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| Viviendas destrozadas en Unquillo el 15 de febrero de 2015. Fue tomada por el fotógrafo J. Stepanoff para La Voz del Interior y se convirtió en un ícono de las inundaciones catastróficas en las Sierras Chicas, que ocasionaron 8 muertos y cuantiosos daños materiales. |
A cuatro años de las inundaciones que dejaron 9 muertos, 2 mil viviendas afectadas y millonarios daños económicos en comercios e industrias, funcionarios municipales y provinciales siguen aprobando urbanizaciones que arrasan con bosque nativo categorizado de máxima conservación por leyes provinciales y nacionales, indispensables para absorber el agua. Vecinos de Candonga se movilizarán a Tribunales para reclamar el juicio de Raúl Costa, ex secretario de Ambiente acusado por la Fiscalía Anticorrupción por aprobar un loteo en esa zona, y ampliar las denuncias contra un gerente del Ersep, el ministro López y el actual secretario ambiental, Javier Britch. En tanto, en Unquillo, se manifestarán por la reciente aprobación del loteo El Montecito.
por Camilo Ratti
El 15 de febrero
de 2015 llovieron más de 200 milímetros a lo largo de 22 horas en
toda la zona de Sierras Chicas, provocando una catástrofe ambiental
y humanitaria que terminó con la vida de 9 personas, 2 mil viviendas
afectadas, millonarios daños económicos en comercios de Río
Ceballos, Unquillo, Mendiolaza y Villa Allende, además de la
destrucción de calles, rutas, puentes, vados y alumbrado público.
Para los expertos
ambientales, la falta de un ordenamiento territorial que regule y
planifique la urbanización de la segunda región en el país que más
creció poblacionalmente en los últimos 30 años, dio vía libre a
una política de desmonte por parte de desarrollistas privados que
arrasó con el 90 % de bosque nativo del corredor de Sierras Chicas
que va desde Villa Allende-Saldán-La Calera hasta Ascochinga,
pasando por Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos, Salsipuedes, Agua de
Oro y La Granja.
De 39 mil
habitantes que había en la década de 1970 se pasó a más de 140
mil en 2010, cuando se realizó el último censo nacional, cifra que
se multiplicará cuando se realice el próximo en 2020. Sin embargo,
aquel drama que hace cuatro años conmovió al país puede volver a
pasar si los gobiernos municipales y la Provincia siguen habilitando
loteos en zonas que la ley provincial 9814 y nacional 26331
clasifican como Zona Roja, categoría 1 de máxima conservación. Lo
que quiere decir que no se puede cambiar el uso del suelo para
aprobar urbanizaciones, sólo permitidas en zonas de categoría verde
o III.
Uno de esos casos
emblemáticos es el que denuncia la Asamblea de Vecinos de Chavascate
por lo que ocurre en Candonga. En esa zona, la empresa Ticupil S.A
puso en marcha en 2010 un emprendimiento para construir 370 viviendas
en la cuenta alta del Río Chavascate, que provee de agua a Agua de
Oro, El Manzano y Cerro Azul. A través de la resolución 1200, el
entonces secretario de Ambiente de la Provincia, Raúl Costa,
autorizó un proyecto que pasa al costado de la capilla de Candonga,
declarada Monumento Nacional, violando también la legislación que
protege este tipo de construcciones históricas.
Además, la
Asamblea presentó un amparo en la justicia porque el emprendimiento
está dentro de la zona roja protegida por ley 9814 y por ley 26.331,
donde no se puede modificar el uso del suelo. Incluso la Ley General
del Ambiente de Córdoba (10208) establece que cualquier
emprendimiento de más de 3 hectáreas -aunque no esté dentro de la
Zona Roja-, necesita Estudio de Impacto Ambiental y Audiencia
Pública, “algo que nunca se hizo y se le dio a la empresa licencia
ambiental”, explica a este portal Juan Smith, uno de los abogados
de la Asamblea.
Como el juez
Sartori de Jesús María rechazó el amparo, los vecinos apelaron y
la Cámara Cuarta de Apelación dijo que solo podían hacerse obras
de conservación y no de ejecución del Emprendimiento. Hoy ese
expediente está suspendido por los próximos seis meses, luego de
que la Cámara le corriera vista a la fiscal el pasado 10 de
diciembre.
En paralelo, los
vecinos denunciaron penalmente a Costa en el 2013 por “Incumplimiento
de Deberes de Funcionario”. El fiscal en lo Penal y Económico,
Matías Bornancini, lo imputó por Abuso de Autoridad y pidió la
elevación a juicio del funcionario el 30 de agosto del 2018. Los
argumentos fueron que la autorización a Ticupil no respetaba
“presupuestos mínimos de protección referidas y de la ley
provincial 9814”, que prohíbe el desmonte en el área que “en el
Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo Provincial hubiere sido
categorizada como roja (ó categoría I)”.
Para el fiscal,
la conversión a otros usos del suelo y el consiguiente reemplazo del
bosque nativo por otro tipo de ambiente “sólo podía permitirse en
las áreas categorizadas como zona verde o categoría III, sin que
correspondiera a la empresa proponente ni a la autoridad de
aplicación, modificar la categorización efectuada por el régimen
protectorio”. Además, la autoridad de aplicación -Secretaría de
Ambiente- “no convocó a la Audiencia Pública a pesar de estar
expresamente prevista y de ser obligatoria, además de no haber
tenido en cuenta que es zona roja”.
Este pedido de
juicio se encuentra a disposición del Juez de Control Díaz Reyna,
quien hasta el momento no se expidió.
¿El Ersep, para
quién juega?
En contra de las
propias leyes provinciales, en enero de 2017 la gerencia de Energía
del Ente Regulador de los Servicios Públicos, a cargo de Christian
Miotti, dictó las Resoluciones 57/2017 y 58/2017, que autorizaron
las obras de energía para el loteo de Ticupil S.A. y otra de Junta
de los Río S.A. Los vecinos presentaron un nuevo amparo contra el
Ersep, que cayó en la Cámara Contencioso Administrativo de Primera
Nominación.
A través de una
medida cautelar, la justicia frenó las obras de energía porque, al
igual que en el caso del loteo, se avanzaba sobre zona roja protegida
por la legislación provincial y nacional, porque no se realizaron ni
Estudio de Impacto Ambiental ni Audiencia Pública. Además, el
cableado pasaba a metros de la Capilla Nuestra Señora del Rosario de
Candonga, que es Monumento Histórico Nacional. Ese soterramiento
viola la Ley General de Ambiente de la Provincia que establece que
cualquier obra que se haga en lugares donde existan monumentos
históricos nacionales debe, obligatoriamente, hacerse Estudio de
Impacto Ambiental con Audiencia Pública.
Ticupil pidió el
levantamiento de la medida cautelar y la Cámara se la concedió. Los
vecinos volvieron a apelar y la justicia falló a su favor, pero sin
efectos suspensivos. Al oponerse a una medida que no frenaba las
obras, la apelación está hoy en el Tribunal Superior de Justicia,
que deber resolver el caso.
La Asamblea envió
además cartas documentos y otros escritos al ministro de Servicios
Públicos y Ambiente provincial, Fabián López y al actual
Secretario de Ambiente, Javier Britch, intimándolos a que dicten la
caducidad de las resoluciones y ordenen administrativamente paralizar
las obras civiles.
Como nunca
obtuvieron respuesta, los vecinos se presentarán este viernes 15 de
febrero en Tribunales II para ampliar la denuncia penal que le
hicieran a Miotti, sumando a la fiscalía la documentación enviada y
nunca contestada por López y Britch, además de reclamar el avance
del juicio contra Costa, el ex secretario de Ambiente provincial que
en 2010 autorizó el loteo de Ticupil en Candonga.
Unquillo, en
alerta y movilización
A pesar del
masivo rechazo expresado por la comunidad en la Audiencia Pública
realizada en septiembre pasado contra el proyecto El Montecito, la
Municipalidad de Unquillo sigue sin retirar la prefactibilidad de un
loteo de más de casi 700 terrenos en un predio de 125 hectáreas, de
las cuales 91,5 están protegidas como Zona Roja la ley de
Ordenamiento Territorial 9814, incluidas en el mapa satelital
elaborado por técnicos de la Secretaría de Ambiente de Córdoba.
A fines de
diciembre, el proyecto inmobiliario Urbanización El Montecito, que
desarrollaría el fideicomiso El Cigarral en caso de ser finalmente
aprobado, obtuvo la licencia ambiental de la Secretaría de Ambiente
provincial y sólo necesita la factibilidad definitiva de las
autoridades de Unquillo para arrancar las obras. El mismo implicaría
el desmonte de 70 hectáreas, contiguas a los barrios de Unquillo y
Mendiolaza más afectados por las inundaciones de 2015: El Cigarral,
Km 16 y Fonavi.
El argumento de
la empresa, avalado por el gobierno de Unquillo y la Provincia, es
que se urbanizarían 70 hectáreas, dejando otras 55 como reserva
verde que “conservarían la mejor parte del bosque”. La Asamblea
del Monte de Unquillo resiste esa decisión y le reclama al
intendente Fabrissín que cumpla con lo que había dicho en la
campaña electoral: que no iba a aprobar el loteo si éste era
“ilegal”. La letra de las leyes ambientales de Córdoba y de la
Nación son clarísimas y contundentes al respecto.
“El loteo es
ilegal puesto que se emplaza, en su mayor parte, en bosque nativo con
Categoría de Protección I, es decir, Zona Roja. Según consta en un
informe de 2014 incluido en el expediente del loteo en la Secretaría
de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, 91,5 hectáreas de
las 125 que comprende el predio corresponden a Zona Roja de acuerdo
al mapa de la Ley 9814, que establece en esa zona no se puede
autorizar el cambio de uso de suelo, no está permitido construir ni
desmontar”, explica a este portal Cecilia Michelazo, integrante de
la Asamblea del Monte de Unquillo, que convoca para este viernes a un
festival para recordar las inundaciones del 2015 y resistir este
proyecto de urbanización.
Para que se
apruebe el proyecto, la empresa utiliza otro mapa, donde solo 55 de
las 125 hectáreas corresponden a zona roja. Las demás están
extrañamente clasificadas “sin cobertura de bosque”. “Esa
documentación contraría lo que dice la ley, las vistas satelitales,
el relevamiento del terreno y de la vegetación encargado por la
misma empresa en 2011 y que forma parte del expediente”, responden
desde la Asamblea.
Además de que
impermeabilizaría terrenos en pendientes que necesitan bosque para
absorber agua de lluvia que nutre la cuenca y amortiguar las
correntadas ante posibles inundaciones, el loteo también implicaría
modificar códigos de edificación porque los terrenos serían
menores a los permitidos en Unquillo y habilitaría la figura de
barrio cerrado o privado, algo que no están permitido porque no
contribuye a “un desarrollo equilibrado y socialmente integrado”.
Justicia ya
Luego de la
Audiencia Pública donde una mayoría abrumadora de la comunidad
local se manifestó en contra de la avanzada empresaria (los
desarrollistas se anotaron, cuando es una instancia para que se
exprese la población afectada), en septiembre pasado los vecinos
denunciaron penalmente en la Fiscalía Anticorrupción al Ingeniero
Santiago Gerardo Martínez por los delitos de abuso de autoridad e
incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que como
Jefe del Área Bosques de la Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático de la Provincia de Córdoba, emitió dictámenes técnicos
favorables al proyecto inmobiliario “El Montecito”, concluyendo
que desde su área no veía impedimento en que se realizara, puesto
que preservaba “gran parte del bosque”.
El 8 de octubre
ampliaron la denuncia al actual Intendente de Unquillo, Jorge
Fabrissin, a su antecesor, Germán Jalil, a 6 concejales actuales y
dos ex concejales, por los mismos delitos, por otorgar
prefactibilidad de localización al proyecto inmobiliario en clara
infracción a la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos,
9814 y la Ley Nacional 26331.
“Dada la
ilegalidad sumada a la ilegitimidad de este proyecto, y al daño que
ocasionaría a la población, la Asamblea del Monte de Unquillo está
reclamando al Ejecutivo y al Concejo Deliberante de Unquillo que
retiren la prefactibilidad otorgada en 2016 y archiven
definitivamente este proyecto”, reclaman los vecinos.
Depredadores
seriales
Otro caso
paradigmático de desprecio por el bosque nativo y el ecosistema fue
el emprendimiento en Mendiolaza de El Terrón, de la poderosa e
influyente familia Tagle. Un loteo gigantesco con cancha de golf
incluida en una zona con gravísimos problemas de agua potable. A
pesar de ello, la Secretaría de Ambiente aprobó en 2013 la primera
etapa a condición de un estricto cumplimiento de un plan de
reforestación del proyecto.
Tres años
después la Policía Ambiental constató el desmonte de áreas no
autorizadas y el movimiento de suelo para la segunda etapa de El
Terrón, además del incumplimiento del plan de reforestación
propuesto en 2013. A raíz de esto, se clausuró la segunda etapa y
se caratuló de infractores forestales a las hermanas Etienot y al
mismo Tagle, al que exigieron un nuevo plan de reforestación. Algo
que no ocurrió: Policía Ambiental constató su incumplimiento, y en
2017 labró un acta en el que determina que dicho plan no ha
comenzado.
La respuesta de
la Secretaría de Ambiente fue exigirle un nuevo plan de
reforestación y remediación para la etapa clausurada y la
permitida, en tanto se le exigió la restauración para la primera
etapa. En tanto, hay una causa judicial abierta por un amparo
presentado en noviembre del 2017 por la Asociaicón Civil Mendiolaza
Viva, en la que un grupo de vecinos piden la suspensión inmediata de
obras, el análisis de la aprobación de la Evaluación de Impacto
Ambiental, y la reparación de los daños ambientales producidos.
Reclamo que hasta el momento no ha sido contestado por la justicia.
Aunque una parte
importante del daño ya está hecho porque hace décadas que toda la
zona de Sierras Chicas creció sin planificación estatal, poner un
freno al negocio inmobiliario es urgente. “No se debe lotear más,
lo que ya está hecho es difícil volver atrás, pero hay que luchar
para frenar estos emprendimientos, sobre todo los que están en las
partes altas de la montaña, donde nacen las cuencas, como el de
Candonga, El Montecito. Y la manera de hacerlo es con la comunidad
movilizada y organizada en el territorio”, advierte Sergio
Chiavazza, ingeniero agrónomo que integra un equipo de investigación
del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la UNC, que viene estudiando desde el 2008 la
problemática de Sierras Chicas.
En una provincia
que sólo conserva el 3% del bosque nativo que tenía hace un siglo,
Municipios, Provincia y el Poder Judicial sólo tienen que hacer
cumplir las leyes que lo protegen de la voracidad empresaria. Y
rogar, claro, que no vuelva a llover como en el 2015.
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