Los
peligros de la energía nuclear, desde la minería hasta los residuos
pasando por las centrales, supone una inasumible herencia para las
generaciones futuras. En el caso de Portugal, la falta de gestión de
antiguas minas de uranio conduce a serios problemas para la salud y
seguridad de las zonas circundantes.
por
Nuno Sequeira
Este
artículo viene de la primera parte.
En
Quercus, la asociación portuguesa que ha seguido más de cerca el
problema nuclear, y en especial la central de Almaraz y sus núcleos
regionales más cercanos, como Castelo Branco y Portalegre, y por los
motivos ya enumerados, nos hemos unidos a las exigencias de
organizaciones nacionales y europeas de poner fin a la nuclear,
especialmente a Almaraz. Esta central, localizada a unos 100
kilómetros de la frontera y junto al río Tajo, sigue siendo un
peligro en potencial para la región transfronteriza e ibérica, dado
que ya ha sobrepasado su periodo normal de funcionamiento y, no
obstante, ha visto su actividad extendida por 10 años más, hasta
2020. A pesar de todos los incidentes que han ocurrido en esta
central, y de su larga vida (ya casi 40 años), el conjunto de
empresas que la explotan pretenden, con la connivencia del gobierno
español, prolongar aún más su funcionamiento, hasta el 2030 por lo
menos. Esto es inaceptable.
Después
de que el ejecutivo español se haya mostrado favorable al proyecto
presentado por Iberdrola, Endesa y Naturgy, las propietarias de
Almaraz, de construir un Almacén Temporal Individualizado (ATI) para
los residuos nucleares que esta produzca. Asimismo, el gobierno puede
autorizar, o desautorizar, que la central continúe funcionando, lo
que haría de Almaraz uno de los mayores peligros para toda la
Península Ibérica y para Europa. Es un hecho la pasividad de los
distintos gobiernos portugueses con este asunto en el pasado, y
resulta crucial que los gobernantes actuales se muestren firmes en su
defensa de los intereses nacionales junto con España, afirmando
claramente que Portugal debe ser consultado sobre todo lo que tenga
que ver con Almaraz. Y, en especial, que digan de forma inequívoca
que nuestro país no quiere que la central siga funcionando más allá
del 2020 y que debe ser cerrada, a más tardar, en dicha fecha.
Más
recientemente, y también en España, surgió en Retortillo, a apenas
40 kilómetros de la frontera, un proyecto de apertura de una mina de
uranio a cielo abierto, que supondría un serio riesgo para el
medioambiente y las poblaciones peninsulares. A semejanza del caso
reciente del ATI de Almaraz, una vez más el gobierno español ignoró
las quejas del gobierno y pueblo portugueses. Es pues necesario que
el proyecto de Retortillo sea suspendido y se realice una evaluación
del impacto ambiental transfronterizo que proteja los derechos de los
ciudadanos de Portugal y España, y que finalmente el gobierno
español no autorice la explotación de la mina.
No
hay duda de que estas posiciones están legitimadas por todo el apoyo
por parte de la ciudadanía portuguesa, como demuestra su alta
movilización. Es cierto que se trata de una población concienciada
acerca de los problemas medioambientales, y resulta fundamental que
siga siendo proactiva en la defensa de los recursos naturales. Solo
así conseguiremos ser fuertes en nuestra exigencia del cierre de las
centrales nucleares, por todos los riesgos que estas suponen. De esta
forma, no se dará opción alguna a la fisión nuclear, contrario al
principio de precaución y que no significa una auténtica solución
energética de futuro, dados sus impactos medioambientales y sobre
las cualidades de vida de la población global.
Traducción
de Raúl Sánchez Saura.
Nuno
Sequeira, Quercus y MIA Portugal
Fuente:
De minas y posibles accidentes: impactos ambientales del ciclo nuclear en Portugal II, 15 julio 2019, El Salto Diario. Consultado 23 julio 2019.
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