Basura, política y posverdad

Carlos Alesandri y Juan Cabandié se estrechan la mano, en Calamuchita, el miércoles 11 de marzo de 2020.

La planta de Cañada Grande, una historia de corrupción.

por Cristian Basualdo

EMBALSE, 11 marzo 2020.- El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, asistió al acto de colación de la Escuela de Guardaparques ubicada en la Unidad Turística Embalse. Fue recibido por el presidente de la Comunidad Regional Calamuchita, legislador Carlos Alesandri, quien le brindó detalles sobre la Planta Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, ubicada en Cañada Grande.

Al día siguiente, Cabandié se reunió con el Gobernador Schiaretti, en la búsqueda de avanzar en la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Schiaretti quiere un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo para la ejecución de un plan de erradicación de basurales a cielo abierto. Como veremos, no es la primera vez que el Gobernador utiliza los basurales para obtener recursos.

Mientras imaginaba qué le pudo haber contado Alesandri a Cabandié sobre la planta de Cañada Grande, recordé el historial de ilegalidades e irregularidades de la misma. Comenzando por la empresa que obtuvo la licencia ambiental (Furgiagro SA), que fue creada unos 3 meses antes de presentar el aviso de proyecto, y abandonó las instalaciones a comienzos de 2013, poco después de iniciadas las operaciones. Su titular, Agustín Ernesto Furgiuele, en 2018 fue imputado por la Justicia por homicidio culposo y lesiones culposas en concurso real, por su presunta participación en un accidente automovilístico, conduciendo el automóvil de un ex jefe de la Policía Provincial.

Si me detengo en los tejemanejes y en una noticia policial, es porque la Resolución N.º 540/2010, que autoriza el emprendimento, lo hace a favor de Furgiuele y su empresa nominal. El Gobierno Provincial la considera vigente a pesar que ha caducado en razón de los términos por ella misma utilizados.

Si el mundo de la Ley funcionara la planta de Cañada Grande estaría cerrada, porque en 2012 una orden Judicial ordenó "el inmediato cese de actividades" (Resolución Nº 110/12 del Juez en lo Civil y Comercial de Río Tercero). Por su parte, el Defensor del Pueblo de la Nación exhortó a la Secretaría de Ambiente Provincial a establecer un nuevo emplazamiento debido a su inundabilidad (Actuación DPN Nº 6462/09). Además, un informe del Instituto Tecnológico Foro de los Ríos determinó en 2013 la falta total de cumplimiento de las Leyes de higiene y seguridad en el trabajo.

El costo de la planta de Cañada Grande es otro escándalo. En una edición especial del periódico El Valle, de marzo de 2010, el por entonces secretario de Ambiente Provincial, Raúl Costa, dijo que la inversión “podría rondar los 6 millones de pesos que es un porcentaje importante del total que se recauda por el impuesto al fuego”. Finalmente el dispendio superó los 20 millones de pesos (unos 6 millones de dólares al tipo de cambio de ese entonces). Los elemenos más costos, la maquinaria y el galpón, apenas justifican un cuarto de esa cifra.

La Provincia no llamó a licitación, ni consideró otra propuesta. Furgiuele pagó un mes de alquiler del campo donde se asentó la planta, y la Provincia no lo expropió. Eso generó protestas de los damnificados, que bloquearon la entrada provocando un embotellamiento de camiones de basura en medio de las sierras.

En la citada entrevista, Costa expresó: “nuestra intervención en este tema en Calamuchita es desde finales de agosto de 2009, cuando ya se habían extinguido los incendios y fue el propio Gobernador que nos pidió comenzar a erradicar los basurales a cielo abierto”.

Evitar los incendios y eliminar los basurales, fueron las excusas para echar mano al dinero público. Luego de 8 años de operaciones, podemos afirmar que la planta de Cañada Grande no cumplió con ninguno de los dos objetivos.

Los basurales a cielo abierto siguen existiendo en Calamuchita, veamos por ejemplo la pelea entre los intendentes de Yacanto y La Cruz, que en enero de 2017 se acusaron mutuamente por los basurales a cielo abierto en sus respectivos ejidos municipales; o las imágenes del basural de El Quebracho, en la localidad de Embalse, en noviembre de 2018.

Tampoco se evitaron los incendios, recordemos los ocurridos en los pinares en la zona alta de Calamuchita, que a fines del 2013 arrasaron 63.400 hectáreas, el 13,5 % del departamento. Se hizo evidente que desfinanciar a los bomberos no es una buena idea para combatir los incendios.

Como la propaganda está inscrita en el seno mismo de la política ambiental del Gobierno de Córdoba, en la urdimbre y el tejido de su funcionamiento diario, tanto los funcionarios como los medios locales difunden selectivamente la información, ignoran lo que no les conviene y cuentan medias verdades o mentiras descaradas. Así las noticias de Cañada Grande tienen el efecto reconfortante del polvo de hadas.

Pero cuando una mirada independiente se posa sobre la planta de basura, la cruda realidad sale a la luz. Tomemos por caso al ingeniero químico industrial de origen alemán, Udo Stein, que visitó las instalaciones en marzo de 2019 y dijo que “la planta ya no está funcionando”, describió la cava con algunos fardos más o menos en buen estado, otros ya rotos, abiertos, y debido a que la máquina está rota, “los camiones suben directamente al hueco y tiran”.

Lo más impactante del vertedero regional de basura es su ubicación en un curso de agua. Encontré varios documentos que lo prueban, incluso si eres de los que no leen los enlaces deberías entrar en éste. Tonelada tras tonelada, en un proceso lento y prolongado de contaminación, la basura se deposita en una cuenca activa que escurre hacia el lago Embalse, la principal reserva de agua dulce de Córdoba.