viernes, 6 de marzo de 2020

«El Estado debe reconocer el genocidio sobre el pueblo Mapuche»

Laura Kropff, antropóloga del CONICET.

por Matias Ferrari

Pasaron cuatro años en los que la represión fue la forma que priorizó el Estado para intervenir en los conflictos por la tierra. Laura Kropff, desde la academia, será una de las especialistas que intervendrán en la redacción de un nuevo protocolo de acción. "La violencia no produjo buenos resultados", refelexionó.

Laura Kropff es doctora en antropología e investigadora del Conicet, y lleva 20 años investigando la historia y las formas de organización del pueblo Mapuche. El Ministerio de Seguridad, en una decisión inédita, decidió convocarla para que aporte su perspectiva en el marco de la elaboración de un nuevo protocolo de actuación frente a los conflictos por la propiedad de la tierra en el norte de la Patagonia. El convenio ya está firmado y participarán el INAI, Ambiente y Justicia y Derechos Humanos, además de Seguridad. Por primera vez, intervendrán académicos. En la mochila del Estado todavía pesan la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento de Rafael Nahuel, y el propósito del Gobierno es revertir la tendencia a disparar primero y preguntar después. “Desde la ciencia podemos hacer un aporte”, dice Kropff en diálogo con El Grito del Sur y explica que “el diálogo da mejores resultados que la violencia, que durante los últimos cuatro años tomó características racistas y dejó como saldo un estigma muy profundo”.

- ¿Adónde apuntará el nuevo protocolo?

- Todavía no está nada definido, pronto tendremos la primera reunión, pero en los fundamentos del convenio ya está todo muy claro: el nuevo protocolo estará encuadrado en el derecho indígena. Claramente hay una propuesta totalmente distinta a la gestión anterior. La apuesta tiene que ser anteponer siempre el diálogo por sobre la fuerza. El diálogo da mejores resultados que la violencia, y además el pueblo Mapuche siempre ha optado por la negociación política con el Estado, al contrario de lo que plantea el informe RAM de Patricia Bullrich.

- Ese informe define explícitamente a la RAM como “grupo etnonacionalista violento” y tiene rango de convenio. ¿Tiene la misma concepción?

- El movimiento etnonacionalista violento es el que generó ese informe (risas). Fuera de broma, de ninguna manera eso es así. Entiendo que pudo haber habido alguna preocupación genuina de resolver el problema, pero esa no va a ser nunca la manera correcta. A partir de ese informe se generó una estrategia que sólo profundizó el conflicto, con muertos, no ha sido inteligente. El diagnóstico está mal hecho, no se basa en una investigación real.

- ¿Qué dicen las investigaciones académicas al respecto?

- Cualquiera que haya estudiado la historia del pueblo Mapuche se habrá dado cuenta de que siempre se ha organizado a partir del diálogo con el Estado. Así han apostado siempre a resolver los conflictos. No por nada su organización política en Río Negro es un parlamento, el Parlamento Mapuche. Es más, conociendo las injusticias profundas que han padecido históricamente me sorprende que hayan mantenido esa voluntad pacífica y no violenta. Pero si vamos a los casos recientes, por ejemplo en Villa Mascardi, fueron las propias comunidades las que insistieron por dialogar cuando se da el desalojo, incluso con el aval del obispado de Bariloche. Fueron a hablar con la fiscal. La respuesta fue la represión.

- ¿El Estado tenía esa información?

- El Estado financia investigaciones que dan cuenta de esos procesos y el gobierno anterior no los tuvo en cuenta. Además hay registros públicos que dan cuenta de las veces que las comunidades dialogaron con distintos organismos del Estado para llegar a un entendimiento. Nuestras investigaciones en ese sentido están ahí, son públicas, y son recursos de los argentinos los que se usan para generar esa información.

- ¿Qué cree que llevó a los gobiernos de Río Negro, Neuquén y Chubut a firmar ese convenio con Bullrich?

- Creo que desde los 90 hay una conciencia creciente de poner en discusión la propiedad de la tierra como recurso. Hubo una muy importante movilización en el Bolsón en 2017 por ese tema, contra uno de los principales terratenientes como es Joseph Lewis, compuesta por un colectivo muy heterogéneo. Yo, de hecho, marché en la columna de la diversidad sexual. Los sectores de mayores recursos se pusieron nerviosos. En Río Negro, el territorio que mejor conozco, se conformó entre 2012 y 2015 una comisión investigadora de la Legislatura local que encontró expedientes de tierras mal vendidas por parte del Estado a los privados, que molestó incluso a la Sociedad Rural. Creo que lo que se vio fue una necesidad de disciplinamiento, y para eso estigmatizaron a un núcleo pequeño dentro de la lucha para perseguir a todos. Y en parte lo lograron, porque desde entonces las marchas se apaciguaron.

Fuente:
Matias Ferrari, «El Estado debe reconocer el genocidio sobre el pueblo Mapuche», 2 marzo 2020, El Grito del Sur. Consultado 6 marzo 2020.

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