Trescientas
organizaciones sociales, educativas y de derechos humanos declararon
oponerse “a esta norma que busca promover el modelo de agronegocios
basado en el uso indiscriminado de agrotóxicos”.
por Roberto Andrés
Un amplio rechazo
generó la resolución 246-MAGP-18 del Gobierno de la provincia de
Buenos Aires que habilita fumigaciones aéreas y terrestres con
agrotóxicos sin restricción. Unas trescientas organizaciones
sociales, educativas y de derechos humanos emitieron un comunicado en
donde declararon: “Nos oponemos con firmeza a esta norma que busca
promover el modelo de agronegocios basado en el uso indiscriminado de
agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la
población sino la afectación del medioambiente y la soberanía
alimentaria”.
Entre las
organizaciones firmantes se encuentran el CELS, la Red de Abogados de
Pueblos Fumigados, las dos CTA de provincia de Buenos Aires, la Unión
de Trabajadores de la Educación (PBA), la Asociación de
Trabajadores del Estado (PBA), la Unión de Trabajadores de la Tierra
(UTT), la multisectorial Paren de Fumigarnos, la ONG MAR y diversas
Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria, entre otras. Entre las
personalidades que adhirieron al reclamo se cuentan el secretario
general de SUTEBA Roberto Baradel, la actriz Cecilia Roth, el abogado
ambientalista Enrique Viale y el investigador superior del Conicet
Jorge Marcovecchio, entre otras. El espectro político que adhirió
al rechazo abarcó desde el GEN de Margarita Stolbizer y el
kirchnerismo hasta la izquierda trotskista.
Según la
resolución provincial, a partir del 1° de enero de este año se
incorporan dentro de la zona de amortiguamiento “lotes contiguos al
área urbana, zona residencial extraurbana, área de población
dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo,
establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas
naturales”. Pese a que la resolución 246-MAGP-18 (firmada por el
ministro de Agroindustria de la provincia y ex CEO de Monsanto,
Leonardo Sarquis), fue aprobada el 17 de octubre, recién se dio a
conocer el 17 de diciembre en el Boletín Oficial N° 28422 de PBA.
“Esta
resolución autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en
toda la Provincia de Buenos Aires, (…) sin especificar ningún tipo
de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las
viviendas donde reside la población”, señalaron las
organizaciones. “El único límite a la aplicación de agrotóxicos
de acuerdo a la resolución 246-MAGP-18 es el horario escolar”.
Según los
denunciantes, “a fin de proteger el derecho a la salud y al
medioambiente, varios municipios en la provincia de Buenos Aires han
prohibido el uso de agrotóxicos, fomentando la agroecología como
modelo de cultivo. Otros, sin prohibir los agrotóxicos, han regulado
limitaciones a su aplicación en lugares residenciales, fijando
distancias mínimas, como es el caso de General Pueyrredón”.
Uno de los casos
más emblemáticos a nivel nacional en el último tiempo ha sido el
fallo inédito de la Justicia de Entre Ríos, la provincia más
fumigada del país, que prohibió fumigar a 1000 metros de las
escuelas rurales y a 3000 metros en caso de fumigación aérea. Por
otro lado, desde mayo del 2016 viene funcionando una Red Nacional de
Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (RENAMA),
entre cuyos objetivos está el asesoramiento a los municipios y sus
productores en materia agroecológica, tanto en producciones
extensivas como en urbanas y periurbanas.
“En este
contexto, la resolución 246-MAGP-18 se presenta como una norma
manifiestamente regresiva que busca reabrir el debate en torno a las
limitaciones a los agrotóxicos, habilitando la modificación de
normas municipales para hacerlas más permisivas”, señalaron.
“Corresponde
aclarar que, si bien la resolución cita como antecedentes a la
Constitución Nacional, Provincial y a las leyes ambientales, su
contenido es contrario a la protección de la vida, la salud y la
integridad física de las personas, al mismo tiempo en que tiene
consecuencias devastadoras para el ambiente. Los agrotóxicos
contaminan la tierra, el aire y el suelo progresivamente”.
Finalmente,
también se rechazó que “la resolución 246-MAGP-18 debilita el ya
débil control del Estado en la aplicación de agrotóxicos, al
delegar en los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y
los privados que requieren la aplicación de agrotóxicos, la
decisión de con qué y cómo fumigar, sin mencionar la necesidad de
contar con una receta agronómica a través de la cual el Estado
ejerce actualmente un control de la fumigación”.
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Crónica de cómo Vidal legalizó envenenar a la población con agrotóxicos
Fuente:
Roberto Andrés @RoberAndres1982, Amplio rechazo a la habilitación de María Eugenia Vidal para fumigar escuelas rurales, 11/01/19, La Izquierda Diario. Consultado 12/01/19.
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