En Entre Ríos,
el registro de cáncer y malformaciones en zonas rurales es
alarmante. Sin embargo, a la hora de regular las distancias de
fumigaciones, el gobernador Gustavo Bordet priorizó el negocio del
agro por sobre la salud de la gente. El paradigma del veneno,
explicado por María Fernández Benetti.
Redacción Canal
Abierto | En octubre pasado, la Cámara Segunda de Paraná, resolvió
prohibir todo tipo de fumigación aérea (3 mil metros) y terrestre
(mil metros) en inmediaciones de escuelas rurales, pese a la
apelación que el gobierno provincial ejecutó.
Entre Ríos es
una de las provincias más fumigadas de Argentina. El número de
casos de aparición de cáncer es alarmante. Sin embargo, lo que
preocupa más son los recientes diagnósticos pediátricos, donde
muchos niños presentan diferentes tipos de esta enfermedad y el
elevado registro de malformaciones.
En diálogo con
Canal Abierto, María Fernández Benetti, abogada de la Asociación
por la Justicia Ambiental (AJAM), explicó la realidad de una
provincia cuyo modelo productivo ha producido una fractura ambiental
y cultural importante en los últimos 20 años.
“Hay una
desruralización importante. Se ha producido una migración del campo
a la ciudad, voluntaria e involuntariamente, provocando la
desaparición de fuentes de trabajo y del pequeño productor”,
comentó Benetti.
Hablar sólo del
modelo sojero en Entre Ríos no sería lo adecuado. Transgénicas o
no, la producción hortícola, citrícola e incluso lo forestal está
atravesado por el veneno. Ante los estragos que esta situación
genera en la salud de los habitantes rurales, distintas
organizaciones ambientales y sociales iniciaron caminos legales para
hacer frente a esto.
“En agosto
presentamos un amparo ambiental contra el gobierno provincial y el
Consejo General de Educación en pos de la protección de los niños
de áreas rurales y de las 1.032 escuelas distribuidas en todo Entre
Ríos, que no tenían una legislación específica que las proteja.
No había ninguna franja de seguridad que las proteja, era una laguna
legal”, explicó la abogada.
Lo que se
pretendía era trasladar la protección legal de la que gozan quienes
habitan en la ciudad -con una legislación vigente que prohíbe
fumigaciones a 3.000 metros- hacia la rural.
Sin embargo, el
amparo tuvo una repercusión adversa y una decisión política
directa por parte del gobernador Gustavo Bordet. “A los dos días
de tener un fallo positivo de la Cámara Segunda de Paraná, el
gobernador se reunió con la mesa de enlace y el abanico de
agroindustria en franco apoyo hacia ellos y sus necesidades. Vimos
registros de cómo los productores y dueños de campos hablaban con
los directores de escuela y les decían: si me denuncias, los padres
de tus alumnos van a quedar sin trabajo”, aseveró Benetti.
A pesar del fallo
confirmado por la Corte Provincial, Bordet apeló la decisión a la
Corte Nacional. Desde las organizaciones están a la espera de la
resolución que el Supremo Tribunal de Entre Ríos debe tomar en
cuanto al recurso extraordinario presentado.
“Ante la duda
de si hace daño o no, por supuesto que hay que frenar la actividad.
Nosotros entendemos que hay pruebas de sobra de esto y que ya no da
para más. Si hiciéramos un análisis de todo lo que estamos pagando
en sistema de salud, ya económicamente no le conviene a la provincia
sostener esto”, sentenció la representante de AJAM.
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