martes, 7 de julio de 2015

El otro glifosato

por Lázaro Llorens

Tras 20 años de aplicación, la agricultura intensiva basada en el uso de agroquímicos y semillas transgénicas está mostrando sus secuelas. Por el uso intensivo del glifosato sobre el campo argentino, una docena de malezas se han hecho inmunes a este herbicida. Ante esta situación, productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe comenzaron a utilizar mayores dosis de otro herbicida muchísimo más toxico: el 2,4D.

Diseñado por la compañía Dow Chemical en 1946, es varias veces más tóxico que el glifosato de Monsanto; fue un componente del letal “Agente Naranja” con el cual el ejército de Estados Unidos fumigó durante años Vietnam y cuyas secuelas en la población aún laten. Por esta razón, está cuestionado en Estados Unidos y Canadá, prohibido en algunos países de Europa, y también en varias provincias argentinas.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) lo clasifica de “moderadamente peligroso” (Categoría II), mientras que la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC), que depende de la OMS, en julio pasado lo definió como “posiblemente cancerígeno”.

El problema con el 2,4D es que en su versión líquida es un herbicida altamente volátil, sensible a las altas temperaturas, que puede desplazarse hasta treinta kilómetros tras su aplicación. Por eso, por su uso intensivo en la pampa donde los vientos surcan, ha impactado gravemente en las ciudades y pueblos aledaños, provocando daños ambientales, impacto sobre la salud de los vecinos y aprietes a los profesionales médicos que cuestionen su aplicación.

Las secuelas del uso de este agroquímico sobresalen en los partidos bonaerenses de Pehuajó, América, Carlos Casares, Trenque Lauquen, donde los cultivos de soja, maíz, girasol, y trigo transgénico crecieron en los últimos años. De estos pueblos, uno de los más afectados es Trenque Lauquen (Laguna Redonda en mapuche).

“Hace veinte años que detectamos malformaciones en los árboles. Si bien, durante un tiempo el 2,4D se había dejado de usar, el aumento de la resistencia de la maleza al glifosato hizo que el 2,4D vuelva a usarse. Y ahora, mezclado con glifosato”, relata a Veintitrés la trenquelauquense Patricia Domínguez, antropóloga y una de los principales referentes de la agrupación Vecinos Autoconvocados por el Control de Agrotóxicos.

Respecto de las enfermedades que acarrean el uso de los agroquímicos, los vecinos denuncian un ocultamiento a las estadísticas oficiales. “De junio a diciembre, que es cuando se prepara la tierra para la siembra directa con el barbecho, se respira un aire contaminado”, comenta el médico local Pablo Reyes. “Está el caso de un chico que murió y cuando le hicieron los análisis de la malformación se detectó que tenía el componente 2,4D en la sangre”, agregó.

A lo anterior se le añade el polémico desplazamiento del director del hospital de la localidad 30 de agosto, doctor Héctor Boffi, unas semanas atrás, por relacionar la aparición e incremento de determinadas enfermedades con el uso de agroquímicos. Con cifras en la mano, Boffi demostró que en los últimos cinco años estallaron los indicadores de cáncer, abortos y malformaciones en 30 de Agosto, la segunda ciudad más importante de Trenque Lauquen. También destacó que el 40% de los primeros embarazos terminan en aborto espontáneo.

Las cifras no le cayeron nada bien al intendente Raúl Feito, del Frente Renovador y le solicitó la renuncia a Boffi, soslayando que una investigación del 2013 de la Universidad Nacional de La Plata había alertado que 30 de Agosto era una las poblaciones más afectadas por la aplicación de agroquímicos en toda la provincia de Buenos Aires, con fumigaciones que se hacen casi en la puerta de las casas.

Los vecinos de Trenque Lauquen además acusan a Feito de tener cajoneada una ordenanza sancionada para regular las fumigaciones pero que el intendente nunca promulgó. También de ocultar estudios oficiales sobre el impacto del 2,4D en las arboledas de la ciudad.

“En el 2013 se sancionó una ordenanza donde se prohibió la pulverización aérea. Pero no se ha estado cumpliendo porque el intendente nunca la reglamentó”, comenta a Veintitrés Dolores Iturralde, una vecina de 30 de Agosto. “Por este no cumplimiento, el año pasado la fumigación fue muy agresiva en Trenque Lauquen afectando los árboles. Ante nuestro reclamo, las autoridades tomaron muestras de los ejemplares afectados y las mandaron a analizar para ver si era producto del 2,4D. Sin embargo, hasta el día de hoy, no conocemos el resultado”, comentó  Iturralde.

Su relato parece una copia calcada de lo que sucede en muchos pueblos del interior de Córdoba, provincia donde tuvo lugar la primera causa con condenas efectivas por fumigaciones, conocida como “Caso Ituzaingó”. Si bien aquí el 2,4D está prohibido en los departamentos Capital, Totoral, Río Primero y Calamuchita, no lo está en la región pampeana, donde se produce gran parte de los granos argentinos. Por ende, el herbicida 2,4D junto al glifosato siguen haciendo estragos.

“Es muy común ver en los árboles de muchos pueblos de Córdoba que tienen las ramas de los brotes totalmente modificados. Esas son degeneraciones cancerosas de la misma planta”, describe a esta revista el médico Medardo Ávila Vázquez, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, miembro de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. El doctor Ávila Vázquez, junto a un equipo de profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba, publicó recientemente un polémico estudio revelando que en la ciudad Monte Maíz, ubicada al sudoeste de Córdoba, hay prevalencias de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos y otras afecciones, de lo cual no es ajeno el 2,4D. “En Monte Maíz, el 2,4D lo están usando cada vez más. El INTA recomienda, para fumigar una hectárea, 2 litros y medio de glifosato y medio litro de 2,4D. El tema es que como el glifosato ha perdido potencia y las plantas se han ido haciendo resistentes, los productores lo mezclan cada vez con más 2,4D. Hay que destacar que este herbicida es un producto sumamente venenoso. Actúa en el humano alterando su inmunidad. Es decir, afecta el sistema inmunitario del humano”, explica Ávila Vázquez, reconocido por su lucha contra el uso de agroquímicos en la agricultura.

Nuevamente, como en el caso del médico de Trenque Lauquen, las conclusiones de Ávila Vázquez trajeron represalias por meterse con los agroquímicos. Primero, el consejo directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC no avaló su trabajo realizado en Monte Maíz, ciudad que ni siquiera tiene una ley de regulación de fumigaciones. DEspués, el rector de la Facultad de Agronomía de la UNC, el ingeniero agrónomo Marcelo Cornero, productor agrario, realizó un pedido de sumario contra Ávila Vázquez.

Aun así, su investigación sirvió para que al cierre de esta edición el Concejo Deliberante de Monte Maíz, una localidad de 9 mil habitantes, se dispusiera a aprobar una ordenanza para regular las fumigaciones, estableciendo un área de exclusión de entre 100 y 1.000 metros.

Cabe destacar que por su impacto, en la actualidad, seis provincias prohíben total o parcialmente el uso de este herbicida. Además de Córdoba (parcial), lo hacen Tucumán, Chaco, Entre Ríos, Santiago del Estero y Santa Fe. Esta última provincia, importante productora de granos, cuyos habitantes padecen una tasa de cáncer entre dos y cuatro veces superior a la media según estudios, dictó la resolución 135 de febrero pasado, cuyo artículo primero prohíbe “el uso y/o aplicación en todo el territorio de la provincia de Santa Fe, por cualquier medio y para cualquier tipo de cultivo, ya sea intensivo o extensivo, el producto 2,4D en su formulación líquida”.

En abril pasado, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través de su titular, Gabriel Delgado, autorizó la comercialización condicionada, en todo el territorio argentino, de la soja RR de Dow Chemical, tolerante al glifosato, glufosinato y el polémico 2,4D a traves de la resolución 98/2015. Veintitrés se comunicó con la Secretaría pero hasta el cierre de la edición no respondieron.

Esta aprobación, realizada sin estudios de impacto ambiental ni audiencias públicas, fue objetada por distintas organizaciones. “El gobierno nacional ha aprobado la soja resistente al 2,4D de Dow Chemical, pero nosotros, con la red de abogados de los pueblos fumigados, la hemos cuestionado porque no tiene estudio de impacto ambiental ni se llamó a audiencias públicas. O sea, lo hizo de manera casi ilegal. Tenemos muchas esperanzas de anular esta autorización dado que su uso sería terrible. La exposición al 2,4D aumentaría muchísimo en toda la poblaciones. Pudiendo llegar a remplazar al glifosato”, advierte el doctor Ávila Vázquez.

Fuente:
Lázaro Llorens, El otro glifosato, 07/07/15, Revista Veintitrés.

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