Campo Charro, libre del uranio

El BOE de 26 de noviembre de 2021 deniega la Autorización de Construcción de la Planta de Tratamiento de uranio de Retortillo.

por José Ramón Barrueco Sánchez

El pasado 1 de diciembre se publicó en el BOE la Orden de 26 de noviembre de 2021 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto por la que se deniega la Autorización de Construcción de la Planta de Tratamiento de uranio de Retortillo. Aunque sabíamos que el Ministerio no podía hacer otra cosa, estaba obligado por ley a seguir el dictamen desfavorable emitido en julio por el Consejo de Seguridad Nuclear, la confirmación de esa denegación libera definitivamente a la comarca salmantina del Campo Charro de la pesadilla que lleva soportando desde hace una década y media por el propósito de explotar mineral de uranio en Salamanca.

Haciendo historia, conviene recordar que en julio 2006 el Boletín Oficial de Castilla y León recogía el anuncio de admisión del permiso de investigación “Pedreras”, para buscar minerales radiactivos en los términos municipales de Villavieja de Yeltes, Sancti-Spiritus, Retortillo y Villares de Yeltes, mi pueblo de adopción.

Nadie podía pensar entonces que nos esperaban quince años de zozobra hasta poder conseguir que una Administración Pública diera el paso definitivo de parar los pies a una multinacional australiana en su aventura radiactiva en Salamanca.

En la primera década de este siglo el alto precio del uranio, llegó a valer 140 dólares la libra de peso en 2007, atrajo a personas y empresas que veían una oportunidad de negocio en el empuje de la energía nuclear. Todo esto se vino abajo en marzo de 2011 con el desastre de Fukusima. El mundo ya había soportado otro accidente nuclear de enormes proporciones en 1986, Chernobyl, pero se había producido en la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un régimen obsoleto y en fase terminal. El accidente de Japón era impensable en un país desarrollado que poseía una de las tecnologías más avanzadas del mundo.

Tras Fukusima nada ha sido igual para la energía nuclear. La mayoría de los países europeos decidieron prescindir de esta fuente para abastecerse de energía, programando el cierre paulatino de las centrales en funcionamiento y abandonando cualquier nuevo proyecto que pudiera construirse en los años siguientes.

El precio del uranio comenzó a bajar paulatinamente, llegando a valer menos de 20 dólares la libra en mayo de 2017. A ese precio era imposible que fuera rentable abrir minas de uranio con poca riqueza de mineral como la de Retortillo.

A pesar de ello, los directivos de Berkeley prosiguieron su aventura en Salamanca, obviamente ellos iban montados en el carro y a los únicos que debía preocupar la falta de rentabilidad del negocio era a los incautos inversores que estaban enterrando su dinero en Salamanca. Según las notas de prensa de la compañía, recogida por los medios afines, “Berkeley ha invertido ya más de 94 de los 100 millones de euros previstos inicialmente en el proyecto, y alcanzará un total de 400 millones de euros invertidos hasta la finalización de la explotación. Además, dice, ya ha creado 60 empleos y prevé llegar a los 1.000, entre directos e indirectos”.

Sorprendentes afirmaciones cuando ahora mismo sólo hay una persona trabajando para Berkeley en sus instalaciones de Retortillo, que será el encargado de abrir puertas y ventanas para que no se llenen de humedad las instalaciones prefabricadas con las que cuenta la compañía en la localidad salmantina.

De los 94 millones invertidos no sabemos en qué se habrá gastado ese capital, aparte de adquirir poco más de 500 has. de terreno y comprar voluntades a base de dilapidar el dinero de los inocentes inversores que se habían creído lo que la compañía les contaba.

Tras el posicionamiento del Gobierno sobre la planta de tratamiento de uranio se da por cerrada la vía para abrir minas de uranio en Salamanca, máxime si tenemos en cuenta que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética prohíbe expresamente la exploración, investigación o concesiones mineras de minerales radiactivos, además de “nuevas solicitudes de autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de dichos minerales radiactivos” (el caso de la planta de Retortillo que acaba de denegar el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico). Berkeley ya no puede pedir nuevos permisos, ni volver a empezar cualquier procedimiento relacionado con el uranio. Lo único que le queda es conseguir una indemnización por el lucro cesante si consigue que los tribunales le den la razón en un futuro lejano.

La decisión tomada por el MITECO nos devuelve la confianza en los políticos y en la Administración Pública, tras haber padecido el trato de favor otorgado a Berkeley durante todos estos años a nivel local y autonómico, dando el visto bueno a una iniciativa que iba a condicionar negativamente la vida y el futuro de una comarca.

Ahora toca restañar las heridas que nos ha dejado la empresa minera en las personas y en el territorio durante estos quince años. La convivencia entre los habitantes del Campo Charro ya ha empezado a mejorar desde que todo el mundo se ha dado cuenta de que la aventura de Berkeley tenía los días contados. Ahora hace falta que el ayuntamiento de Retortillo sancione a la empresa por el desvío de carretera acometido sin permiso, y, sobre todo, que la Junta de Castilla y León obligue a la multinacional australiana a reponer las encinas que arrancó para hacer propaganda de su negocio minero.

José Ramón Barrueco Sánchez, STOP Uranio

Fuente:

José Ramón Barrueco Sánchez, Campo Charro, libre del uranio, 6 diciembre 2021, El Salto Diario. Consultado 14 diciembre 2021.