Los
medios nacionales amplificaron las noticias sobre las muertes wichís
recientes en la provincia, pero la deuda del Estado es de larga data.
¿Qué respuesta tienen las autoridades políticas para atender
demandas históricas que se pagan con la vida de las futuras
generaciones?.
por
Estefania Santoro
En
menos de un mes, en Salta, fallecieron por desnutrición seis niñxs
pertenecientes a distintas comunidades wichís. El Ministerio de
Salud Pública de Salta emitió un comunicado donde responsabiliza a
lxs madres y padres, mientras que el secretario de Servicios de
Salud, Antonio de Los Ríos, redujo la problemática a una "cuestión
cultural" y sostuvo que "esconden a los enfermos en el
monte". Sin embargo, la realidad desmiente las versiones
oficiales. La escasez de agua potable, la pobreza estructural y la
falta de acceso al sistema de salud son las verdaderas causas de
estas muertes. El genocidio indígena continúa cuando el Estado
abandona a las comunidades.
El
21 de enero, un bebé wichí de ocho meses falleció en Tartagal por
desnutrición. Murió en el hospital Juan Domingo Perón. La familia
pertenecía a la comunidad originaria de Las Vertientes, municipio de
Santa Victoria Este. Tres días después, en la sección “Noticias”
de la página oficial del Ministerio, se publicó una nota titulada
“Por consulta tardía fallece un menor wichí en Tartagal” y en
el desarrollo de la misma afirma que “la familia negó la atención
oportuna”. Misteriosamente, la nota fue eliminada de la web.
A
este comunicado se le suman los dichos del secretario de Los Ríos,
quien dejó clara su postura que denota racismo y desprecio por la
cultura de la comunidad: “En realidad no son muertes por
desnutrición, sino que la desnutrición es un componente más en el
cuadro clínico de los niños. Esto ocurre por múltiples factores
relacionados con la forma de vida de las comunidades aborígenes,
especialmente wichís, que son reacias a la atención médica”.
Pero nada dijo sobre la falta de acceso a educación, agua potable,
vivienda digna y salud. Nada dijo sobre el lugar donde viven las
familias, alejadas de todos los centros urbanos, sin ningún tipo de
contención.
La
Tierra del olvido estatal
El
último fallecimiento en menos de un mes trascendió el domingo
pasado: el niño tenía un año y 10 meses y pertenecía a la
comunidad wichí El Tráfico, cercana a Embarcación, ciudad del
departamento General José de San Martín.
Vicente
Gilberto es el presidente de la comunidad donde murió el niño y le
cuenta a Cítrica cómo sucedieron los hechos: "El bebé estaba
internado en el hospital San Roque de Embarcación y le dieron el
alta, pero no estaba curado. La mamá lo llevó a visitar a unos
familiares a la localidad Los Blancos y a los pocos días tuvieron
que volver a llevarlo al hospital porque cada vez estaba peor. Desde
Los Blancos lo trasladaron a Morio y luego de vuelta a Embarcación,
pero desgraciadamente la ambulancia tenía fallas y el bebé murió
en el camino. Tardaron demasiado y no resistió. Yo también soy
wichí y es mentira que nosotros no llevamos a nuestros niños al
hospital, ¿cómo vamos a dejar morir a nuestros hijos? El problema
es que nosotros nunca recibimos ayuda”.
Mientras
Vicente cuenta por teléfono lo sucedido, a su lado está Amalia
Pedro, la mamá del niño fallecido; tiene 20 años y el dolor de
haber perdido a su único hijo. Agradece el interés y cuenta que
para sobrevivir le pide agua a sus vecinos, porque su casa está muy
alejada de las zonas donde hay “cañerías”. Con la voz baja y
entrecortada, cuenta: "Mi hijito estuvo internado tres días, le
hicieron análisis. Me dijeron que no tenía nada y le dieron el
alta, pero él seguía débil y decaído. Estoy muy mal".
Graciela
Mendoza, presidenta de la comunidad, asegura que en su barrio hay más
niños desnutridos, en estado grave, y explica las deficiencias del
sistema de salud salteño: "Aquí siempre pasa los mismo, les
dan el alta a los chicos, pero no están curados. Internan un día al
chico, le ponen suero, nada más, y al otro día le dan el alta, o si
no te dan una receta para comprar medicamento, pero nosotros no
tenemos plata, los remedios son carísimos y no nos alcanza. El
salario universal que reciben los chicos es de dos mil pesos, no
alcanza para nada. Acá en la comunidad algunos toman agua
contaminada porque solo hay una bomba para cuatro barrios y no da
abasto. Son más de 400 familias y así se enferman los chicos”.
Después
de conocer las declaraciones del secretario de Servicios de Salud,
Graciela le responde: "Es mentira que la gente de la comunidad
no lleva a sus hijos al hospital, ninguna mamá va a querer que se
muera su hijo. Lo que pasa cuando llegan al hospital es que no hay
medicamento, le dan suero, algún calmante y los mandan a la casa.
Ahí tienen recaídas y como están con bajas defensas, por más que
coman, toman agua contaminada. Estamos muy preocupados y en una
situación de emergencia. Esperan que los chicos mueran para venir a
vernos. Hace años que no recibimos ayuda de ningún gobierno ni
provincial ni nacional".
Convivir
con la muerte
Modesto
Rojas es cacique de la comunidad wichí Fwolit, ubicada a la altura
del kilómetro 5 de la Ruta Nacional N° 86, en la localidad de
Tartagal, y coordinador zonal de la Asociación Indígena República
Argentina (AIRA). Vive cerca de las comunidades donde fallecieron
otros tres niños; uno era de la comunidad wichí La Mora 1, el otro
de Misión El Quebrachal de Ballivián, departamento de San Martín,
y el tercero de Santa Victoria, departamento de Rivadavia. Los tres
presentaban signos de malnutrición.
Semanas
atrás, entrevistado por Cítrica, Rojas contaba la situación de
extrema vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos indígenas
de Salta: "Dentro de las comunidades originarias no hay agua, no
hay comida, no hay trabajo. Nos sentimos muy abandonados por el
Estado. Hay comunidades enteras sin agua potable, están a 60
kilómetros de la ciudad de Tartagal, y hay otras que toman agua de
las represas o de las cañadas que están contaminadas con bidones de
veneno que tiran los empresarios que fumigan los campos de soja y
porotos. En vez de quemar ese veneno, lo tiran en las cañadas de
corredero de agua; eso pasa en las comunidades wichí de Guamache y
Retiro, toda esa gente está sufriendo y hay muchas familias
desocupadas. Hay mucha gente indocumentada”.
¿Cuál
es la relación del Estado con esas personas? “Yo, como dirigente,
sé que hay más de 700 personas que no tienen DNI. A veces vienen a
las comunidades autoridades de Provincia y Nación diciendo que van
hacer los documentos, pero en realidad nos entregan una constancia
que dice que está en trámite. Hay gente que tiene ese papel desde
2009 y hoy todavía están esperando su documento. Mi preocupación
más grande es qué va a pasar con toda esa gente que no tiene DNI y
por eso jamás van a recibir una ayuda social. Hay padres y madres
que no tienen documento y cuando nace otro hijo y van al registro, no
lo aceptan porque ellos también están indocumentados”.
Hubo
una cuarta muerte, el 17 de enero, como menciona la agencia de
noticias Pelota de Trapo: “La nenita tenía dos años y 8 meses.
Murió tras ser trasladada de Morillo (en Rivadavia Banda Norte) al
hospital de Orán. Tenía diarrea. Culparon a los padres”. Sí,
otra vez.
La
voz de los despachos oficiales
Entre
las muertes wichís hay que contar también a una mujer de la Misión
Santa María, departamento de Rivadavia, quien murió después de dar
a luz, debido a una infección, mientras era trasladada al hospital
de Santa Victoria Este. Pedro Lozano, cacique de la comunidad,
denunció: “En Santa Victoria no tenemos ambulancias, ni insumos
para los pacientes. En el hospital hay días que no hay médicos,
solo hay enfermeros”.
El
recién nacido fue trasladado de urgencia al hospital de Tartagal,
donde hay otros siete niños en estado de desnutrición grave. Desde
el día lunes, en reiteradas oportunidades, Cítrica intentó
comunicarse con la ministra de salud salteña, Dra Josefina Medrano
de la Serna, sin obtener respuesta. Frente a las muertes, el silencio
y el abandono, ¿cuántxs niñxs más deberán morir para que lxs
funcionarixs actúen?
El
lunes pasado, cuando las noticias provenientes del Norte ya habían
cobrado protagonismo en los medios nacionales, el gobernador salteño
Gustavo Sáenz declaró la emergencia sociosanitaria en los
departamentos de San Martín, Rivadavia y Orán para responder a las
necesidades básicas más urgentes: comida, agua potable y salud.
Desde
el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo público
encargado de velar por los derechos de las comunidades originarias,
aseguran que ya están trabajando en conjunto con las autoridades de
la provincia. Su actual directora, Magdalena Odarda, asumió el cargo
hace 20 días. Consultada por Cítrica, asegura: “El lunes vamos a
recorrer las comunidades y nos vamos a llevar los comunicados que
están elaborando los caciques de las personas que están
indocumentadas y que por eso no pueden recibir la Asignación
Universal por Hijo ni tampoco la tarjeta alimentaria. Vamos a pedirle
al ministro del Interior, Wado de Pedro, que instale unidades para
documentar de forma rápida y efectiva en las comunidades para que la
gente no tenga que movilizarse. También vamos a ir al hospital de
Tartagal; llevamos pañales, que es lo que necesitan los niños
internados, ropa y todo lo que esté a nuestro alcance. También
estamos tramitando subsidios para las familias que están con sus
hijos en el hospital”.
Desde
el INAI buscan trabajar a nivel nacional para encontrar soluciones a
las problemáticas más urgentes de Salta. Una de las propuestas que
van a acercarle al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, es
involucrar a las Universidades Nacionales, principalmente las
facultades de Medicina, “para que los médicos residentes atiendan
en las zonas críticas” y, en caso de detectar niños con problemas
complejos, “tener aviones sanitarios de todas las provincias a
disposición para trasladar al niño con su familia o a las personas
enfermas al centro de alta complejidad de las universidades”.
Con
respecto al déficit nutritivo en las comunidades wichís que no
tienen comercios donde usar la tarjeta alimentaria que promueve
Desarrollo Social, la directora del INAI propone “construir
provedurías cooperativas donde las familias puedan comprar huevos,
leche, carne y verduras producidas localmente”. Odarda sostiene que
“hay que tener una mirada especial respecto a las comunidades
indígenas, porque tienen la tasa de pobreza más alta de
Latinoamérica y han estado invisibilizadas durante mucho tiempo”.
El
genocidio indígena, que comenzó hace más de 200 años, continúa
hasta nuestros días cuando las comunidades son negadas, olvidadas y
despojadas de sus territorios y su ancestralidad. Cuando su cultura
es cuestionada con argumentos racistas que tipifican sus costumbres
como algo inferior. Cuando la expansión agroindustrial para sembrar
soja y envenenar los territorios tiene como contracara la muerte. En
pleno siglo XXI, los modos de exterminio se han sofisticado, pero
todavía siguen marcando la frontera entre quienes merecen vivir o
morir.
Fuente:
Estefania Santoro, Salta: el genocidio indígena del siglo XXI, 31 enero 2020, Revista Cítrica. Consultado 4 febrero 2020.
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