Crónicas desde el Juicio a la Fumigación: día 12

Cuatro testigos se agregarían para prestar nuevos testimonios. Dos de ellos, la señora Araya y el señor Natalio Tita, fueron convocados por la defensa, mientras que Mauricio Cuevas y Antonio Patti, fueron incorporados por la fiscalía.

Esta mañana, comenzó la décima segunda instancia del juicio por fumigación en Barrio Ituzaingó. Hasta el mediodía, se tomaron los testimonios del ingeniero químico, Marcos Tomasoni y del doctor, Ricardo Antonio Fernández.

Desde la querella, se interrogó por más de una hora al ingeniero. Tomasoni es integrante del colectivo Paren de Fumigar Córdoba y uno de los propulsores de las iniciativas llevadas a cabo en Oncativo relacionadas a la prohibición de agrotóxicos en distintas zonas.

Como profesional, trabaja en estudios relacionados con el impacto ambiental y el tratamiento de los residuos peligrosos. Explicó, desde sus conocimientos, las implicancias del uso de agrotóxicos y como estos dejan derivas en el ambiente, que afectan directamente a las sociedades.

“…existen tres tipos de derivas, entendiendo a estas como las partículas que no dan en el blanco y se disipan en el ambiente. Los factores ambientales como la humedad y la temperatura influyen en la distribución y el esparcimiento de las partículas de pesticidas, herbicidas o fungicidas…”, comentó el testigo.

Además, agregó “… la dispersión de los agrotóxicos también depende de cómo se los aplica. Si se aplica de forma manual, va a haber menos derivas que si se lo realiza con un avión…”. Según los datos suministrados en audiencias anteriores, se estableció que Córdoba sufrió grandes precipitaciones entre las primeras semanas de febrero de 2008, por lo cual no hubiera sido posible la utilización de un mosquito para la fumigación.

También, se hizo alusión a la diferencia entre las moléculas y su capacidad de dispersión. Un ejemplo de esto es el Endosulfan el cual es muy volátil, mientras que el Glifosato, no lo es, sino que tiene mayor permanecía en las napas de agua.

Más allá de los datos brindados por Tomasoni desde sus conocimientos como ingeniero químico, presentó un trabajo realizado por la cátedra de Problemática Ambiental de la Universidad Nacional de Córdoba.

El estudio presenta mapas relacionados al alcance que puede tener una nube de deriva según el viento presente. Para ello, se han tenido en cuenta muestras que datan de más de doce años.

Después de un debate entre la defensa y la fiscalía, el tribunal resolvió la recepción de la investigación. Para conocer en profundidad este trabajo de investigación de la UNC, ahora como evidencia de la causa, vea más abajo la nota titulada El modelo a la deriva: la dispersión de los plaguicidas como prueba del delito.

Aproximadamente a las 12 del mediodía, comenzó la exposición del segundo testigo. Fernández fue uno de los que intervinieron en el estudio de muestras pilotos en el Barrio Ituzaingó en el año 2005. También, participó del muestreo realizado en 2010 dejando ya de ser pilotos y con una población aleatoria.

En el primer estudio se pudo establecer, dentro de un grupo de treinta chicos, la presencia de arsénico, cromo y plomo en el 86 % de ellos. El doctor estableció que ello podía ser causa del contacto con estos elementos en alimentos o por aire.

Los resultados, no podían dejar de ser una posibilidad de asociación, ya que no existía, hasta el momento, otros estudios para compararlos. Aun así, si está comprobado que la exposición a ciertas sustancias como al HCH pueden, de forma probabilística, implicar cáncer.

Los aportes de Fernández dejaron en claro la disminución de ciertas sustancias en los cuerpos de los niños. Explicó que esto, fue consecuencia de varios factores como pueden ser la educación, las nuevas medidas preventivas y la vigilancia epidemiológica.

El secuestro del mosquito verde

La tarde dio comienzo con el testimonio del Comisario Rafael Ibarra, citado por la fiscalía. Apenas ingresa, reconoce a Gabrielli por vivir próximo a capilla de los remedios.

En febrero del 2004 el Oficial, como miembro del CIE, había concurrido al campo del imputado Parra junto con un equipo especial con el objetivo de “secuestrar elementos de agroquímicos”. En el lugar, habían sido recibidos por la señora Hilda Merlo, esposa de Rafael Parra y copropietaria del campo.

El policía declaró haber sacado tres plantas de soja con su tierra, haberlas aislado y entregado a los especialistas correspondientes. Los estudios para detectar la presencia de agroquímicos en esas pruebas dieron positivo.

Debido a que no recuerda claramente el procedimiento del 11 de febrero de 2004, el fiscal Novillo le solicita la lectura de la declaración en esa oportunidad. El fiscal cuenta que obra allí otro procedimiento de 2004, consta de un secuestro de una maquina fumigadora. Luego, el mismo testigo leyó su declaración sobre ese segundo allanamiento que se había hecho en el domicilio de Parra, en barrio Ferreyra. En esa ocasión se habían sacado fotografías y muestras químicas. Se habían hallado bidones con tres insecticidas diferentes, y una máquina fumigadora mosquito, de la que se tomó una muestra líquida del veneno que llevaba dentro.

Antes de retirarse el testigo, se dejó constancia entonces de esa nueva incorporación de prueba del 20 de junio de 2004.

Listas “infladas”

El señor Marcelo Ponce, presidente del Centro Vecinal de Barrio Ituzaingó Anexo, testigo de la defensa presta testimonio seguidamente. Antes de proceder, el Presidente del Tribunal le recuerda su intervención en la inspección ocular (en la que él y un grupo de vecinos se acercaron con mucha prepotencia a manifestarse contra las madres) y le resalta que cualquier falacia en sus testimonio sería penada por ley.

El testigo, que habita en dicho barrio desde el año 77′ y participa en el centro vecinal desde el 99′, fue citado por la defensa para “contar un poco” acerca de las problemáticas barriales. Cuestión que llevó a que se extendiera su relato en los enfrentamientos con el grupo de Madres.

“Vivo desde el año 1977. Desde el 1999 que empecé como vocal desde ahí estuve integrando distintas funciones del centro vecinal. Recuerdo que por alla por el 2001 un grupo de vecinas del barrio, que tengo bien identificadas por supuesto. Empiezan a manifestar que hay una problemática ambiental. Se acercan a la institución y ahí empezamos a trabajar a la par de ellas”. Mas adelante aclaró que ese grupo había coactuado con el centro vecinal, hasta que una serie de diferencias y confrontaciones (que el presidente del centro detalló) terminó en la disociación de estas organizaciones.

Luego, el testigo argumentó que “la lista” de muertos por cáncer es una lista “inflada”, y al no ser elaborada por los profesionales pertinentes, no es fehaciente. La “lista” (que en realidad sería sólo una cifra estimativa de muertos) tendría muchos muertos “inventados” aunque él nunca se preocupó en averiguar cuántos eran en realidad. Agregó que el dispensario del barrio, el UPAS 28, había hecho estudios hacía dos años sin dar cuenta de los resultados. Sobre el estudio de biomarcadores alegó que los niños, aún con un 80 % de agrotóxicos en sangre podían no estar enfermos.

Tras su testimonio el Fiscal Novillo le interroga si tienen ideas de cuantos enfermos de cáncer hay en el barrio. “Nunca me preocupe por eso” (sic) dice y en seguida se corrige que “la función mía es netamente social. Cada uno tiene que ir al médico”. Ante la repregunta aclara que no tiene conocimiento de cuantos enfermos y fallecidos hay.

La prensa, los niños y la desvalorización de los lotes

Avanzado el testimonio el presidente del centro vecinal criticó cómo habían procedido los medios con la problemática del barrio: titulares amarillistas sobre la contaminación en el barrio había provocado mucha discriminación hacia sus vecinos y había desvalorizado los terrenos del barrio. Afirmó: “Nosotros hemos pedido prudencia a la prensa (…) pedi prudencia, había problemas de discriminación a los chicos que buscaban trabajo, se habían desvalorizado las propiedades ahí… la prensa no nos escuchaba a nosotros”.

El Presidente del Tribunal a su momento le recordó que cuando se realizó la Inspección ocular se acercaron vecinos para reclamar que se habían desvalorizado los terrenos.

Con respecto a la ordenanza municipal que declara al barrio en emergencia sanitaria afirma tener conocimiento. Sin embardo, cuando le interrogan sobre los estudios que hizo el centro vecinal al agua dice que no recuerda bien pero cree que le encontraron Endosulfan.

Como documentos solo se basó en un informe del 2002 y la nota periodística donde “en un título muy grande que Raul Giménez de salud de la municipalidad dice que no hay valores relevantes en Bº Ituzaingo anexo”. Posteriormente confunde los resultados de los informes con el articulo periodístico y las declaraciones de Chuit de que no había contaminantes en el barrio.

El extenso testimonio de Ponce también pasó por las avionetas y máquinas mosquitos, ¿vio fumigaciones? Él, por su lejanía al campo, no; pero había hablado con diversas familias (entre las que se encuentra la familia Cuevas que declarará mañana para la fiscalía) que vivían en el límite del barrio que nunca habían visto avionetas, aunque sí máquinas terrestres a 400 metros.

El modelo a la deriva: la dispersión de los plaguicidas como prueba del delito

Un trabajo presentado por la UNC, en junio de este año, se ha agregado como nueva evidencia en la causa. Consiste en una serie de mapas donde revela el camino de los agro-químicos en el aire.

En la continuación de la causa por fumigaciones en barrio Ituzaingó Anexo, en plena jornada del lunes 23 de julio, se agregó una nueva prueba contra los imputados. Se trata de un informe realizado por la Universidad Nacional de Córdoba, concretada el mes pasado, que describe la actividad de los agroquímicos dispersos en el aire, en pleno proceso de cultivo de soja en los campos aledaños al mencionado barrio.

El trabajo lleva de título Mapas de riesgo por deriva de plaguicidas en barrio Ituzaingó Anexo, Córdoba, Argentina. Fue emprendida, entre otros, por los profesores en biología Liliana Argüello y Fernando Barri. Ambos están a cargo de la Cátedra de Problemática Ambiental de la Escuela de Biología, proveniente de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la UNC.

El informe recalca las distintas etapas de la soja a la hora de fumigar: primero, el periodo de pre-siembra, donde se le aplica glifosato; luego, el de diciembre, donde se utilizan fungicidas sistémicos; tercer período en febrero-marzo, bajo el uso de insecticidas; y finalmente, herbicidas en el período post-siembra y en la previa de la cosecha (véase La Transgenidad al Palo: cómo opera el negociado de la soja transgénica).

El experimento del trabajo consistió en la recreación de los recorridos de distintos tipos de pesticidas, mediante un sistema de software de recreación. Se denomina Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory, conocida por sus siglas HYSPLIT. Fue desarrollado por el Laboratorio de Recursos Aéreos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. “Dicho modelo calcula el transporte de una parcela de aire que contiene PM 10 suponiendo que pasivamente es arrastrada por el viento (basado en un modelo meteorológico) de tal modo que su trayectoria resulta solamente de la integración del vector de posición en el tiempo y el espacio. Como resultado el programa arroja una representación gráfica con forma de pluma que demarca el área de dispersión de la sustancia”, señala el informe de la UNC.

Para trabajar con los datos meteorológicos, se recolectó la base del REANALYSIS,  que posee información sobre la misma desde el año 1948.

“Para comenzar la simulación se tomaron como sitio de deriva los dos campos colindantes al barrio denunciados por los vecinos, de 13 hectáreas de extensión”, señala el trabajo que además aclara que “Dentro de cada uno de dichos períodos de catorce días se obtuvieron al azar tres días sobre los cuales se hizo correr la simulación a lo largo de los años 1997 a 2008”. También el trabajo aclara que tanto el sistema de aplicación por mosquito como de avión no arrojan resultados con “diferencias importantes” entre sí.

Se utilizó el famoso sistema Google Earth para la recolección de imágenes. Y finalmente se confeccionaron los mapas para cada plaguicida. Debido a que los niveles de toxicidad son distintos entre los químicos y al considerar el viento como una variable más, se procedió a la realización de cuatro mapas, uno para cada agroquímico en lugar de conformar todo en un mismo mapa.

A partir de la visualización de los cuatro mapas, se llegó a la conclusión general que “entre los años 1997 y 2008 hubo una zona de exposición a plaguicidas provenientes de los campos estudiados dentro del barrio Ituzaingó Anexo. La zona urbana más afectada se localizó en el Centro-SE del barrio, y se identificaron como las áreas de mayor exposición a la deriva las primeras manzanas ubicadas sobre la calle colindante con los campos”.

He aquí los mapas para cada uno de los plaguicidas, con sus zonas de riesgo correspondientes a la aplicación y a la deriva (el rojo es el peligro más elevado; el azul es de menor grado):

Mapa Nº 1: glifosato en el período de presiembra. Clic sobre la imagen para ampliarla

Mapa Nº 2: fungicidas (Benomyl y Carbendazim). Clic sobre la imagen para ampliarla.

Mapa Nº ·3: insecticidas (Endosulfán, Cipermetrina y Clorpirifos). Clic sobre la imagen para ampliarla.

Mapa Nº 4: glifosato en el período de post siembra. Clic sobre la imagen para ampliarla.

“En las cuatro figuras, se observa que los rangos de dispersión celeste, verde y amarillo presentan deriva hacia la dirección suroeste, abarcando aproximadamente las cuadras del sector delimitado por la calle E. Schrödinger y Salvador Mazza, extendiéndose incluso hacia la zona más sur de la urbanización”, detecta el informe.

Además, los científicos remarcan el espacio predominante de los vientos en la zona, con dirección al nor-noreste, facilitando la deriva de los mencionados pesticidas.

El estudio cierra con que “efectivamente existió una zona de exposición a plaguicidas dentro de Barrio Ituzaingó Anexo proveniente de los dos campos estudiados”.

Importante declaración de Adolfo Pérez Esquivel sobre el modelo productivo y las fumigaciones

El denominado caso: “Barrio Ituzaingó Anexo”  o juicio a las fumigaciones, posee la enorme virtud no sólo de haber puesto -por primera vez en el País- en el banquillo de los acusados a dos productores sojeros y el propietario de una empresa de aero-aplicación sindicados de ser supuestamente responsables del “delito de contaminación ambiental” en los términos del art. 55 de la ley n° 24.051, sino que, además, ha permitido poner –en toda su dimensión- la discusión sobre el actual “modelo de producción agropecuario” basado en la utilización del paquete tecnológico compuesto por soja transgénica + productos  agro-tóxicos.

Este “modelo de producción” viene desde hace tiempo, siendo profunda y fundadamente cuestionado por la sociedad civil, principalmente, por vecinos que habitan en cercanías a los predios rurales que habitual y normalmente son explotados con cultivos de soja, organizaciones ambientales, movimientos campesinos y pueblos originarios. Ellos, advierten y denuncian enfáticamente,  la aparición -inusitada- de enfermedades graves (tales como, malformaciones, cánceres, leucemia, lupus, abortos espontáneos, fisura palatina, etc.) asociadas íntimamente con el uso creciente e intensivo de estos productos agro-tóxicos.

Las favorables condiciones externas y los precios internacionales dieron lugar al pujante negocio de la “sojización” es decir, el proceso de pasar de 0 a 18 millones de hectáreas cultivadas, de 0 a 50 millones de toneladas,  de 0 a 20 mil millones de dólares de exportación, y de un consumo  de 0 a 200 millones de litros anuales de glifosato. Pero, lo que resulta verdaderamente alarmante es la contracara de este proceso, representada por la aparición y el incremento  de enfermedades graves asociadas al uso intensivo y creciente de los productos agro-tóxicos, el desmonte y la desaparición de los bosques nativos, el despojo de campesinos y pueblos originarios, violando de esta manera “derechos humanos fundamentales” tales como el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a vivir en un ambiente sano y a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan ( Arts. 33, 41, 75 inc. 17 de la C.N.).

La Red Agroforestal (Redaf), precisa que (sólo en la región del Chaco argentino) se contabilizan 11,4 millones de hectáreas en disputa, y en todo el país existen víctimas de la violación a los Derechos Territoriales como estos casos:

Sandra Juárez murió frente a una topadora el 13 de marzo de 2010, en el paraje campesino de San Nicolás (Santiago del Estero), tenía 33 años, dos hijos.

Javier Chocobar, comunero diaguita de comunidad Chuschagasta (Tucumán), fue asesinado el 12 de octubre de 2009, por ex policías y un empresario que pretendían hacer uso de una cantera dentro del territorio comunitario.

Roberto López, miembro de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera, de Formosa), fue asesinado en la represión policial del 23 de noviembre de 2010.

Cristian Ferreyra, 23 años, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), fue asesinado el 16 de noviembre de 2011 en el paraje San Antonio, norte de la provincia.

Barrio Ituzaingó Anexo: Mas de cien vecinos muertos por cáncer (tasa de muerte por cáncer 33 %  – en Argentina tasa 18 % ), el 80 % de niños del Barrio tienen agro-tóxicos en sangre.

Por su parte, la Subsecretaría de Agricultura Familiar, en un relevamiento de apenas tres meses constató la existencia de  “857 conflictos de tierra en todo el país, que afectan a 63.843 familias e involucran 9,3 millones de hectáreas”. Todos los conflictos por tierras obedecen al corrimiento de la frontera agropecuaria. La superficie en disputa alcanza las 11,4 millones de hectáreas y son afectadas 1,6 millón de personas. Sumado a ello, el “Plan Estratégico Agroalimentario” (PEA), presentado recientemente por el Gobierno Nacional, entre otros objetivos, se plantea aumentar la producción granaria un 60 por ciento, esto es, pasar de las 100 millones de toneladas actuales a 160 millones, para 2020. Reconoce la necesidad de avanzar sobre nuevos territorios: desmontes, mayor uso de agro-tóxicos, más conflictos territoriales y desalojos son la consecuencia más predecible.

Por eso nos preguntamos: “¿Cuantos hermanos más deben morir para acabar con este modelo de producción que cada día enferma y mata a más gente?”.  Más específicamente, y en materia de fumigaciones se estiman que  son 12 millones de personas las que  se encuentran  expuestas de modo directo, sistemático, repetitivo y generalizado,  a estos productos  agro-tóxicos, cuya consecuencias en la salud y en el ambiente se están discutiendo por estos días en Sede Judicial en la Ciudad Capital de la Provincia e Córdoba, en el marco de la denominada causa de Barrio Ituzaingó Anexo.

Por todo ello, decimos que; las consecuencias que producen las fumigaciones sobre la salud y la vida de las personas expuestas involuntariamente a estas prácticas, poseen la suficiente entidad como para ser calificadas como crímenes de “lesa humanidad”, ello por cuanto se tratan de actos serios de violencia que dañan a los seres humanos privándolos de lo que es más esencial para ellos: su vida, su  libertad, su bienestar psíquico, su  salud y/o dignidad. Son actos que por su extensión y gravedad van más allá de los límites tolerables por la comunidad internacional.

En tal sentido, podemos afirmar con claridad que los elementos comunes a todos los crímenes de lesa humanidad están igualmente presentes en el caso de las fumigaciones:

1. Ataque repetitivo, sistemático y generalizado: Las fumigaciones importan entonces,  una serie de actos, sostenidos en el tiempo, no menos de 3 por cosecha, realizados en contra de la voluntad -principalmente- de ciudadanos que viven en cercanías a los campos sembrados con soja. Dicha línea de conducta afecta anualmente, a nivel mundial, miles de víctimas sin distinguir raza, sexo y edad  (generalizado), y se lleva a cabo de conformidad con la logística diseñada por organizaciones transnacionales dedicadas al comercio de estos paquetes tecnológicos (soja transgénica + glifosato).
2. Contra una población civil. Las fumigaciones afectan a un extenso grupo humano, sin distinción de credo, raza, edad, etc.
3. Importa el traslado forzoso de la población civil rural, campesina y pueblos originarios hacia centros urbanos o más alejado de su habitad natural con el propósito de escapar a estas agresiones, abandonado su centro de vida, su cultura, etc. condenándolos a su desarraigo más encarnizado.

En definitiva, es necesario e imprescindible abandonar el actual modelo de producción que solo persigue la maximización de las ganancias por parte de las Empresas Multinacionales, Empresarios sojeros y  pooles de siembra, en detrimento de la salud pública de todos los habitantes y del medio ambiente en general.

Fuentes:

Crónicas desde la audiencia/// Día 12, siguen las declaraciones (I), 24/07/12, Juicio a la Fumigación. Consultado 24/07/12.

Crónicas desde la audiencia/// Día 12: incorporación de otra prueba y secuestro del mosquito de Parra (II), 24/07/12, Juicio a la Fumigación. Consultado 24/07/12.

El modelo a la deriva: la dispersión de los plaguicidas como prueba del delito, 24/07/12, Juicio a la Fumigación. Consultado 24/07/12.

Importante declaración de Adolfo Pérez Esquivel sobre el modelo productivo y las fumigaciones, 23/07/12, Juicio a la Fumigación. Consultado 24/07/12.