecto no se demore).
Es absolutamente inusual que los bancos financien el 100 % de una inversión, más aún cuando hay un período de gracia. Normalmente, los bancos requieren que el prestatario también asuma parte de la inversión, como forma de asociarse al emprendimiento.
El proyecto consiste en la compra de un reactor Hualong One de tercera generación diseñado en China, de agua presurizada que utiliza uranio enriquecido como combustible, un tipo de tecnología nueva para el país. Los tres reactores nucleares argentinos utilizan uranio natural como combustible y agua pesada como moderador de la reacción, por tanto, no cuenta aquí con capital humano experimentado. China deberá asesorar y apoyar al personal para su funcionamiento y mantenimiento. El aporte nacional adicional será escaso.
El contrato comercial, firmado el 1 de febrero, establecía un período de hasta 270 días para la firma del contrato financiero. Vencido ese plazo, en asamblea de accionistas se aprobó promover su prórroga. El 12 de diciembre, la empresa acordó con su contraparte china una prórroga hasta octubre de 2023, a la espera de una definición política para avanzar con la negociación financiera del proyecto.
La prórroga surge a consecuencia de indefiniciones políticas. Esa determinación dependía de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, el área que concentraba las relaciones de Argentina con las entidades multilaterales de crédito.
Desde el kirchnerismo responsabilizaron en su momento al ex secretario del área, Gustavo Béliz, de trabar las negociaciones con China por este y otros convenios. Con el arribo de Sergio Massa al ministerio de Economía, la gestión de las negociaciones multilaterales, pasaron a estar bajo su órbita.
Massa confió esa responsabilidad a Marco Lavagna, titular del INDEC, quién en noviembre logró destrabar el financiamiento chino para las represas en Santa Cruz.
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