La Provincia
autorizó el uso indiscriminado de diferentes venenos como el
Glifosato. El ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís,
fue ex gerente de Monsanto. Ahora se podrá fumigar en escuelas
rurales y cascos urbanos.
En primer lugar,
aquello que se debe tener en cuenta a fin de interpretar en forma
acabada la resolución 246 del Ministerio de Agroindustria de la
Provincia de Buenos Aires, responsabilidad primaria de Leonardo
Sarquís, y definitiva de María Eugenia Vidal, es sencillamente una
continuidad de aquella propuesta que presentaron hace unos meses a
nivel nacional, de forma interministerial, las carteras de Salud,
Ciencia y Tecnología, Ambiente y Agroindustria, en conferencia de
prensa (es decir Adolfo Rubinstein, Lino Barañao, Sergio Bergman y
Luis Miguel Etchevehere, respectivamente) quienes plantearon la idea
de la implementación de supuestas "buenas prácticas
agrícolas".
Allí fue donde
comenzó este circo que tiene que ver con dejar de asumir a los
agrotóxicos como veneno, para suponer que con "buenas prácticas
agrícolas" está resuelto todo el problema que estos venenos
generan. Lo que ellos plantean es que se lleven a cabo
"capacitaciones", "convenios" con Agroindustria,
y toda una parafernalia hipócrita y absurda en la que se va a gastar
mucho dinero. Actualmente ya se están haciendo talleres para esto,
cuando lo primero que habría que centralizar es que los agrotóxicos
son venenos, son biocidas, son sustancias que enferman a la gente. Y
se debería decir que es sencillamente imposible que haya "buenas
prácticas agrícolas" que permitan un uso adecuado de los
mismos.
Ahí es donde se
cae este discurso de las "buenas prácticas agrícolas",
porque -por mejores prácticas agrícolas que haya, en un país donde
se aplican 450 millones de litros de agrotóxicos por año- el nivel
de exposición del suelo, del agua, del aire, de las nubes -en las
que ya se ha comprobado que llueven pesticidas- y, por supuesto, en
la salud de los animales, de las plantas y las personas, el efecto
venenoso es absolutamente inevitable.
Esto es lo
primero que hemos denunciado las organizaciones que nos oponemos a la
implementación de esta norma. Lo que claramente plantea la
mencionada resolución es que habilita para ser fumigadas aquellas
zonas a las que llama -en forma hipócrita- "zonas de
amortiguamiento". Estos lugares serían todas las zonas que son
cercanas -por ejemplo- a las escuelas, a núcleos urbanos, y que
deberían excluirse de las fumigaciones, como ya está pasando en
muchos municipios, donde se logró (como por ejemplo en Marcos Paz)
que en las escuelas rurales no se permita fumigar a menos de 1000
metros de distancia.
Entonces, todas
estas conquistas se caen por la borda, cuando el planteo del
Gobierno, tanto Nacional como provincial, es que se crean esas
supuestas "zonas de amortiguamiento", y la única
“exclusión” que habría para las fumigaciones es el inverosímil
artículo que versa que "no se puede fumigar en horario
escolar", es decir, cuando los chicos están en la escuela. El
absurdo que esto significa es indescriptible, porque cuando se fumiga
permanentemente, la permanencia de los tóxicos es total. Es decir,
pueden estar fumigando hasta un minuto antes de que los chicos entren
a la escuela, y esto hace que todo el ambiente en el cual los chicos
están expuestos, esté contaminado. Es realmente brutal. Una
situación similar ocurre con las zonas urbanas, con la periferia de
las ciudades, en las que “se puede fumigar hasta el borde de las
casas”, dentro de los requerimientos que plantea esta resolución,
los cuales son bastante absurdos.
Parte de lo
ilógico que implica esta norma se refleja en que plantea que, para
la aplicación de lo que ellos llaman "fitosanitarios", y
que no son otra cosa que agrotóxicos, deberán considerarse "las
características intrínsecas del producto a utilizar (ejemplo
toxicidad y tensión de vapor), la regulación necesaria del equipo
(ejemplo velocidad de avance, presión y caudal de trabajo, tamaño
de gota, altura de los picos pulverizadores y tipo de boquilla) y las
condiciones meteorológicas antes y durante la aplicación (ejemplo
temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento)".
Es decir que es absolutamente imposible que esto se haga cada vez que
se aplica agrotóxicos -más allá de que ninguno de estos datos va a
garantizar nada si se está fumigando a 100 metros de una casa-.
Cabe recalcar en
este sentido que en Argentina se están utilizando más de 400
millones de litros de veneno por año, y solamente de Glifosato se
están usando cerca de 250 millones de litros anuales. Con lo cual,
aquellas supuestas "medidas de seguridad" que se plantean
en la resolución, no significan nada en la práctica. Esto
-definitivamente- es un atropello. Habilita a que -con esta supuesta
cobertura de las "buenas prácticas agrícolas"- estemos
expuestos a que lleguen echándonos venenos hasta la puerta de
nuestras casas.
En una segunda
parte, se "exige" -supuestamente- la "presencia del
profesional interviniente que determine las previsiones a tener en
cuenta al inicio y durante la aplicación, pudiendo determinar la
suspensión". Esto -realmente- es un chiste. Nunca se va a
lograr que haya un agrónomo presente. Por supuesto, plantean que los
interesados van a tener que ir a "jornadas de actualización"
de "técnicas específicas", pero en verdad es todo un
maquillaje, con el fin de seguir alimentando el negocio de las
corporaciones de agrotóxicos como Bayer, Monsanto, Syngenta, y todas
las demás.
Esta "resolución"
no va a resolver -de ninguna manera- problema alguno, y -claramente-
los va a agravar, porque habilita a las transnacionales agrotóxicas
para que sigan envenenando todo. Mientras tanto, las comunidades
locales están peleando para que se alejen las fumigaciones. En
algunos sectores se está trabajando para concientizar sobre que se
lleve a cabo la producción agroecológica, sin utilizar
agroquímicos, lo cual es -realmente- el futuro de la producción
agropecuaria.
El ministro de
Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, no
casualmente fue funcionario, empleado, y gerente de Monsanto, en el
área de Semillas, y de allí pasó a trabajar a la Provincia.
Obviamente está apoyando esta resolución, y alimentando en
consecuencia los negocios de la empresa para la que alguna vez
trabajó, y que -claramente- uno podría sospechar que sigue
trabajando todavía, más aún cuando habilita una resolución de
este tipo.
Frente a este
ataque a la salud y la vida, existe una férrea oposición que está
llevando a cabo una campaña a la que han adherido más de 250
organizaciones, con el objetivo de que se exprese claramente el
rechazo a esta decisión absurda, y que se vuelva atrás con esta
resolución. Esto no es un hecho aislado, no es un error, esto es
parte intrínseca de la política del Gobierno Nacional, conducido
por Mauricio Macri, y de cómo las carteras de Salud, Agroindustria,
Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología, están promoviendo estas
"buenas prácticas agrícolas", que -en verdad- es una gran
farsa.
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Fuente:
Carlos Vicente, Crónica de cómo Vidal legalizó envenenar a la población con agrotóxicos, enero 2019, Revista Crítica.
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