En
2014 las asambleas comunitarias de Chubut lograron presentar un
proyecto de ley para impedir la megaminería en la provincia. La
legislatura lo tergiversó a tal punto que nunca fue aplicado y se
derogó en 2016. En estos días, se lanzó la convocatoria a la
segunda iniciativa popular.
Redacción
Canal Abierto | Si se puede fijar un origen de las luchas populares
contra la megaminería en nuestro país, sin lugar a dudas es en
Esquel, en la provincia de Chubut. “El agua vale más que el oro”,
una frase que ya es parte de cierto imaginario popular, se desparramó
desde esas tierras cordilleranas.
Allí,
cuando en la Argentina se apagaban los últimos fuegos de la
movilización popular surgida al calor de la crisis institucional,
política y económica del 2001-2002, la organización vecinal coronó
largos meses de lucha contra la instalación de una mina de oro en la
Cordillera con una consulta popular realizada el 23 de marzo de 2003.
En la misma, el 82 % de los votantes se pronunció en contra de la
megaminería y el uso de cianuro, tras lo cual el Concejo Deliberante
sancionó la Ordenanza N° 33/2003, que declaró a Esquel municipio
no tóxico y ambientalmente sustentable.
El
ejemplo de Esquel se diseminó por el país y desde entonces
asambleas ciudadanas o vecinales se organizan para proteger al
ambiente y a las comunidades de los ataques de la megaminería, del
complejo agroindustrial, de la instalación de basurales o de redes
de alta tensión, por citar algunos ejemplos.
La
iniciativa popular
Con
el impulso de los vecinos de la comarca andina, la provincia de
Chubut, mediante la Ley 5.001, del 8 de mayo de 2003, prohibió la
actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto y la
utilización de cianuro en los procesos de producción minera.
La
ordenanza de Esquel y la posterior ley provincial alejó
momentáneamente a las multinacionales mineras de la cordillera pero
desde entonces no cejan los intentos de avanzar con emprendimientos
en la meseta.
En
el año 2012, frente a un nuevo intento de legalizar la megaminería,
se conformó la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (UACCh), que
reunió a asambleas y foros de toda la provincia, que se movilizó
sucesivas veces a la Legislatura provincial para demostrar la
oposición a cualquier avance legislativo para legalizar la minería
y que fue duramente reprimida hacia fines de ese año. Allí surgió
la propuesta de la primera Iniciativa Popular.
Ahora,
nuevamente la pelota la tenían los diputados. Por disposición
constitucional tenían seis meses para tratar el proyecto, no podían
cajonearlo. La fecha límite era el 26 de noviembre de 2014.
Finalmente,
un día antes de cumplirse el plazo, el proyecto fue tratado pero se
aprobó un mamarracho de Ley que distaba tanto del proyecto original
que prácticamente aprobaba la megaminería en la provincia. Fue una
sesión bochornosa en la que, por ejemplo, se obtuvo la imagen de un
legislador recibiendo instrucciones de un directivo de Yamana Gold en
pleno recinto.
La
ley del fraude y el bochorno nunca fue puesta en marcha y, en enero
de 2016, fue derogada por el gobernador Das Neves. Pero el proyecto
popular, y todo el esfuerzo y saber acumulado en él, sigue
“cajoneado” pese a lo que la constitución provincial establece.
La
segunda iniciativa
“Nuestra
asamblea se conformó entre los años 2002-2003, con la pretendida
explotación de la Meridian Gold en el cordón de Esquel”, narra a
Canal Abierto Nora Corvalán, docente jubilada, abuela, vecina de
Lago Puelo y ferviente participante de la Asamblea Comarcal Contra el
Saqueo que integra a su vez la UACCh y la Unión de Asambleas Ciudadanas, instancia federal de participación de estas asambleas,
mayoritariamente nucleadas por causas ambientales.
“En
2012, hubo una fuerte arremetida en la Legislatura para aprobar el
marco regulatorio de la actividad minera e hidrocarburífera. Tras la
movilización y la fuerte represión sobre los asambleístas, no
pudieron incluir en el marco regulatorio a la minería, aprobaron
sólo el de hidrocarburos”, rememora Nora.
El
proyecto surgido de la iniciativa popular busca profundizar lo
logrado con la ley 5001 del 2003; gracias a ella y a la férrea
custodia popular no hay hoy ningún proyecto de megaminería en la
provincia, pero presiona el lobby minero y sus sombras no paran de
sobrevolar la meseta y sus “riquezas”.
“La
ley 5.001 prohíbe la explotación minera pero no la exploración.
Como no dice nada de la exploración, entonces siguen avanzando y en
ese proceso ya están contaminando: porque abren campamentos, hacen
caminos, empiezan a tomar muestras y hacer ensayos in situ y usan un
montón de sustancias tóxicas. Por otro lado, no queremos que
después nos corran con que las empresas tienen derechos adquiridos,
que ya hicieron inversiones. En el nuevo proyecto de ley incluimos
todos los momentos de la actividad minera, desde el cateo, la
prospección, etc.; y también establecemos la prohibición del
procesamiento, porque estamos entre dos provincias mineras, y no
queremos que traigan productos mineros a procesar en el territorio”,
describe Nora sobre la propuesta legislativa.
“Nosotros
rechazamos la megaminería metalífera, de las categorías 1 y 2
según el Código de Minería. Con la categoría 3º que es la
minería de materiales ornamentales y de construcción: caolín,
calizas, lajas, piedra, todo lo que es cantera, no tenemos problema.
También genera un impacto pero menor y tiene otro fin”.
El
malversado proyecto de 2014 proponía una zonificación de la
provincia, protegiendo algunas regiones y declarando un amplio
polígono -de más del 66 % del territorio provincial- en la
meseta como zona de sacrificio. Justamente allí donde abundan el
uranio, el plomo y la plata, y donde habitan gran cantidad de
comunidades mapuche - tehuelches. Esta es la iniciativa con la que
continúan insistiendo.
“La
5.001 prohíbe el cianuro, en nuestro proyecto incluimos, en el
segundo artículo, todas las sustancias que se utilizan: mercurio,
cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, ácido
sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido
nítrico, xantatos, etc.”, continúa Nora describiendo el proyecto.
“Por otro lado, hacemos un capítulo especial para lo nuclear,
porque uno de los proyectos que más están promocionando es el de
Cerro Solo que es de explotación de uranio”.
La
campaña
“La
iniciativa la íbamos a lanzar el 22 de marzo, el Día Internacional
del Agua, pero nos agarró el aislamiento y lo hicimos el 22 de
junio”, comenta Nora. Se da la contrariedad, para este movimiento
comunitario, que en medio del ASPO desde el gobierno nacional se
decreta como actividad esencial a la minería.
“Hay
una estrategia de que el estado se corre de las poblaciones más
vulnerables -al punto de que dependen del estado para que les mande
el combustible para encender el generador que le da electricidad al
pueblo-, y viene la minera, a suplir al estado, asistiendo a las
poblaciones con combustible, con leña, con provisión de internet,
espejitos de colores para estas comunidades. La que más fuerte lobby
hace es la Panamerican Silver, por eso lanzamos una campaña en
particular contra esta empresa”, describe la docente.
En
un mapa de la provincia se puede ver lo viva que está esta lucha en
la provincia. Comunidades de la meseta, de la costa y la cordillera
han formado sus comités de apoyo a la iniciativa popular, para
recuperar aquello que en el 2014, los legisladores y el lobby minero
les arrebataron.
Esta
vez la iniciativa se propone juntar muchas más firmas que en 2013,
“pero lo más importante es que se conozca por qué no debe avanzar
la megaminería y hay una recepción impresionante. Este modo de
hacer asambleario, autónomo, independiente, apartidario, nos
permitió llegar a la gente y que nos escuchen. Pero para que se
apruebe tendremos que estar en la calle”, concluye Nora.
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Fuente:
Chubut continúa organizándose contra la megaminería, 6 julio 2020, Canal Abierto. Consultado 9 julio 2020.
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