Negocio para pocos, daño para muchos

Las explotaciones de litio.

por Sabrina Roth

Desde Jujuy. Argentina, Bolivia y Chile conforman lo que se conoce como “el triángulo del litio” y concentran más del 85% de las reservas terrestres. Sin embargo, por la falta de controles, de regulación y la ausencia de restricciones, el país que gobierna Mauricio Macri es el más tentador para que se instalen las empresas multinacionales. En el caso de Jujuy, si bien las empresas canadienses estimaban que las reservas permitirían obtener carbonato de litio durante 40 años, estudios realizados por especialistas en base a información elaborada por las propias multinacionales, los proyectos que están actualmente en funcionamiento en la cuenca de Olaroz Cauchari y las técnicas de explotación de las salmueras de litio por medio de la evaporación de agua aseguran que las posibilidades de producción del carbonato se agotarán en cinco años. Además de incumplir con los requerimientos de los estudios de impacto ambiental que obligan a presentar métodos de explotación alternativos, también se violan los requisitos de concesión que establece el Código de Aguas de la provincia de Jujuy.

A diferencia de Argentina, tanto Chile como Bolivia desarrollaron políticas nacionales específicas respecto al litio. Según publicó el coordinador del libro Geopolítica del litio, Bruno Fornillo, investigador de la UBA-CONICET en “Pulso Ambiental” -una revista de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)-, “dos empresas explotan el salar de Atacama, SQM y Rockood, y no es sencillo realizar más concesiones porque el litio fue declarado recurso estratégico durante la dictadura de Pinochet, por su interés para la energía nuclear. Actualmente, la renegociación de los contratos con las firmas privadas supuso un aumento sustancial de las regalías que cobra el Estado trasandino, la provisión local del 25 % del litio producido a precios preferenciales para generar materiales activos -química compleja- para las baterías, cerca de 20 millones de dólares anuales destinados a la investigación y un 3,5 % de las ganancias a las comunidades”.

En el caso de Bolivia, señaló Fornillo, desde 2007 el país que gobierna Evo Morales, a propuesta de los sindicatos comunitarios locales, busca tener una injerencia completa del tránsito que va del salar a la batería. “Cuentan al día de hoy con una técnica de extracción propia, creada por científicos locales articulados al proyecto litífero; instalaron las plantas de producción de potasio y de litio y realizaron un emprendimiento conjunto para la producción de baterías con la empresa alemana AC System, la cual desembolsará 13000 millones de dólares, facilitará el mercado europeo para las baterías y Yacimiento Litíferos Bolivianos contará con el 51 % de las acciones”.

En cambio, en Argentina, la explotación del litio tiene lugar como una actividad extractiva que no desarrolla ningún tipo de industrialización. “Las baterías de litio y todos los productos derivados de este metal blando terminan produciéndose en el exterior, convirtiendo al país en un mero exportador de materias primas, dependientes de la demanda extranjera”, señalaron Pamela Landini y Tomás Marchetta de la FARN. Además, las empresas en el país sólo deben pagar el 3 % de regalías que se cobran en base a lo que las empresas, sin control, declaran en sus balances.

Marcelo Sticco es hidrogeólogo, e integra el departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. En 2011 las comunidades que habitan la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc hicieron presentaciones ante la Defensoría del Pueblo de la Nación preocupados por el impacto ambiental que generarían los trabajos en el salar. El entonces titular del organismo, Carlos Haquim -hoy vicegobernador de Jujuy- ordenó realizar los estudios correspondientes. “Ese primer estudio les dio la razón a las comunidades y lo que entonces era una luz amarilla, hoy es una luz roja a partir de datos actualizados y vinculados con la explotación concreta del salar. Vemos que en pocos meses y de continuar utilizando las técnicas de explotación de las salmueras por medio de la evaporación, se va a agotar el agua dulce”.

El agua dulce no sólo es necesaria para la vida de las comunidades sino también para la propia producción del carbonato del litio. De modo que la explotación actual no sólo atenta contra los habitantes de la Cuenca sino también contra el propio negocio. “Para las empresas igualmente sigue siendo rentable invertir en el país por la falta de controles, de regulación y la ausencia de restricciones”, señaló Sticco a este medio.

Entre las conclusiones del estudio que finalizó el hidrogeólogo en octubre del año pasado, en base a información propia de las empresas que se encuentran en el área realizando la explotación del litio, “se determinó un riesgo significativo de pérdida de las reservas de agua dulce en la cuenca de Olaroz Cauchari en el orden de un año y se determinó posible riesgo de pérdida de las reservas de agua dulce en la cuenca de Salinas Grandes”. Sin embargo, explicó Sticco, hay alternativas de producción de carbonato de litio con tecnología más amigable y que reduciría considerablemente los riesgos de agotamiento del agua. El Decreto Reglamentario 5980/06 de “Evaluación de Impacto Ambiental y Normas Técnicas de Calidad Ambiental para la Protección de la Atmósfera, de las Aguas y del Suelo”, establece que los estudios de impacto ambiental deben incluir un examen de las alternativas técnicamente viables y fundamentar el método de explotación elegido. Sin embargo, las empresas no cumplen con este requisito y el gobierno tampoco se los exige.

Según datos publicados por la Jefatura de Gabinete de la Nación en diciembre de 2016, de los 63 proyectos de litio en el país, sólo 13 correspondían a Jujuy. El 13 de agosto de 2018 Morales dictó el decreto 7180 con el objetivo de canalizar procesos de inversión privada a través de Jujuy, Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) y el 11 de enero de este año llamó a concurso de oferentes para la exploración y explotación de proyectos mineros en las zonas de Salinas Grandes, Guayatayoc y Salar de Jama. Se estima que a partir de esta licitación se realizarán alrededor de 2000 piletones para extraer litio en la zona. Si en la actualidad el riesgo concreto de agotamiento de agua dulce es un hecho, con estos nuevos emprendimientos los tiempos se acelerarán.

A las comunidades que viven del pastoreo y la agricultura en la zona, cuyo derecho a la consulta previa, libre e informada no se respeta, no le dejan más opción que la realización de medidas de fuerza directa para defender sus territorios y recursos.

Fuente:

Sabrina Roth, Negocio para pocos, daño para muchos, 07/02/19, Página/12. Consultado 08/02/19.