El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC) y
organizaciones sociales y políticas se concentraron anteayer por la tarde frente al
Congreso de la Nación
para exigir “juicio y castigo a los responsables materiales, ideológicos y
políticos del asesinato del campesino Miguel Galván”, ocurrido el último
miércoles y por el que acusan al empleado de un empresario agropecuario que
habría actuado como sicario. “Nuestra lucha va a continuar, no queremos ni un
muerto más por la violencia del agronegocio”, dijo a Página/12 Ricardo Cuellar,
integrante del Mocase-VC y representante del pueblo Lule Vilela, etnia a la que
también pertenecía la víctima.
Encabezado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena
(MNCI) y su expresión santiagueña, el Mocase-VC, cerca de las 14 arrancó el
acto central en un escenario improvisado sobre la avenida Rivadavia, frente al
Congreso. “Esta movilización la hacemos para repudiar la violencia que venimos
sufriendo y que cada vez se lleva consigo más vidas”, expresó Cuellar. “Estamos
conmovidos y hoy (por anteayer) vinimos hasta Buenos Aires para buscar apoyo a
nivel nacional, porque en nuestra provincia estamos olvidados por la política
que lleva adelante el gobernador Gerardo Zamora, quien parece que se ha dejado
dominar por todos los empresarios sojeros que vienen a quedarse con nuestra
tierra y a destruirla”, añadió.
“Denunciamos hace años que se venían instalando en nuestras
tierras empresarios que tienen bandas armadas que nos vienen a provocar día
tras día. De estos hechos, los funcionarios de Santiago del Estero están
enterados, ya que ellos mismos crearon un Comité de Crisis (para gestionar el
conflicto de tierras) y constataron la gravedad de los episodios que las
familias campesinas venían denunciando por parte de empresarios y grupos
armados que responden a ellos. Vemos que la policía y los jueces no actúan y
tenemos que lamentar otra víctima en nuestras tierras”, agregó Cuellar. “No
queremos contaminación, por eso exigimos a los gobiernos que nos respeten y nos
entreguen lo nuestro”, añadió.
Por su parte, Marcelo Palmar, miembro del Mocase-VC, dijo
que “el gobierno santiagueño pareciera que está más interesado en defender a
los empresarios agropecuarios y a sus bandas armadas, que en escuchar nuestro
reclamo y defender la vida”. “Ya no está quedando territorio en el norte de la
provincia, porque los empresarios sojeros están avanzando indiscriminadamente
alambrando el territorio de las comunidades indígenas apoyados, claramente, por
los funcionarios locales que los avalan”, agregó.
Del acto también participaron las Madres de Plaza de
Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas y Mirta Baravalle. “Basta de tapar a la
gente que reclama sus tierras. Hoy pedimos que se cumpla el convenio 169 -que
implica el reconocimiento de mayores derechos a los pueblos indígenas- y las
leyes para la devolución de las tierras, para que se frenen los desalojos a los
campesinos y a los pueblos indígenas”, dijo Cortiñas. “Esos desalojos llevan
al malestar y luego a la muerte. Hay que luchar hasta vencer, para que los
responsables devuelvan las tierras, para que no persigan y no maten”, añadió.
Además, Cortiñas sostuvo que Madres de Plaza de Mayo-LF
“repudia esta muerte y la persecución en las muertes que ocurrieron en la
colonia qom La Primavera ,
en Formosa, y las amenazas que sufre Félix Díaz”. Mirta Baravalle expresó que
“las Madres lamentan que otro inocente muera por querer defender su
territorio”. “Lamentablemente, los funcionarios ya sabían que podía haber otro
crimen, dejando al desamparo emocional a toda su comunidad por la pérdida de un
ser querido, y no hicieron nada por impedirlo”.
Julián Roqué, dirigente del Mocase-VC, señaló que “hay
responsabilidades muy grandes y muy graves desde lo político por hechos que hoy
tenemos que lamentar con muertes”. “Le decimos al gobernador Zamora que se
tiene que hacer cargo políticamente del conflicto de tierras y hace vista al
costado. Pedimos que cumpla con el deber de funcionario público, porque está
para velar por los derechos humanos y por la vida de los campesinos”, añadió.
Por su parte, Raimundo Laudero, integrante del MNCI de Mendoza, comentó que
“hay otro compañero asesinado, víctima del avance del agronegocio y el capital
sobre las familias campesinas”. “Mostramos nuestro repudio y exigimos el
urgente tratamiento de la ‘ley para frenar los desalojos de comunidades
campesinas’, que se llama Cristian Ferreyra, en honor a nuestro
compañero que también fue asesinado hace casi un año por un empresario sojero
en Santiago del Estero”, agregó.
Participaron del encuentro agrupaciones políticas sociales
como Movimiento Evita, Los Pibes, Partido Obrero, Proyecto Sur, entre otros,
que junto a las organizaciones campesinas corearon “Ni un muerto más, la tierra
es nuestra”. También adhirieron al pedido de justicia por Galván varios
diputados nacionales.
El asesinato de Galván ocurrió el último miércoles por la
tarde y en la puerta de su casa, cuando un hombre que responde a un empresario
agropecuario salteño llegó a la casa de la víctima y lo mató de una puñalada en
la yugular. La familia Galván había denunciado en varias oportunidades amenazas
de muerte y golpizas por parte del supuesto sicario y allegados a él. La Policía Regional
Nº 5 de Monte Quemado “confirmó que se realizó la autopsia correspondiente a la
víctima para determinar las causas del deceso, y que en los próximos días se
darán a conocer los resultados”. Sin embargo, la policía local no brindó datos
precisos sobre el supuesto autor material del crimen.
Proyecto contra los desalojos
El próximo martes a las 11 en el salón José Luis Cabezas del
Congreso de la Nación
será presentado el proyecto de ley para frenar los desalojos de comunidades
campesinas, con el objetivo de exigir su urgente tratamiento. El proyecto lleva
la firma de varios diputados del Frente para la Victoria y Nuevo
Encuentro, y fue elaborado hace más de un año para cuestionar el modelo
extractivo y el avance de los agronegocios.
Entre sus puntos más salientes, el escrito declara “la
emergencia territorial por el plazo de cinco años en materia de posesión y
propiedad de las tierras rurales que ocupan en calidad de poseedoras las
comunidades campesinas y agricultores familiares”.
Asimismo, el proyecto de ley “solicita la suspensión de desalojos
durante cinco años e insta en los tres primeros a realizar un relevamiento de
posesión y uso de tierras”. Además, indica que “la Autoridad de Aplicación
será el Ministerio de Agricultura, pero con la participación indispensable de
las organizaciones campesinas”.
Condena del CELS
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó que
el asesinato del campesino santiagueño Miguel Galván, cometido cuando defendía
la posesión de sus tierras, representa “una nueva demostración de la urgente
necesidad de detener los desalojos” de territorios.
En un comunicado, el CELS condenó el homicidio de Galván,
perpetrado en la tarde del miércoles en el paraje Simbol, a 400 kilómetros al
norte de la capital de Santiago del Estero y en una zona limítrofe con Salta.
Además, indicó que “resulta indispensable” que el Congreso de la Nación discuta el proyecto
de ley contra los desalojos de tierras rurales de campesinos, consensuado por
distintas organizaciones e ingresado en la Cámara de Diputados en noviembre de 2011.
Fuentes:
“Ni un muerto más por el agronegocio”, 12/10/12, Página/12.
Proyecto contra los desalojos, 12/10/12, Página/12.
Condena del CELS, 12/10/12, Página/12.
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