Un fallo judicial de Entre Ríos limitó la fumigación cerca de las escuelas y fue criticado por el presidente de la Nación.
por Damián
Verzeñassi
En nuestro país,
el trabajo es un derecho, y es obligación del Estado garantizarlo.
En nuestro país,
la salud es un derecho, y es obligación del Estado garantizarlo.
En nuestro país,
el ambiente sano es un derecho, y es obligación del Estado
garantizarlo.
Lo dice nuestra
Constitución Nacional.
Lo dicen los
tratados internacionales (que en Argentina tienen rango
Constitucional).
Lo dice la ONU en
sus Observaciones sobre los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de Argentina, en octubre de 2018, cuando recomienda al
Estado argentino que "adopte un marco regulatorio que incluya la
aplicación del principio de precaución en cuanto al uso de
pesticidas y herbicidas dañinos, en particular los que incluyen
glifosato, para prevenir los impactos negativos en la salud por su
uso y en la degradación del medio ambiente".
Lo dicen también
los jueces que en la provincia de Entre Ríos, ya en dos ocasiones,
fallaron a favor del cuidado de la salud y la vida de los niños,
niñas y docentes de las escuelas rurales de esa provincia.
Estamos
transitando un tiempo que tiene como particularidad que toda la
información científica para saber hacia donde estamos yendo, está
no solo disponible, sino al alcance de la mano.
En Estados
Unidos, desde mediados del año pasado hasta hoy, ya han habido tres
condenas contra la empresa Monsanto/Bayer, en los que se la declaró
culpable por fallar en la advertencia del peligro cancerígeno del
Roundup, por negligencia en su accionar, y por defecto en el diseño
del mismo. La justicia de ese país, demostró con documentos propios
de la empresa, que ese producto (el mas usado en la Argentina), está
asociado con el riesgo de desarrollar linfomas no hodgkin,
disrupciones endócrinas, entre otras afecciones.
Como desnudan los
#MonsantoPapers (documentos secretos de la empresa Monsanto que
fueron expuestos a partir de la decisión de la Justicia
norteamericana, traducidos al español por el equipo de periodistas
argentinos integrado por Anabel Pomar) está demostrado ya que,
"entre 1980 y 2012, Monsanto (hoy Bayer) tuvo conocimiento de
cinco estudios epidemiológicos, siete estudios en animales, tres
estudios de estrés oxidativo y 14 estudios de genotoxicidad que
vincularon al Roundup con el cáncer".
Un nuevo estudio
científico publicado en la Revista Mutation Research/Reviews in
Mutation Researchs, (cuyo editor en jefe es el genetista toxicólogo
de la Agencia de Protección Ambiental de los EEUU, David DeMarini)
coincide con la conclusión de la Agencia Internacional de
Investigación sobre Cáncer de la OMS, y afirma que los agrotóxicos
a base de glifosato aumentan un 41 por ciento las posibilidades de
sufrir cáncer.
Son 11.200 los
juicios que enfrenta en EEUU esa empresa por haber ocultado los daños
que sus productos para la agroindustria generan en las personas.
En la Argentina,
desde la instalación del modelo de producción de commodities
transgénicos dependientes de agrotóxicos en la región, allá por
el año 1996, el área de producción se incrementó un 50 por ciento
y el consumo de químicos un 1000 por ciento. Cualquier maestra de
matemáticas podría explicar que esos crecimientos no son
proporcionales. Menos aún, cuando analizamos datos de las oficinas
de Agroindustria de Nación y encontramos que semejante aumento en el
uso de venenos y sustancias químicas solo ayudó a mejorar la
"productividad" de esos campos en un 35 por ciento.
En ese mismo
período de tiempo y en la misma región, estudios epidemiológicos
(elaborados por el equipo de la práctica final de la carrera de
medicina de Rosario y coordinados por el Instituto de Salud
Socioambiental de esa facultad) evidencian un incremento en casos de
cáncer, abortos espontáneos, malformaciones congénitas,
enfermedades respiratorias, alergias, problemas neurológicos, entre
otros.
En estos
contextos, resulta cuanto menos inexplicable, y desde todo punto de
vista inadmisible, que cualquier funcionario público, sobre todo un
presidente, trate de "irresponsable" a un fallo judicial
que garantiza el derecho a la educación de los niños y niñas, el
derecho al trabajo de los docentes, protegiendo el derecho a la salud
a partir de la prohibición de la fumigación terrestre y aérea
sobre y alrededor de las escuelas rurales.
¿Qué significa
para un país, que hoy un niño ejerciendo su derecho a la educación
sea un condenado a ser envenenado, y con ello, a sufrir en su cuerpo,
en sus genes, un daño que incluso puede ser transmitido a sus hijos
y nietos?
¿Cómo fue que
pasamos de "educar al soberano" a "envenenar al
educando y al educador"?
La dignidad y
entereza de los maestros rurales y las comunidades, que llevaron el
reclamo a no ser envenenados (ni ellos cuando trabajan, ni sus hijos
cuando aprenden) debe ser aplaudida, reconocida y tomada como ejemplo
de construcciones ciudadanas y saludables a imitar.
Afirmar que "no
hay rigor científico" para prohibir la fumigación con venenos
sobre niños y maestros, para justificar un modelo de producción
adicto a transgénicos y agrotóxicos, que no produce alimentos sino
commodities, que expulsa a los trabajadores de los campos, al tiempo
que destruye los territorios, contamina cursos de agua, envenena el
aire y la comida, también, de quienes vivimos en las ciudades, es
muy peligroso.
Teniendo en
cuenta que la misma Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura reconoce que la agroindustria emplea una persona
cada 500 hectáreas, mientras que la agroecología requiere del
trabajo de 20 personas cada 200, cuando afirman que "prohibir la
fumigación sobre las escuelas rurales atenta contra los puestos de
trabajo", ¿se refieren a los vendedores de venenos, a los
maestros enfermos, a los padres que deben dedicarse a cuidar a sus
niños envenenados o a los oncólogos y farmacéuticas que perderán
pacientes y ventas?
Esencial es no
confundirse, ni dejarse confundir. Lo que está en juego no son los
puestos de trabajo de los agroenvenenadores, sino que tipo de
sociedad y de país estamos construyendo.
Una sociedad que
acepta transformar los derechos a la educación y el trabajo en una
condena a la enfermedad y la muerte, no tiene futuro.
Por ello, la
universidad pública debe asumir su rol de institución formadora de
ciudadanos al servicio de las necesidades de los pueblos y no de las
corporaciones.
El silencio no es
salud.
La universidad
pública no puede guardar silencio ante las hipocresías y cinismos
que exigen envenenar a los niños de las escuelas rurales, mientras
protegen a la hija del presidente y su familia, la importancia de las
huertas agroecológicas de las cuales se alimentan para no poner en
riesgo su salud.
¿Qué pasaría
si el presidente (y todos los funcionarios públicos) tuviesen la
obligación de enviar sus hijos a una escuela rural? ¿Seguirían
fumigando esas escuelas?
Quizás sea
tiempo que el Parlamento agende también estos temas.
Damián Verzeñassi es director del Instituto de Salud Sociambiental de la Facultad de Medicina (UNR)
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