El gobierno de
Vidal autorizó fumigar sobre escuelas, antes de clases. El ministro de
Agroindustria, Leonardo Sarquís, ex gerente de Monsanto, firmó la
resolución que habilita a fumigar sobre escuelas hasta las 7.59, un
minunto antes de que se abran las puertas. Contradice a la Suprema
Corte.
por Darío Aranda
El gobierno de
María Eugenia Vidal autorizó que las fumigaciones con agrotóxicos
se puedan realizar sobre escuelas, viviendas y cursos de agua. La
medida, firmada por el ex gerente de Monsanto y actual ministro de
Agroindustria, Leonardo Sarquís, contradice fallos judiciales,
ordenanzas municipales y va a contramano del reclamo de decenas de
pueblos fumigados de Buenos Aires, que la calificaron de
inconstitucional y “criminal”. Organizaciones socioambientales,
campesinas y maestros repudiaron la medida y exigieron su derogación.
A las 8 de la
mañana comienzan las clases en las escuelas rurales de Buenos Aires.
Hasta las 7.59 los empresarios del agro podrán fumigar con
glifosato, atrazina, 2.4-D, glufosinato de amonio y otros
cuestionados químicos del modelo de agronegocio. Así lo establece
la resolución 246 del Ministerio de Agroindustria, que entró en
vigencia el 1 de enero y fue firmada por Leonardo Sarquís, ex
gerente de Monsanto.
La Suprema Corte
de Justicia de Buenos Aires falló en 2012 y declaró ilegal una
fumigación con agrotóxicos a menos de 1000 metros de viviendas y
aplicó el “principio precautorio”: cuando haya riesgo de
afectación del ambiente o la salud se deben tomar medidas
preventivas (vigente en la Ley General del Ambiente -25675-).
El fallo del
máximo tribunal provincial, en un caso de la ciudad de Alberti,
marcó un precedente. Se produjeron fallos similares en tribunales de
Mercedes, Bahía Blanca, Coronel Suárez y Dolores, entre otros. El
último, en 2018, prohibió las fumigaciones terrestres a menos de
1000 metros en Chascomús. En Entre Ríos, un fallo inédito protegió
las escuelas: 1000 metros de distancia para fumigaciones terrestres y
3000 metros si son aéreas. Decenas de ordenanzas fijan distancias de
entre 500 y 1000 metros.
El gobierno de
Buenos Aires desoyó los fallos judiciales y en base a una propuesta
de los empresarios de agro emitió la resolución 246, de 11
artículos, que con lenguaje técnico y negador de estudios
científicos permite distancias cero para fumigar con agrotóxicos.
“Están avasallando los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El actual modelo de producción agroindustrial está afectando
gravemente a la población en general, y en particular a las
comunidades educativas rurales que viven expuestas directamente a los
graves riesgo de daños en la salud”, denunció Daniela Dubois, de
la Red Federal de Docentes por la Vida y el Colectivo Ambiente
Saludable San Andrés de Giles. Ana Zabaloy, docente rural de San
Antonio de Areco, sufrió en carne propia las fumigaciones junto a
alumnos y salió a luchar para que no los fumiguen más. “Es
vergonzosa la Resolución 246 de la gobernadora Vidal. Conocemos en
primera persona el costo humano de este modelo basado en transgénicos
y venenos, y no puedo dejar de vincular esta medida con el cierre de
escuelas rurales que se está realizando en toda la provincia de
Buenos Aires. Es tristísimo y terrible, pero no es casual: es un
plan para dejarle el territorio libre al agronegocio”, afirmó
Zabaloy.
“Nos oponemos a
esta norma que busca promover el modelo de agronegocio basados en el
uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la
salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y
la soberanía alimentaria”, denunciaron la Unión de Trabajadores
de la Tierra (UTT), la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace) y
la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la
Agroecología (Renama), entre otros.
La decisión del
gobierno de Vidal va en línea con el gobierno nacional y se basa en
una propia creación empresaria: las “buenas prácticas agrícolas”
(BPA). Se trata de una seria de supuestas acciones que permitirían
que los agroquímicos no afecten la salud. Las “pruebas a campo”
se hacen con agua (en lugar de agrotóxicos) y bajo condiciones
ideales de viento y humedad (que muy pocas veces se dan en el campo).
Según esos ensayos se puede fumigar hasta la puerta de las viviendas
y escuelas.
Las BPA son
impulsadas por las empresas que venden los agrotóxicos y
transgénicos: Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina, Corteva
(Dow-DuPont) y BASF. Incluso conformaron en Argentina la “Red BPA”,
integrada por la Asociación de Siembre Directa (Aapresid), el INTA,
Casafe (empresas de agrotóxicos), ASA (compañías de transgénicos)
y la Sociedad Rural, entre otros.
Gabriel
Arisnabarreta es parte de la organización Ecos de Saladillo e
integrante de la Campaña Paren de Fumigar. “Esta resolución viola
los derechos existentes, es criminal y autoritaria porque pretende
pulverizar encima de los barrios, de las bocas de agua para consumo y
de las escuelas. Vamos a accionar legalmente en toda la provincia
para evitar que esta resolución criminal pueda aplicarse”,
advirtió.
“Se omite
información científica”
En julio pasado,
en un hecho inédito, los entonces ministros Lino Barañao (Ciencia),
Adolfo Rubinstein (Salud), Sergio Bergman (Ambiente) y Luis Miguel
Etchevehere (Agroindustria) presentaron los “lineamientos para
aplicación de fitosanitarios en base a las BPA”, antesala de la
resolución 246 del gobierno de María Eugenia Vidal. Cumplieron con
todos los pedidos de las empresas: no fijaron distancias mínimas
para proteger a la población, no tuvieron en cuenta los efectos
crónicos (largos periodos de tiempo) de los agroquímicos en las
personas, no abordaron el impacto tóxico de la mezcla de químicos e
invisibiliza cientos de estudios científicos de universidades
públicas que dan cuenta de las consecuencias de los agroquímicos.
La Asociación de Medicina General de Buenos Aires (Amgba) es una
organización académica y científica que nuclea a médicos
especialistas y equipos de salud. Ante la resolución interminsterial
del gobierno nacional emitieron un duro comunicado: “Han antepuesto
los intereses del sector productivo por encima de la salud de las
comunidades, el ambiente y todas las formas de vida. Como sociedad
científica nos preocupa que se omita la amplia información
científica válida que demuestra los efectos negativos para la salud
de la exposición a agroquímicos”.
Fuentes:
Darío Aranda, Una resolución con intereses, 21/01/19, Página/12. Consultado 21/01/19.
“Se omite información científica”, Página/12. Consultado 21/01/19.
En realidad es una medida que introduce restricciones que no existían antes. No puede "autorizar" lo que siempre estuvo autorizado
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