Los
pueblos originarios esperan respuestas. La presidenta del INAI
recorrió comunidades originarias y escuchó las demandas. Dijo que
sumando esfuerzos de Provincia, Nación y las Organizaciones será
posible llevar soluciones.
La
presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena
Odarda, estuvo en Salta Capital, Tartagal, Santa Victoria Este y
Embarcación. Recorrió los territorios y se encontró con referentes
de pueblos originarios que le hicieron conocer sus problemáticas y
demandas vinculadas a la salud, a la educación, al territorio, al
medio ambiente y al trabajo. La funcionaria dijo que Salta es
prioridad y que las medidas que se tomen deben ser urgentes. Ahora en
las comunidades esperan que las soluciones lleguen.
“Estamos
viendo con nuestros propios ojos las necesidades de la gente”,
sostuvo la funcionaria a Salta/12. Evaluó que no se requieren obras
multimillonarias para mejorar la calidad de vida de las comunidades
originarias y que son posibles si se suman los esfuerzos de la
Provincia, Nación y las organizaciones. Consideró que la puesta en
funcionamiento de la emergencia es urgente, "no debería haber
burocracia. Queremos trabajar en conjunto. Señalar la situación
especifica de cada familia que está con riesgo por falta de
alimentación y deshidratación", afirmó.
Salud
Odarda
especificó que en Tartagal se reunió con alrededor de 100 caciques
en asamblea acompañados por más integrantes de las comunidades. Las
demandas giraron en torno a la falta de médicos. En el Hospital no
hay una terapia intensiva pediátrica. La funcionaria fue al
nosocomio y llevó pañales a pedido de la referente indígena
Octorina Zamora, quien colabora con un grupo de voluntarios con las
familias de los niños y las niñas wichis en internación por
desnutrición. El hospital "tiene la complejidad requerida pero
faltan profesionales y especialistas", manifestó Odarda.
También sostuvo que le presentaron a 3 intérpretes bilingues que ya
están trabajando en el lugar aunque le dijeron que hay 5.
En
una reunión posterior, el jueves en Salta, la Unión de Pueblos de
la Nación Diaguita le manifestó a Odarda la necesidad de un
albergue sanitario en Tartagal para las familias que acompañan a las
personas derivadas a la institución. Además los referentes de la
UPND, Ulises Yanes y David Pastrana, le plantearon la problemática
de la falta de reglamentación de la Ley 7856 que prevé la
conformación de la Red de Apoyo Sanitario Intercultural e
Interinstitucional para Pueblos Originarios Sumaj Kausai (Buen
Vivir)”. Esa legislación ya fue aprobada, sancionada en noviembre
del 2014 y promulgada por la Provincia en diciembre de ese año.
Ahora, la UPDN reclama la reglamentación y efectivo cumplimiento.
Odarda
consideró que se puede convocar a médicos y médicas de todo el
país para que hagan las residencias en Salta (aunque precisamente
residentes en la Provincia vienen reclamando que el gobierno les
recortó el transporte para viajar a los hospitales y centros de
salud del interior). La presidenta del INAI sugirió que las
universidades públicas deben colaborar con Salta ante esta
emergencia.
La
ministra de desarrollo social de la provincia, Verónica Figueroa
estimó que para cubrir las zonas críticas se necesitan 25 médicos,
indicó Odarda.
Proveeduría
mixta
Odarda
precisó que con la encargada del Consejo Federal de Políticas
Sociales, Victoria Tolosa Paz, y con la ministra de desarrollo
social provincial, Figueroa, dialogaron sobre la posibilidad de
implementar proveedurías mixtas. Serían espacios de compra venta
gerenciados por el Estado con participación de las comunidades
originarias dónde éstas podrían adquirir productos alimenticios y
a la vez vender lo que producen.
Odarda
dijo que Tolosa Paz estudia la forma de poner en marcha una prueba
piloto de esas proveedurías mixtas en alguna comunidad. La propuesta
surgió ante la necesidad de implementar una modalidad específica
con cosmovisión indígena del Plan Argentina Contra el Hambre para
que las comunidades alejadas a los centros urbanos puedan recibir y
hacer uso de las tarjetas alimentarias.
“Nos
interesa que en esas proveedurías se pueda vender lo que las
comunidades producen, incluso las artesanías, carne, huevo,
alimentos frescos que los módulos no traen”, sostuvo la
funcionaria. Vieron factible la implementación de las proveedurías
en las escuelas y los centros sanitarios que cuentan con internet y
allí será posible colocar posnets para el cobro con la tarjeta.
“La
gente quiere tener soberanía alimentaria, decidir qué comprar y
cuánto. Estamos buscando la vuelta para que las personas de zonas
alejadas puedan adquirir alimentos”, sostuvo.
“El
Plan Argentina Contra el Hambre entiende que tiene que tener una
mirada indígena distinta al resto”, afirmó Odarda. Dijo que la
mayor tasa de pobreza es de las comunidades indígenas y éstas están
alejadas de los centros urbanos.
Por
ahora, la funcionaria nacional aseguró que se entregarán bolsones
en las comunidades de las zonas rurales lejanas.
Se
necesitan pozos de agua
El
agua es una de las principales demandas de las comunidades
originarias de Salta. Odarda explicó que se requieren 16 pozos de
agua para solucionar la falta de este recurso. Detalló que fueron
relevando las necesidades y van a entregar un listado a la Provincia.
“Hay que trabajar de forma inmediata”, sostuvo la funcionaria.
“Se
hablaba de dos pozos de agua (por parte de la Provincia). La demanda
es de alrededor de 16 pozos de agua. Hablamos con las comunidades,
tenemos un listado estimativo”.
Odarda
indicó que quienes tienen acceso a colectar agua lo están haciendo
en recipientes que han tenido agroquímicos. Ante esto la ministra de
desarrollo social de la Provincia se comprometió a mandar cuencos
para que “no usen bidones sucios y contaminados”.
Niñez
con discapacidad
Odarda
contó que envió pedidos de ayuda urgente para un niño de dos años
con discapacidad que está bajando de peso. Dijo que el nene vive a 6
kilómetros de Santa victoria Este y tiene síndrome de Down (no
recordaba el nombre de la comunidad). “El abuelo pide que lo
asistan y si hay que internarlo que lo internen, con la familia.
Desde el hospital se le dijo que tiene que vivir en una vivienda
apta”, sostuvo Odarda. La funcionaria relató que fueron con el
intendente Rogelio Nerón hasta la casa familiar por pedido del
abuelo y se encontraron con que en el lugar hay vinchucas por lo que
el niño y su familia están en riesgo de padecer mal de chagas, la
vivienda es precaria de piso de tierra, techo de paja.
“Presentamos
al Ministerio de Salud de la Provincia y al de la Nación el caso
para que lo asistan de forma inmediata”, afirmó.
Odarda
dijo que estuvo hablando con la ministra de Desarrollo Territorial y
Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa para solicitarle que
vuelvan a construirse viviendas indígenas “sobre todo para los
casos más graves". "Necesitan además de viviendas dignas,
adecuadas a su forma de vida" donde se respete su cosmovisión
y costumbres, sostuvo.
También
la funcionaria expuso que fueron a ver a una niña con discapacidad
que se encuentra en silla de ruedas, de la comunidad wichi Las
Vertientes, cerca de Paraguay. “No cobra más un ingreso por
discapacidad, durante el gobierno anterior lo perdió. Trajimos los
recibos, ella tiene 8 o 9 años. El abuelo nos llevó a ver a la
nieta y pidió ayuda”, afirmó.
Territorio
Odarda
sostuvo que están en condiciones de entregar 70 carpetas técnicas
del relevamiento territorial en las comunidades de Salta. Y dijo que
esperan renovar convenios vencidos en la provincia. Además anunció
que están trabajando en un protocolo "para hacer entrega de
títulos comunitarios que es una deuda que tiene el Estado". En
los años del macrismo afirmó que se "avanzó muy poco".
Los
pueblos indígenas siguen reclamando el derecho al territorio.
"Muchas comunidades han sido expulsadas por la deforestación,
la crecida de los ríos, no hay obras públicas para detener la
crecida, han sido desterrados", expresó.
Odarda
dijo que volverá a funcionar el programa de fortalecimiento de las
comunidades con abogados que puedan ejercer el derecho a la defensa,
"no solo en juicio en causas penales, sino en cumplimiento del
convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de la Ley 26.160 que detiene los desalojos".
Demandas
en Embarcación
En
Embarcación se conformó la Organización La Nueva Integridad que
reclamó la presencia de la presidenta del INAI. El jueves Odarda se
reunió allí con 34 comunidades de los pueblos: wichi, guaraní,
toba y weenhayek. Los y las referentes plantearon la necesidad de
becas para estudiantes que puedan contribuir a evitar la deserción.
Respecto a las becas solicitaron "que se transparente la
distribución, que se amplíen y tengan control de representantes
indígenas". También reclaman educación intercultural
bilingüe.
Las
comunidades quieren desarrollar proyectos productivos relacionados
con la agricultura que caracterizaba a sus ancestros pero el cambio
climático y la falta de agua han hecho imposible tal desarrollo,
señaló Odarda. Otro pedido de las comunidades apunta a "la
necesidad de que el Estado ayude en la comercialización de las
artesanías". Por esto, Odarda dijo que habló con el Ministro
de Cultura, Tristan Bauer, para que desde la cartera pueda generar
proyectos con el tema. Odarda también precisó que hay comunidades
que tienen cooperativas de servicios y consideró que deben tener
prioridades en planes de obras públicas.
El
vicepresidente de la organización La Nueva Integridad, Mario Molina,
sostuvo que están siendo afectados por los agroquímicos que se
usan en la zona y que en su comunidad Misión La Esperanza hay una
niña de 6 años, otro niño de 3 años y una bebé de un año, con
malformaciones. El referente denunció que no tienen ni salita de
primeros auxilios ni escuelas en su comunidad y que las más cercanas
quedan en Padre Lozano a 4 kilómetros.
"Todas
las comunidades están pasando por los mismos problemas. Planteamos
el tema del IPPIS (que está intervenido). Tenemos turno para médicos
y no podemos ir porque no tenemos pasajes. La municipalidad tampoco
tiene en el área de Desarrollo Social, conversé con el intendente
Carlos Funes y me dijo que no hay nada", manifestó Molina.
Quiere que todas instituciones "en el hospital o en los
municipios" tengan intérpretes y representantes indígenas.
Molina
dijo que hay niños con bajo peso, y les entregaron módulos
alimentarios con "mercaderías viejas, algunos alimentos están
bien". Demanda una audiencia también con el gobernador Gustavo
Sáenz y planteó que el intendente no les ayuda "está
borrado". Expresó que se sienten marginados y discriminados.
"Queremos
tener acceso a planes para trabajar la agricultura, criadero de
cerdos, ladrillera porque necesitamos para nuestro hogar. Nuestros
hogares son bastante precarios. Las viviendas son de techo de nylon,
de adobe, de barro", manifestó Molina.
Fuente:
Odarda: "En Salta la aplicación de la emergencia es urgente", 10 febrero 2020, Página/12. Consutado 11 febrero 2020.
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