por Lucas Viano
“Se dieron desvinculaciones en distintas áreas y no sólo en
el área de control, porque todas esas personas no se adecuaban a los objetivos
de la gestión actual”, indicaron desde el Ministerio de Agua, Ambiente y
Energía, de la que depende la
Secretaría.
Desde la
Provincia desmintieron que la baja de contratos se deba a
presiones de alguna agrupación agropecuaria. Los cesanteados en Ambiente entran
dentro de un paquete de más de 100 empleados en varias áreas de la
administración provincial a los que no les renovaron el contrato que venció a
fines de junio.
No obstante, Ambiente es un área sensible para la que se
requiere muchos inspectores para cubrir todo el territorio provincial y
controlar diversos delitos ambientales. La propia Provincia reconoció varias
veces la falta de personal para hacer una correcta fiscalización.
Para el área de bosques, la Provincia contaba con
los recursos que le debía girar la
Nación en el marco de la ley de bosques. El monto es de casi
20 millones de pesos, pero está trabado debido a que la norma provincial no
cumpliría con los presupuestos mínimos estipulados en la ley nacional. Hay una
presentación ante la
Corte Suprema por este motivo.
Los empleados cesanteados realizaban los informes y pericias
de los campos en infracción para estimar la superficie desmontada y calcular la
multa. También controlaban el funcionamiento de los feed lot y establecimientos
avícolas (son focos de contaminación de las napas y de moscas, por ejemplo) y
las lagunas cordobesas, para evitar la caza y pesca furtiva.
Tampoco le renovaron el contrato a la única persona encargada
de realizar el relevamiento satelital de los desmontes, que servía como prueba
para cuantificar la multa.
Esta área tenía que procesar varias decenas de expedientes
por semana, según trascendió. Este ex empleado es una de las personas aludidas
en el pedido de recusamiento realizado por el abogado Carranza, al que tuvo
acceso este diario.
Un alto funcionario de la anterior gestión en Ambiente
explicó que el área de control y fiscalización tenía 14 empleados, pero que en
su momento solicitó 40 más para realizar un buen seguimiento de los diferentes
delitos ambientales. “Tengo gente adentro que me cuentan que no tienen
presupuesto. Están frenados. No están saliendo a controlar nada”, comentó.
“Es evidente que tanto la pasada como la actual gestión de
gobierno han cedido sistemáticamente a las presiones de Cartez (Confederación
de las Asociaciones Rurales de la Tercera Zona ), quienes lograron que hoy tengamos
una ley a medida de sus intereses particulares”, indicó Barchuk.
A pesar de la ley nacional, la Provincia autorizó
desmontes
Desde la
Cotbn sostienen que aprobaron ilegalmente varios expedientes
para deforestar parte de bosque nativo.
En 2011, cuando Raúl Costa estaba a cargo de la Secretaría de Ambiente
(gestión de Juan Schiaretti), la
Provincia autorizó varios desmontes, según expedientes a los
que tuvo acceso el diario. Lo realizó en el marco de la ley de bosques nativos,
aprobada en agosto de 2010, que habilita esta práctica dentro de la categoría
roja.
Pero los desmontes autorizados serían ilegales si se tiene
en cuenta la norma nacional (ley Bonasso), entienden desde la Comisión de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos (Cotbn), que agrupa a ambientalistas,
investigadores y comunidades campesinas.
La ley nacional prohíbe el desmonte de cualquier tipo en
zona roja. Uno de los expedientes habilita un desmonte selectivo de 622 hectáreas en un
predio de 1.039
hectáreas (900 con bosques nativo), en el departamento
Cruz del Eje (pedanía Pichanas).
El desmonte selectivo implica pasar un rolo que deja el
estrato arbóreo, pero elimina el pasto natural y los arbustos y árboles más
pequeños y más jóvenes. “La superficie de bosques que permanecerá intangible,
así como el área que se realizará (el desmonte) selectivo de bajo impacto,
corresponde a la categoría roja y amarilla”, señala el informe de mayo de 2011,
sobre el expediente 0517-011020/08.
En otro campo de 400 hectáreas ,
cubierto de bosque nativo, se autorizó un desmonte selectivo en la mitad del
predio, ubicado cerca de Quilino (departamento Ischilín). El propio informe,
fechado en septiembre de 2011 y vinculado al expediente 0517-011062/08, admite
que el predio está en zona roja.
Fuente:
Lucas Viano, Ambiente, con menos gente para controlar los desmontes, 23/07/12, La Voz del Interior.
Ambiente, con menos gente para controlar los desmontes, 23/07/12, La Voz del Interior.
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