En un duro golpe a las multinacionales del litio y al gobierno de Catamarca, el máximo tribunal provincial prohibió que se entreguen nuevos permisos y exigió que se realicen estudios del impacto de todos los proyectos mineros de la región. El reclamo fue impulsado por comunidades diaguitas y asambleas socioambientales. Crónica de un triunfo.
Por Manuel Fontenla
Desde Catamarca
El jueves 7 de marzo por la mañana la noticia ocupó la tapa de los principales diarios locales y en pocas horas llegó a la tapa de los portales nacionales. El título, amarillista, como suelen hacer los medios hegemónicos, generó un impacto enorme: “La Corte de Justicia suspende la minería de litio”. Para un gobierno como el catamarqueño, que se promociona y proyecta con eje, centro y esencia, en torno al boom de la minería de litio (más correctamente llamada “megaminería de agua”), el shock fue total. Rápidamente las radios, medios televisivos, cuentas de Instagram y X, se poblaron de abogados, especialistas y políticos intentando explicar algo a primeras luces inexplicable. Hubo sorpresa, desconcierto, dudas, desinformación a granel. ¿Se frena la actividad en la provincia minera? ¿Se cae el multimillonario negocio del litio? ¿La Corte le da un durísimo golpe al gobernador Raúl Jalil por una interna de poder? ¿Cómo pasa esto de un día para otro?