El
Pacto Verde europeo ha de servir para impulsar un modelo energético
distribuido, basado en la eficiencia y ahorro energéticos y en el
autoconsumo con energías renovables. Sin embargo, es una grave
contradicción que en la taxonomía del Pacto Verde se pretenda
considerar como energías verdes la energía nuclear y el gas
natural.
por
Diana Osuna García, Luis Bolonio Álvarez, Javier García Breva,
Alberto Matarán Ruiz
El
Pacto Verde Europeo aprobado el 13 de diciembre por el Consejo
Europeo y presentado en la COP 25, que pretende conseguir la
descarbonización en 2050, es la relación de una decena de planes
que aún no se han concretado.
El
acuerdo del Consejo Europeo dejó pendiente una parte fundamental por
aprobar, que es la taxonomía para identificar qué inversiones son
sostenibles, y por lo tanto subvencionables, y cuáles no lo son.
El
Pacto Verde aprobado no dice nada al respecto de la taxonomía, pero
cuatro días después de su aprobación, los Estados miembro
alcanzaron un preacuerdo sobre los criterios para clasificar qué
inversiones se consideran verdes. En este preacuerdo se deja la
puerta abierta para que la energía nuclear y el gas natural puedan
catalogarse como sostenibles, lo que supone que podrán acceder a
fondos europeos y del BEI (Banco europeo de inversiones) y a fondos
nacionales, en detrimento de las inversiones en renovables y
eficiencia energética.
Esta
decisión entra en contradicción con los objetivos que planteó la
ONU en la COP 25 de eliminar las ayudas a los combustibles fósiles.
También es contraria a lo que plantea el panel de investigadores del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC), pues considera que, para evitar la subida de temperatura del
planeta por encima de 1,5 ºC, habrá que reducir el uso de gas en un
15 % en 2030 y un 43 % en 2050. También es incompatible con el
propio anuncio del BEI en la COP 25 de no financiar proyectos de
combustibles fósiles y con las directivas europeas del “paquete de
invierno” que en ningún caso citan a la nuclear o el gas como
fuentes de respaldo a las renovables.
El
hecho de que en el listado de Proyectos de Interés Común (PCI) se
mantengan 32 proyectos de infraestructuras gasistas, con una
inversión de 29.000 millones de euros, no tiene ningún sentido por
ser inversiones contaminantes e innecesarias para el objetivo de
descarbonizar la economía europea. Los fondos europeos no se deben
destinar a ninguna energía fósil, y menos importada del exterior,
sino a proyectos de energías renovables distribuidas y de eficiencia
energética en la edificación, la industria, el transporte y la
agricultura, siguiendo la hoja de ruta que establecen las directivas
europeas. El Parlamento Europeo debe rechazar estas inversiones por
coherencia con la declaración de emergencia climática que aprobó
en noviembre.
Es
incongruente con los discursos de la nueva presidenta de la Comisión
Europea, Úrsula von der Leyen, y con la prometida lucha contra el
Cambio Climático y transición justa a energías renovables, el
incluir la nuclear y el gas natural como energías sostenibles en un
Pacto Verde.
El
gas natural que es fundamentalmente metano (uno de los principales
gases de efecto invernadero), produce CO2 al quemarse, y la energía
nuclear provoca contaminación radioactiva y genera riesgos
inasumibles para la población como ya se ha demostrado en los
accidentes ocurridos hasta la fecha (Three Mile Island, Chernobil,
Fukushima…). Ambas fuentes energéticas se basan en el uso de
recursos extraídos de la corteza terrestre que al no ser renovables
se agotarán a lo largo del siglo XXI. Por lo tanto es evidente que
no son energías verdes, ni descarbonizadas, ni limpias.
Sospechamos
que detrás de esta sorprendente y preocupante taxonomía del Pacto
Verde Europeo se encuentran los intereses de Francia y Alemania. Se
da la circunstancia de que Francia se enfrenta a la ruina de su
industria nuclear, sin recursos para afrontar el mantenimiento de sus
58 centrales y el encarecimiento de las nuevas plantas de Flamanville
y Reino Unido. Alemania ha impulsado el segundo gasoducto del
Báltico, Nord Stream II, para duplicar el bombeo del gas de Gazprom
a Europa, aumentando la dependencia del gas ruso.
Proponemos
la modificación del Pacto Verde Europeo a través de 4 puntos:
1.
Exigir a los gobiernos la trasposición y el cumplimiento de las
directivas europeas incluidas en el “paquete de invierno”. La más
alta eficiencia energética con generación renovable distribuida,
gestión de la demanda y la participación de los consumidores es el
modelo de transición energética y la hoja de ruta hacia la
descarbonización de Europa en 2050. La combinación de energías
renovables con baterías de almacenamiento harán innecesario el gas
y la energía nuclear como energías de respaldo para garantizar el
suministro. Las nuevas directivas establecen una serie de derechos a
los que se estaría negando el acceso a la ciudadanía, en caso de no
incorporarse a la legislación estatal.
2.
No aceptar como sostenibles la energía nuclear y el gas porque son
contrarias a la protección de los consumidores, consumidoras y del
medio ambiente, al ser fuentes que encarecen la energía, contaminan,
generan riesgos inasumibles, y elevan las importaciones energéticas.
No son energías limpias, baratas ni seguras, todos ellos criterios
defendidos por la política energética de la UE en la anterior
década. La taxonomía ahora preacordada los incumple al tratar a la
energía nuclear y al gas en igualdad de condiciones de mercado con
un criterio de neutralidad tecnológica porque contribuye a agravar
más los impactos del cambio climático que a combatirlo.
3.
La transición justa se tiene que orientar hacia las políticas
activas de empleo en las nuevas especializaciones productivas a
generar con el paso hacia la transición energética, al cambio del
modelo de crecimiento y no limitarse a ayudar a las regiones mineras.
Existe un enorme yacimiento de empleo de calidad asociado a la
eficiencia energética en la edificación, el transporte y en todo el
sistema productivo (industria, agricultura, turismo…), así como al
fomento de las energías renovables a través del autoconsumo
compartido, con almacenamiento, las comunidades de renovables y las
comunidades ciudadanas de energía con un potencial que es urgente
desarrollar.
4.
Reconocer y defender el derecho de ciudadanía a una vida que asegure
una buena calidad del medio ambiente en general y comprometida con la
lucha contra el cambio climático en particular, que anteponga los
derechos de las personas a los intereses de las políticas y sectores
empresariales contaminadores. La reciente sentencia del Tribunal
Supremo de Países Bajos ordenando a su gobierno proteger a su
ciudadanía del deterioro ambiental ha creado este nuevo derecho que
debe incorporarse al Pacto Verde. El metano y la contaminación
radioactiva representan una amenaza al derecho a la vida de la
ciudadanía europea.
El
Pacto Verde debe basar la energía barata y limpia en la más alta
eficiencia y en la reducción al mínimo de las importaciones
energéticas. La taxonomía de las inversiones energéticas debería
contemplar estos factores con tanta prioridad como las emisiones de
cada fuente de energía. La geopolítica del gas y la energía
nuclear no favorece los intereses europeos. La autosuficiencia
energética de Europa debe basarse en liderar en el mundo la
transición energética a través de la generación distribuida, la
gestión inteligente de la demanda, la movilidad eléctrica, las
baterías de almacenamiento y el hidrógeno renovable.
Estamos
a tiempo de modificar las incoherencias del Pacto Verde porque aún
ha de debatirse en las instituciones europeas. Es urgente que la
misma sociedad que despertó durante la COP 25 exija un Pacto Verde
europeo pensado para proteger a la ciudadanía y al medio ambiente y
no a las actividades contaminadoras.
Ante
esta situación, desde la Plataforma para una Transición Ecológica Justa exigimos que la taxonomía del Pacto Verde Europeo excluya la
energía nuclear y el gas natural como energías verdes. Con la
taxonomía preacordada y las inversiones gasistas previstas será
imposible conseguir los objetivos de descarbonización. El Pacto
Verde Europeo debe servir para financiar la reconversión de nuestro
modelo energético hacia uno distribuido, basado en la eficiencia y
ahorro energéticos y en la producción con energías renovables en
manos de la ciudadanía europea a través del autoconsumo, ya que es
el único camino real para cumplir con los objetivos de
descarbonización y para llevar a cabo una Transición Ecológica
Justa que defienda y proteja los Derechos de toda la Ciudadanía
Europea.
Diana Osuna García, Técnica en recursos naturales, residuos, agroecología y educación para el desarrollo.
Luis Bolonio Álvarez,Técnico Conservación Biodiversidad y Cooperación al Desarrollo.
Javier García Breva, Experto en Energías Renovables y Exdirector de IDAE.
Alberto Matarán Ruiz, Profesor Titular de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Universidad de Granada.
Fuente:
Diana Osuna García, Luis Bolonio Álvarez, Javier García Breva, Alberto Matarán Ruiz, Un pacto europeo que incluya energía nuclear y gas natural no será un pacto verde, 28 enero 2020, El Salto Diario. Consultado 30 enero 2020.
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