Laura
Kropff, antropóloga del CONICET.
por
Matias Ferrari
Pasaron
cuatro años en los que la represión fue la forma que priorizó el
Estado para intervenir en los conflictos por la tierra. Laura Kropff,
desde la academia, será una de las especialistas que intervendrán
en la redacción de un nuevo protocolo de acción. "La violencia
no produjo buenos resultados", refelexionó.
Laura
Kropff es doctora en antropología e investigadora del Conicet, y
lleva 20 años investigando la historia y las formas de organización
del pueblo Mapuche. El Ministerio de Seguridad, en una decisión
inédita, decidió convocarla para que aporte su perspectiva en el
marco de la elaboración de un nuevo protocolo de actuación frente a
los conflictos por la propiedad de la tierra en el norte de la
Patagonia. El convenio ya está firmado y participarán el INAI,
Ambiente y Justicia y Derechos Humanos, además de Seguridad. Por
primera vez, intervendrán académicos. En la mochila del Estado
todavía pesan la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago
Maldonado y el fusilamiento de Rafael Nahuel, y el propósito del
Gobierno es revertir la tendencia a disparar primero y preguntar
después. “Desde la ciencia podemos hacer un aporte”, dice Kropff
en diálogo con El Grito del Sur y explica que “el diálogo da
mejores resultados que la violencia, que durante los últimos cuatro
años tomó características racistas y dejó como saldo un estigma
muy profundo”.
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¿Adónde apuntará el nuevo protocolo?
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Todavía no está nada definido, pronto tendremos la primera reunión,
pero en los fundamentos del convenio ya está todo muy claro: el
nuevo protocolo estará encuadrado en el derecho indígena.
Claramente hay una propuesta totalmente distinta a la gestión
anterior. La apuesta tiene que ser anteponer siempre el diálogo por
sobre la fuerza. El diálogo da mejores resultados que la violencia,
y además el pueblo Mapuche siempre ha optado por la negociación
política con el Estado, al contrario de lo que plantea el informe
RAM de Patricia Bullrich.
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Ese informe define explícitamente a la RAM como “grupo
etnonacionalista violento” y tiene rango de convenio. ¿Tiene la
misma concepción?
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El movimiento etnonacionalista violento es el que generó ese informe
(risas). Fuera de broma, de ninguna manera eso es así. Entiendo que
pudo haber habido alguna preocupación genuina de resolver el
problema, pero esa no va a ser nunca la manera correcta. A partir de
ese informe se generó una estrategia que sólo profundizó el
conflicto, con muertos, no ha sido inteligente. El diagnóstico está
mal hecho, no se basa en una investigación real.
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¿Qué dicen las investigaciones académicas al respecto?
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Cualquiera que haya estudiado la historia del pueblo Mapuche se habrá
dado cuenta de que siempre se ha organizado a partir del diálogo con
el Estado. Así han apostado siempre a resolver los conflictos. No
por nada su organización política en Río Negro es un parlamento,
el Parlamento Mapuche. Es más, conociendo las injusticias profundas
que han padecido históricamente me sorprende que hayan mantenido esa
voluntad pacífica y no violenta. Pero si vamos a los casos
recientes, por ejemplo en Villa Mascardi, fueron las propias
comunidades las que insistieron por dialogar cuando se da el
desalojo, incluso con el aval del obispado de Bariloche. Fueron a
hablar con la fiscal. La respuesta fue la represión.
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¿El Estado tenía esa información?
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El Estado financia investigaciones que dan cuenta de esos procesos y
el gobierno anterior no los tuvo en cuenta. Además hay registros
públicos que dan cuenta de las veces que las comunidades dialogaron
con distintos organismos del Estado para llegar a un entendimiento.
Nuestras investigaciones en ese sentido están ahí, son públicas, y
son recursos de los argentinos los que se usan para generar esa
información.
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¿Qué cree que llevó a los gobiernos de Río Negro, Neuquén y
Chubut a firmar ese convenio con Bullrich?
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Creo que desde los 90 hay una conciencia creciente de poner en
discusión la propiedad de la tierra como recurso. Hubo una muy
importante movilización en el Bolsón en 2017 por ese tema, contra
uno de los principales terratenientes como es Joseph Lewis, compuesta
por un colectivo muy heterogéneo. Yo, de hecho, marché en la
columna de la diversidad sexual. Los sectores de mayores recursos se
pusieron nerviosos. En Río Negro, el territorio que mejor conozco,
se conformó entre 2012 y 2015 una comisión investigadora de la
Legislatura local que encontró expedientes de tierras mal vendidas
por parte del Estado a los privados, que molestó incluso a la
Sociedad Rural. Creo que lo que se vio fue una necesidad de
disciplinamiento, y para eso estigmatizaron a un núcleo pequeño
dentro de la lucha para perseguir a todos. Y en parte lo lograron,
porque desde entonces las marchas se apaciguaron.
Fuente:
Matias Ferrari, «El Estado debe reconocer el genocidio sobre el pueblo Mapuche», 2 marzo 2020, El Grito del Sur. Consultado 6 marzo 2020.
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