La fiebre del litio deshidrata los humedales andinos

Minería de litio en el Salar del Hombre Muerto (Argentina). / Coordenação-Geral de Observação da Terra/INPE

Una sentencia en Catamarca, Argentina, reconoce por primera vez que este tipo de minería tiene un impacto directo sobre el medio ambiente.

Por Leonardo Rossi y Aimée Martínez Vega

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Catamarca sobre la minería de litio en el Salar del Hombre Muerto, en Argentina, asume las reiteradas advertencias que diversas comunidades y personas en diferentes áreas de investigación vienen realizando: esta nueva avanzada extractiva se sostiene sobre el colapso de masas de agua y es una amenaza para cuencas hidrosociales enteras. La sentencia apenas es un reconocimiento muy elemental desde un alto estamento del Estado de la catástrofe en ciernes en los salares y lagunas altoandinas de Argentina y Sudamérica en nombre de una falsa transición energética. Mientras, en sectores corporativos y gubernamentales se encienden las alarmas por los posibles impactos para las inversiones vigentes y en negociación, la cuestión de fondo –la crisis ecológica y las alternativas de vida realmente sustentables como son, en definitiva, las que encarnan las comunidades demandantes– quedan fuera de los debates principales.

La demanda presentada por la comunidad Atacameños del Altiplano ha pasado por diversas instancias desde el año 2020, y tiene como eje la constatación de que la vega del río Trapiche se había secado por la actividad de la minera Livent (ahora fusionada con Allkem) en la región. Ante el intento de construcción de un nuevo acueducto sobre el río Los Patos, y el creciente avance de diversos proyectos en la zona (se estima que hay actualmente siete empresas con interés allí), los comuneros representados por su autoridad, Román Guitián, y el apoyo de la Asamblea PUCARÁ, que reúne a colectivos que resisten al extractivismo en la provincia, presentaron un amparo. Tras recorrer pasillos entre la justicia federal y la provincial, finalmente el 13 de marzo pasado la máxima instancia del Poder Judicial de Catamarca asumió parcialmente la demanda y exigió realizar un relevamiento integral y de los presumibles efectos acumulativos de los diversos proyectos en la zona. Si bien el fallo no cuenta con una argumentación actualizada al conocimiento científico sobre este tipo de actividad ni a las miradas posantropocéntricas, es un antecedente relevante, en tanto el boom de litio viene avanzando en el país casi sin freno por parte de los diversos poderes del Estado en sus distintas instancias nacionales, provinciales y locales.

Sumar litio a los hornos capitalistas

En los últimos años, una y otra vez, gobiernos nacionales y provinciales de distinto signo, personas vinculadas a la comunicación, corporaciones y centros científicos han defendido las oportunidades económicas que tiene Argentina como país exportador de litio ante la demanda global de este mineral. El argumento se basa en el supuesto aporte sustancial que se hace a una transición energética en marcha que lucharía contra el acelerado cambio climático y en la que este insumo sería clave. En los hechos, el litio ha tenido una subida abrupta de demanda para la elaboración de baterías de vehículos eléctricos (VE), que proviene en un 90% de los mercados de la República Popular de China, Estados Unidos y Europa1. Lejos de formar parte de procesos planificados para mejorar la justicia ecológica planetaria y disminuir los hiperconsumos, el mercado de estos vehículos está en buena parte traccionado por propietarios de una o más unidades de distinto tipo de automotores2, y los modelos de mayor valor suelen ser los más vendidos, como ocurrió con el Tesla Y durante la primera mitad de 2023 tanto en China como en Europa, donde a principios del año pasado tenía un costo de 52.000 euros. Se trata de un nuevo nicho de bienes de lujo, mientras la mayor parte de la población del mundo no es propietaria siquiera de un auto convencional.

En este contexto es central el caso de China, líder mundial en VE, con el 60% de la flota eléctrica actual y la infraestructura de carga de vehículos eléctricos más extensa del mundo, construida con el apoyo del Gobierno a través de cuantiosos subsidios. No obstante, el coste para obtener este liderazgo es de grandes áreas en ruinas en más de seis ciudades, así como la quiebra de múltiples compañías creadas en los inicios del auge del VE para el transporte compartido, proyecto obsoleto para un mundo que sigue apostando por las individualidades. “Un pequeño templo en ruinas domina una especie de cementerio: una serie de campos donde cientos y cientos de autos eléctricos han sido abandonados entre la maleza y la basura. Grupos similares de vehículos con batería no deseados han surgido en al menos media docena de ciudades de China, aunque algunas se han limpiado”, describe una crónica periodística. En definitiva, “son una representación sorprendente del exceso y el desperdicio que puede ocurrir cuando el capital inunda una industria floreciente, y quizás también un monumento extraño al progreso sísmico en el transporte eléctrico en los últimos años”.

Sin siquiera escarbar demasiado fino, observamos cómo la supuesta transición energética que implica la demanda de litio de los salares sudamericanos es un verdadero acelerador de la catástrofe ecológica. Lo que demanda este tiempo límite en materia ambiental es una radical reducción de la movilidad humana y el transporte de sustancias y productos, y en especial de aquellas formas de movilidad que no hacen parte de diseños colectivos para actividades esenciales en pos de una sensata transición socioecológica. Asimismo, toda la cadena energética basada en combustión fósil que debe alimentar a esas sociedades con ingentes niveles de consumo –que ahora además insertan estos nuevos vehículos– está lejos de algún tipo de transición realista y justa. Más bien, por el contrario, China no para de aumentar su consumo de carbón –el combustible más contaminante– alcanzando año tras año niveles récords y Estados Unidos lleva adelante una descomunal avanzada con el fracking y organiza el despliegue de nuevas fronteras de extracción de crudo como el polémico proyecto Willow.

Proteger humedales frente al colapso

Mientras observamos cómo los humedales altoandinos y sitios Ramsar –humedales designados como de importancia internacional– se llenan de puntos en los mapas de los proyectos de minería de litio (en Catamarca hay al menos 25 de las 50 propuestas de Argentina con alcance directo en 600.000 hectáreas), en los territorios nos hallamos con hidro-agro-comunidades que ven en riesgo sus prácticas de autosustento, comunidades que por justicia debieran ser modelo de la sustentabilidad, tantas veces banalmente enunciada por empresas y gobiernos. Asimismo, diversidad de poblados, parajes y pequeñas ciudades van siendo sitiadas por el shock de las inversiones litíferas y las promesas de desarrollo, progreso y trabajo. Como venimos observando en nuestras indagaciones, estos proyectos no solo alteran los ciclos ecológicos e hídricos de las regiones, sino que generan un verdadero trastorno socio-cultural allí donde irrumpen erosionado economías preexistentes, resquebrajando relaciones comunitarias e introduciendo o maximizando problemáticas previamente ajenas a esos paisajes (desde accidentes vehiculares hasta consumos problemáticos).

En medio de esta grave crisis climática, en lo que menos se está pensando a la hora de invertir en extracciones de ingentes toneladas de litio, es en el cuidado y protección de las aguas, la preservación de la biodiversidad del lugar y las relaciones metabólicas necesarias3 para que estos espacios de vida conserven algunas de sus propiedades básicas para el equilibrio de la humedad ambiental planetaria. Cuestiones que han sido advertidas por grupos de investigación y organizaciones que han sabido escuchar las preocupaciones de las comunidades que habitan ancestralmente el lugar. Sin embargo, las autoridades competentes han desestimado durante décadas estos llamados de atención. “Agua sí, litio no”, “El agua vale más que el litio”, son algunas de las expresiones que desesperadamente y al unísono claman estos pueblos.

Este fallo, fruto de la lucha de la comunidad Atacameños del Altiplano y apoyada por la asamblea PUCARÁ, debiera nutrir de forma urgente el debate en general sobre la llamada fiebre del litio. El mayor antecedente que existe en el país sobre este tipo de minería demuestra que sólo con ese proyecto se ha secado un río, y está en riesgo una parte significativa de una cuenca milenariamente habitada y cuidada por sus habitantes. En Chile, país con más antecedentes en la actividad extractiva, ya se han registrado casos similares. La única fiebre que debería ser foco de atención es la de la temperatura del planeta y bajo ningún punto de vista ésta puede solucionarse fabricando autos eléctricos y sacrificando a los humedales y sus habitantes (humanos y más que humanos), tejidos de vida esenciales para la regulación ecológica y climática.

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Leonardo Rossi es becario posdoctoral IRES-CONICET.

Aimée Martínez Vega es candidata a PhD en Estudios Sociales Rurales Agrarios. Directora de Red de Comunidades Impactadas por IFIS en AL.

1. Cochilco (2023). El mercado de litio Desarrollo reciente y proyecciones al 2035.

2. Davis, L. (2022). “Electric Vehicles in Multi-Vehicle Households”. Energy Institute.

3. Casagranda, E. (2022). Vulnerabilidad de humedales de la Puna argentina a la interacción entre minería de litio y cambio climático. Universidad Nacional de Tucumán.

Fuente:

Leonardo Rossi, Aimée Martínez Vega, La fiebre del litio deshidrata los humedales andinos, 1 abril 2024, Contexto y Acción.