Miguel Galván, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, fue asesinado por defender el territorio. Las responsabilidades, los desalojos, la soja, Monsanto y las víctimas de un modelo de corporaciones y gobiernos.
por Darío Aranda
Otra víctima campesina-indígena. Otra vez en Santiago del
Estero. Y, otra vez, el trasfondo de un modelo agropecuario que avanza sobre
familiares rurales y pueblos originarios. Miguel Galván, de 40 años, fue
asesinado de una puñalada en la yugular por un “sicario” de un empresario
sojero. El crimen sucedió ayer en el paraje Simbol, en el límite con Salta.
“Todo el año denunciamos que esto se podía repetir y los jueces y el Gobernador
miraron para otro lado”, denunció Deolinda Carrizo, del Movimiento Campesino de
Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina). Afirmó que el motivo de fondo es
“el agronegocio” y exigió al gobierno nacional “acciones contundentes” para
frenar la violencia en el campo. “La ley de freno a los desalojos campesinos
está hace un año durmiendo en el Congreso. No puede ser que tenga que correr
más sangre campesina para que los políticos se pongan de nuestro lado”, lamentó
la dirigente del Mocase-VC.
Miguel Galván integra el Mocase-VC, es parte del Pueblo
Lule-Vilela y trabaja junto a su hermano Rafael en el mismo territorio donde
siempre vivió con su familia. A mediados de este año comenzaron a recibir
amenazas de Paulino Riso, conocido en la zona por ser fuerza de choque de
empresarios agropecuarios que pretenden hacerse de territorios de campesinos e
indígenas.
En un comunicado, el Mocase-VC explicó ayer que las familias
del Simbol “venían siendo hostigadas por sicarios de la Empresa Agropecuaria
Lapaz SA de Rosario al Frontera (Salta), quien pretende alambrar parte del
territorio de las comunidades indígenas Lule Vilela”. Los Galván no permitieron
que la empresa avance sobre sus parcelas y, el 15 de septiembre, comenzaron el
relevamiento territorial estipulado en la Ley 26160 de Emergencia Territorial (sancionada
en 2006, prevé realizar un catastro de todos los territorios indígenas y
suspende los desalojos).
A fines de septiembre se intensificaron las agresiones y el
empresario Facundo León Suárez Figueroa, a cargo de Lapaz SA, denunció por
“usurpación” a los hermanos Galván. El motivo está explicitado en el expediente
judicial: “Lote 4, departamento de Copo, 1622 hectáreas ”,
zona pretendida para soja y maíz transgénico.
Deolinda Carrizo, del Mocase-VC, resume el desenlace: “Los
compañeros defendían el territorio, se la hacían difícil al empresario y a sus
matones, entonces Riso se llegó a la siesta, lo encontró solo al Miguel cuando
daba agua a los animales, y lo acuchilló”.
Carrizo denunció que, hasta la 20 de ayer, el acusado aún no
había sido detenido.
Muerte anunciada
“Se podría haber evitado, va a volver a ocurrir”. Fue el
título del comunicado, del 16 de septiembre, del Mocase-VC. En nueve párrafos,
el movimiento campesino recordó que, previo al asesinato de Cristian Ferreyra,
de 23 años (16 de noviembre de 2011) había alertado sobre la violencia en el
norte provincial. “Habíamos denunciado con anterioridad lo que terminó
ocurriendo. Se podría haber evitado. Y denunciamos que hoy, septiembre del
2012, estamos viviendo en el mismo escenario de muerte y violencia”, advirtió
la organización hace tres semanas.
“Brillaba por su ausencia el gobierno provincial, que no
intervino y permitió que las fuerzas paramilitares de los sojeros se llevaran
la vida campesina”, denunció el Movimiento. Y puntualizó “dos hechos que no
terminaron con la muerte de nadie pero fueron dos ‘Cristian Ferreyra’”.
Recuerda que en diciembre de 2011
balearon en el pecho a Néstor Palacios, campesino que junto a su comunidad
resistió el avance de una empresa agropecuaria de Tucumán.
El otro caso, el 1 de julio de 2012, en territorio salteño,
límite con Santiago del Estero. “El empresario Saa llevó un grupo armado al
mando de José Palavecino para intentar apoderarse del campo comunitario de diez
familias campesino indígenas de los parajes de Choya, Vinalito, Vinal Macho y
Dos naranjos (muy cerca del Simbol). Luego de una semana de amenazas con armas
de fuego, le dispararon a la altura del pecho al campesino Sixto Ruiz, en otro
caso que sólo por suerte no terminó con la muerte del poblador. A pesar de esto,
la policía salteña continúa en el lugar sin permitir el ingreso de las familias
al campo comunitario, prestando adicionales para el empresario”, precisaba el
comunicado de septiembre pasado.
Como una tragedia anunciada, el Mocase remarcaba: “Hoy, entrando
en la recta final del 2012, volvemos a denunciar lo que está ocurriendo, y
vemos con mucho temor que se vuelva a repetir lo del año pasado (… ) En el
Norte de Santiago del Estero y en el sur de Salta hay olor a pólvora, es
nuevamente una zona liberada y caliente. Zona Roja. Y desde este medio,
comprometemos nuevamente a las autoridades nacionales y provinciales, hagan
todo lo que se tenga que hacer, para que cualquier conflicto vinculado a la
tierra tenga resolución civil, constitucional, y que salvaguarde el derecho de
los más olvidados, los más desprotegidos por las fuerzas de seguridad, pero
protegidos por formar parte de una organización que nuclea mujeres y hombres,
sujetos históricos, que no van a permitir que se avasallen los derechos de los campesinos
y de los indígenas. Campesinos e indígenas que desde siempre y para siempre,
amarán y cuidarán la tierra, su territorio”.
Proyecto cajanoeado
El 19 de abril de 2011, en Buenos Aires, una decena de
organizaciones campesinas hicieron público un proyecto de ley para frenar los
desalojos campesinos. Trabajado durante un año y producto del consenso, el
proyecto solicitaba detener los desalojos durante cinco años e instaba a, en
los tres primeros años, realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras.
La fundamentación del proyecto cuestionaba al modelo extractivo, denunciaba el
avance minero y los agronegocios. Los sindicaba como contrarios a la vida
campesina y violatorios de los derechos humanos. Se innovó al proponer la
tierra como un bien social y no como una mercancía. Proponía una mirada
integral de la problemática de tierra, instalaba una política agraria con los
campesinos como actores centrales, con acceso al agua, tierra, créditos y
mensuras.
Fue consensuada y presentada por el Movimiento Nacional
Campesino Indígena (MNCI), el Movimiento Campesino Liberación (MCL), el Foro de
la Agricultura
Familiar (Fonaf), el Frente Nacional Campesino (FNC) y la Mesa Provincial de
Organizaciones de Productores Familiares.
Había pasado casi todo 2011 y ningún legislador había
ingresado el proyecto en el Congreso Nacional.
El 16 de noviembre asesinaron a Cristian Ferreyra.
El 18 de noviembre hubo una masiva marcha en Capital
Federal. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI, donde el Mocase-VC es
una de las organizaciones de base) enumeró cuatro niveles de responsabilidad:
el modelo agropecuario, el gobernador Gerardo Zamora, el Poder Judicial
provincial y el Gobierno Nacional.
Una semana después, el 25 de noviembre, el MNCI se movilizó
hasta el Congreso Nacional junto al Frente Transversal, la Cámpora , el Movimiento
Evita, la CTA
oficialista y Nuevo Encuentro, entre otras organizaciones kirchneristas. El
proyecto de ley de freno a los desalojos fue ingresado con la firma de los
legisladores kirchneristas Diana Conti, Carlos Heller, Edgardo Depetri, Martín
Sabbatela e Inés Pilatti.
A casi un año de su ingreso al Congreso, y con el
kirchnerismo con mayoría en ambas cámaras, aún no fue tratado el proyecto para
frenar los desalojos campesinos.
“No pueden seguir esperando que se derrame más sangre.
Sabemos que no es la solución de fondo, pero esa ley no se puede demorar más,
es la ‘Ley Cristian Ferreyra’ y ahora también ‘Ley Miguel Galván’. No la pueden
demorar más”, reclamó Carrizo, del Mocase-VC, y anunció que hoy jueves al
mediodía el MNCI se movilizará al Congreso para exigir la aprobación de la ley.
Avances
En marzo de 1996, cuando el gobierno de Carlos Menem aprobó
la soja transgénica con uso de glifosato, la oleaginosa ocupaba 6 millones
de hectáreas. Devaluación mediante, en 2003, ya abarcaba 11 millones de
hectáreas. La última campaña, el Ministerio de Agricultura celebró que llegue a
19,8 millones de hectáreas, el 56 % de la tierra cultivada de
Argentina. El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), presentado por la
presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, planifica llegar en 2020 a las 160 millones
toneladas de granos (un 60 % más de la actual cosecha), con un 20 % más de soja.
En sus 180 carillas, el PEA no menciona en ningún momento a
campesinos e indígenas. Apenas tres carillas hablan de “agricultura familiar”.
El sujeto agrario del modelo es el empresariado rural y las grandes empresas
proveedoras de insumos.
El “corrimiento de la frontera agropecuaria”, eufemismo
técnico para graficar la avanzada del agronegocios sobre regiones
extrapampeanas, multiplico los conflictos en el norte de Santa Fe y Córdoba,
Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Salta.
El 15 de junio pasado, en un almuerzo en la sede del Consejo
de las Américas y frente a las mayores empresas estadounidenses, la Presidenta relató:
“Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy
importante en materia de maíz (…) Y además estaban muy contentos porque
Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos
biotecnológicos”.
“Aquí tengo, y esto la verdad que se los quiero mostrar
porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. Una inversión muy
importante en Malvinas Argentinas, en Córdoba, en materia de maíz con una nueva
digamos semilla de carácter transgénico, que se llama Intacta (…) Yo le
comentaba, y la gente de Monsanto no lo sabía, que tenemos una Patagonia en la
cual algún productor argentino tiene producción, por ejemplo, forrajera y que
uno lo puede observar en medio de la estepa patagónica los círculos que
solamente con riego producen forraje de primerísima calidad. Y tenemos también
agua en la Patagonia
(…). Esto nos da la idea de que el elemento vital, agua, nos va a permitir
extender la frontera agropecuaria”.
El 27 de julio, el MNCI difundió un duro comunicado contra
el Gobierno Nacional. “Democracias o corporaciones transnacionales: tiempos de
elección”.
“La
Bienvenida y entrega de nuestros bienes naturales a las
transnacionales es una gran contradicción con otros principios enunciados desde
el gobierno nacional (…) ¿Cómo explicamos que los ‘dueños’ de la tierra y las
transnacionales estén embolsando fortunas y en nuestros barrios y comunidades
aún nos rodea la pobreza? ¿Cómo debemos leer estas caricias discursivas a
Monsanto, Vale, Barrick? La Mesa
de Enlace ve satisfecha cómo se reconoce su discurso y su modelo. El ‘yuyo’ ya
no es maldito, ahora es bendecido, y los ruralistas van por más”.
El Movimiento Campesino Indígena sabe que el avance del
agronegocio implica un avance sobre sus territorios, con más desalojos,
desmontes, agrotóxicos y represión: “Nuestra posibilidad de vivir, trabajar y
producir se ve amenazada con cada paso que dan las transnacionales en nuestro
territorio, y es por esto que vamos a combatirlas hasta nuestra última gota de
aliento. Se trata de vidas, de millones de vidas que están en juego”.
Tres semanas después del comunicado del MNCI, el Gobierno
aprobó la nueva soja de Monsanto.
Responsabilidades
El comunicado del Mocase-VC de ayer a la noche era claro:
“El gobernador Gerardo Zamora una vez más es responsable de la muerte de un campesino indígena, como lo fue
la de Cristian Ferreyra (…) Son conscientes de sus responsabilidades políticas
los funcionarios santiagueños inoperantes y cómplices de estos asesinatos de
los guardianes de la producción campesina indígena. Exigimos juicio y castigo
para los responsables materiales, ideológicos y políticos del asesinato de
Miguel Galván”. En el último párrafo, exigen “aprobación urgente” de la ley que
frena los desalojos de campesinos.
- ¿Qué responsabilidad tiene el modelo agropecuario?
(preguntó este periodista)
Deolinda Carrizo, experimentado cuadro del Mocase-VC y del
MNCI, respondió de inmediato: “Estos asesinatos los provoca el programa
estratégico de los agronegocios, las empresas transnacionales y locales que
impulsan la soja, que se vienen con el último maíz transgénico, con los
agrotóxicos, los agrocombustibles y toda la bosta que venden como un modelo
exitoso. ¡Exitoso una mierda. Se lleva la vida de compañeros del campo!”
- En el comunicado está bien clara la responsabilidad que le
asignan al gobernador Zamora. Hasta hace una hora, el Gobernador estuvo en un
acto en Casa de Gobierno con la
Presidenta. ¿Qué responsabilidad le cabe al gobierno
nacional?
“La Deo ”
–como se la conoce en el MNCI– se toma un segundo para contestar, pero no le
escapa a la pregunta: “Los gobiernos son circunstanciales y nuestra lucha no
empezó ni se terminará con este Gobierno. Nosotros luchamos por vivir y
trabajar en el campo, para producir alimentos sanos para el pueblo, luchamos
por la soberanía alimentaria. Y está bien clarito qué modelo apoya este
Gobierno”.
Una lista que crece
Javier Chocobar, comunero diaguita de comunidad Chuschagasta
(Tucumán). Asesinado el 12 de octubre de 2009.
Sandra Ely Juárez murió frente a una topadora de un paro
cardiaco el 13 de marzo de 2010, paraje campesino de San Nicolás (Santiago del
Estero). 33 años, dos hijos.
Roberto López, abuelo qom de la comunidad Potae Napocna
Navogoh (La Primavera ,
de Formosa). Asesinado en la represión policial del 23 de noviembre de 2010. La
comunidad apuntó al gobernador Gildo Insfrán, que gobierna la provincia desde
1995, diecisiete años en el poder.
Mario López, dirigente del Pueblo Pilagá de colonia Alberdi
(Formosa). Murió atropellado por un oficial de policía el 24 de noviembre de
2010, cuando se dirigía hacia la comunidad La Primavera para
solidarizarse por la represión. Su familia denunció, y aún sostiene, que no fue
un accidente, sino un atentado.
Martíres López, histórico y activo dirigente qom de la Unión Campesina de
Chaco y de la
Corriente Clasista y Combativa. Murió el 14 de junio de 2011,
luego de un dudoso accidente cuando circulaba en moto por la localidad de Pampa
del Indio. La familia, y la organización en la que militaba, iniciaron una
causa en la que denuncian “homicidio”.
Cristian Ferreyra, 23 años, padre de un niño, militante del
Movimiento Campesino de Santiago del Estero, asesinado el 16 de noviembre de
2011 en el paraje San Antonio, norte de la provincia.
Miguel Galván. 10 de octubre de 2012.
Darío Aranda, El modelo sumó otra víctima, 11/10/12, http://darioaranda.wordpress.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario