Investigarán a una empresa y a un productor ganadero por
extraerla del río Quilpo sin permiso. Por igual motivo está imputado otro
empresario desde el año pasado.
por José Hernández
San Marcos Sierras. La demolición de un dique ilegal sobre
el curso del río Quilpo a fines del mes pasado, por parte de Recursos Hídricos
provincial, generó que la
Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje, a cargo de Martín
Bertone, abriera una causa de oficio para investigar el supuesto delito de
“sustracción de agua”.
Desde fuentes judiciales se indicó que el fiscal actuó sobre
la base de declaraciones realizadas a La
Voz del Interior por parte del ministro de Agua, Ambiente y
Energía, Manuel Calvo, en relación a la demolición de esa obra de contención
para desviar el curso a un campo privado, que por esa acción habría extraído el
90 % del caudal del río Quilpo en meses de menor cantidad de agua. En
esa oportunidad, Calvo calificó al hecho de “un grave ilícito”. “Este caso es
particularmente grave por la dimensión de la infracción y el impacto que genera
sobre ese río”, enfatizó el funcionario.
¿De quién es el predio?. Un informe oficial del Ministerio
de Agua citó como propietaria de esos campos a la empresa Sismo SA. Esa empresa
informó a este diario que no le pertenecían los predios desde 1997. Por su
parte, el ganadero cruzdelejeño Jacques Charierre apuntó que fue propietario de
esos terrenos entre 1982 y 1977 pero indicó que, luego, “pasaron a manos de la
familia Manzi”.
Con todo, el Ministerio a cargo de Manuel Calvo ratificó que
las obras sobre el cauce eran “ilegales” y que “en el acta de constatación
labrada figura Sismo SA / Vicente Manzi”. El fiscal Bertone determinó al
respecto: “Investigaremos la cadena de propietarios en el tiempo para fijar
responsabilidades”.
Un imputado. El historial de la problemática de los ríos
Quilpo y San Marcos ya tiene un imputado desde noviembre del año pasado, al
comprobarse obstrucciones y alambrados sobre los cursos para desviar agua sobre
dos estancias en particular.
En la oportunidad y luego de un rastreo de los ríos, la
fiscalía acusó a un empresario por el supuesto delito de sustracción de agua,
figura que se encuadra en el artículo 183, inciso 3°, del Código Penal.
Según la instrucción, esos campos tenían intimaciones de la
ex Dipas correspondientes a 2006 y 2007, de plazo perentorio, que no cumplieron
sus propietarios y tampoco les fue exigido en los hechos hasta el mes pasado,
cuando el Ministerio de Agua dispuso derribar el dique ilegal sobre el Quilpo.
José Hernández, La fiscalía abrió de oficio una causa por sustracción de agua, 08/10/12, La Voz del Interior.
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