Por Mario Mazzitelli
Para responder el interrogante, la primera tarea es quitar la máscara con la que se encubre el actual gobierno: la Libertad.
Usa un viejo ardid de la política. Consiste en decir que: sus acciones están dirigidas por el Cielo, Dios o la Libertad. Este artificio debe desenmascararse. Ni el Cielo, ni Dios, ni la Libertad, han asumido funciones de gobierno, proponen medidas o toman resoluciones. Al punto que ningún control o juicio sobre el accionar gubernativo (jamás y en ninguna parte) puso en el banquillo de los acusados al Cielo, a Dios o la Libertad. Somos las personas comunes las que asumimos responsabilidades, tomamos decisiones y somos responsables de nuestros actos.
Viene al caso la opinión del intelectual venezolano Arturo Uslar Pietri de orientación liberal: “Se ha combatido mucho por la libertad, en nombre de ella o en busca de ella y, sin embargo, nadie sabe cómo definirla porque ese estado de ausencia de coerción o restricción impuesta sobre nosotros no ha existido nunca y no puede existir. Si alguna sociedad intentara lograr un orden de perfecta libertad saldría de la historia para recaer en el orden natural, con todas sus limitaciones y riesgos.”
Es decir el regreso a lo salvaje. Así, desde una posición realista Pietri, confronta con la utopía de una sociedad donde no hubiera ninguna “coerción o restricción”. Siempre existe un cierto grado de “coerción o restricción”. El asunto es que, cuando se vuelve asfixiante (dictadura, tiranía) se lucha por la Libertad. Pero cuando se vuelve inexistente (libertinaje, anomia) se hace muy difícil la vida en comunidad y en esas condiciones se reclama el Orden.
Estado de derecho y Libertad.
La democracia recuperada en 1983 nos permitió terminar con el experimento de una elite militar, política, económica que, en nombre de la Libertad, pisoteo todos los derechos. La Libertad la conquistamos aquel año y ya no la perdimos. Que hicimos en ese espacio-tiempo histórico (últimos 40 años) es materia de balance. Fundamentalmente muchos errores económicos. Sumisión financiera, entrega del patrimonio público, empobrecimiento de la sociedad, etc. Todo con la participación activa de economistas formateados para la administración de una neocolonia. A esto negativo contrapongamos algo positivo. La elaboración de sanas “regulaciones”. Muchas de estas “medidas” estuvieron orientadas a poner límites al carácter depredador del capitalismo salvaje o paleoliberal.
Los representantes del pueblo, bajo el estímulo de la movilización social, entendieron que hay bienes naturales que no se pueden comprar, reparar o reponer con dinero (papel pintado) Tomo un párrafo de un escrito de Raúl Montenegro (biólogo, premio Nobel alternativo) Dice que en esta etapa democrática hubo “trabajos parlamentarios y debates públicos que produjeron la Ley de Tierras, la Ley de Bosques Nativos, la Ley de Glaciares, la Ley de Semillas que excluye su patentamiento, el Código Penal, el Código Civil, y la lista sigue.” Es decir, frente a la necesidad del capital de devorarse todo, el freno del poder político poniendo límites.
Ya podemos entrever que no es de la Libertad de las personas comunes de lo que se habla. Sino de las pocas personas con mucho dinero, que no siempre pueden hacer lo que quieren.
Ahora, con la propuesta del nuevo gobierno, desaparecerían las regulaciones para ellas. Incluso las que intentaban cuidar a los trabajadores de los abusos de los dueños del dinero. Trabajadores que pierden la Libertad de decir “no” a un trabajo indigno o desagradable, a un trato irrespetuoso, a condiciones de explotación. Simple, porque las necesidades básicas insatisfechas (de él, ella o su familia) le imponen aceptar cualquier condición.
Vamos vislumbrando que el gobierno llama Libertad a la falta de restricciones a una clase social. A las mil familias más ricas de la Argentina y los mil grupos más poderosos del exterior. La vieja tesis: “Si les dejamos llenar sus copas sin limitaciones, algo derramará hacia el 99,9 % de los argentinos”. Cierto. Algo derramará. Poco. Muy poco.
Una reflexión sobre “la realidad capaz de constituirse en Estado Nación”.
En los últimos siglos se fueron constituyendo los modernos estados nación. Algunos tienen tras de sí historias y culturas milenarias. Pero el estado moderno no tiene tanto tiempo. Sobre todo en América se multiplicaron cuando una realidad dada: población, territorio, cultura, etc. adquirieron la potencialidad de constituirse en Estados Nación. No toda potencialidad se realiza. De hecho, los forjadores de nuestra independencia pensaron en la Patria Grande, pero todavía no se pudo lograr, pese a los innumerables intentos y organismos supranacionales creados a tal fin. Sí, se fueron creando, en límites más estrechos, los Estados Nación.
El Poder Constituyente con el que se avanzó para realizar la potencialidad que anidaba en cada espacio geográfico determinado, fue insuficiente para realizar la misión en plenitud. En nuestro caso (Argentina) se fue avanzando en la organización y consolidación del Estado por etapas, en una obra que hasta el día de hoy aparece inacabada. Se puede objetar que toda obra social, que late al calor de la vida; está inconclusa, en cambio permanente y se manifiesta imperfecta. Pero en nuestra experiencia histórica el asunto es más profundo. Al no encontrar una arquitectura satisfactoria para el conjunto social, siempre está en disputa; asimilándose a un estado fallido. Por eso la tarea de la democracia es perfeccionar y adaptar la estructura del gobierno a través de reformas continuas. El asunto es saber si las instituciones (Congreso, Justicia, etc.) están en condiciones de hacerlo. Y si no lo hacen, saber si resulta de un problema intrínseco o producto de una casta. Pero no nos adelantemos.
Diferencia entre el Poder Constituyente y el Poder Constituido.
Ya escribí que el Poder Constituyente realiza un potencial histórico existente. Pero ¿quién lo realiza? Para Carlos Sánchez Viamonte el Poder Constituyente emana del Pueblo. Es decir, solo es legal y legítimo aquel que se expresa a través de la soberanía popular convocada a tal fin. Es expresión de unidad política y voluntad de organización para la vida en común. El resultado de este Poder, es la Constitución y debe cumplir con dos fundamentos ineludibles: los derechos y garantías esenciales, y la división de poderes. Por los primeros se eleva la condición humana de manera general e irrestricta, y por el segundo desciende de los altares el gobierno; evitando la tiranía, la arbitrariedad, el abuso de poder. Sintetizando es el pueblo el que tiene el poder para constituirse en sociedad civil o Estado. Por propia voluntad se da una organización política y un ordenamiento jurídico en el que la distancia entre el habitante más humilde y el primer mandatario es pequeña. La pirámide política en la Democracia se aplana. Frente a otros regímenes donde las autoridades aparecen distantes del hombre y la mujer de a pié (más cerca del cielo que del suelo), en la democracia republicana la autoridades están más cerca. Es más linda que otro régimen, porque luce más terrenal.
Delegación.
El pueblo retiene para sí el Poder Constituyente y delega en el Poder Constituido, la deliberación (Congreso, Legislatura, Parlamento o Concejo Deliberante) y el gobierno (Poder Ejecutivo Nacional, Gobernaciones e Intendencias). La administración de Justicia penal se la reserva a través del juicio oral y público por jurados. En fin.
Para mi razonamiento (espero que el lector lo comparta) es importante ir dejando sentado que el Poder Constituyente es supremo e inextinguible frente a su resultado, la Constitución. De la que se busca la mayor estabilidad y respeto, quedando sometida a cambios solo cuando el pueblo así lo decida.
Dice Carlos Sánchez Viamonte sobre ordenamiento constitucional en América.
1.- Que “en América el acto constituyente es al mismo tiempo un acto de emancipación y de soberanía internacional”.
2.- “Que es al propio tiempo una afirmación republicana democrática” “…el pueblo asume el dominio de sí mismo, en actitud polémica contra la monarquía y el privilegio noviliario”.
3.- “Que todo esto…se lo dice por escrito y se lo establece como norma jurídica en una constitución, que crea el gobierno, lo organiza y crea su funcionamiento...”.
4.- “Que los poderes así constituidos, legislativo, ejecutivo y judicial, están obligados a respetar en la constitución su propio estatuto, de manera que la ley reglamente la constitución; el decreto a la ley; y los jueces deben aplicar, primero la constitución y luego la ley,…”.
5.- “Que la constitución crea como garantía de subordinación, en que respecto a ella se encuentran los poderes políticos, legislativo y ejecutivo, un poder jurídico, el judicial, al cual se inviste con carácter extraordinario, de guardián de la constitución, con imperium para anular los efectos que puedan producir los desvíos de aquellos poderes políticos”.
Estado y gobierno.
Como venimos describiendo, el Estado es constituido por la voluntad de un pueblo que habita un territorio y que por lazos afectivos, económicos, culturales, idiomáticos, etc. decide ser libre; para lo cual declara su independencia de cualquier poder exterior a esa comunidad y se dispone a ejercer su soberanía. A tal efecto organiza (como expresé más arriba) el gobierno.
Al Estado lo constituimos todos. En él somos todos iguales, por lo menos formalmente ante la ley. En cambio, para la necesaria administración de las cosas comunes (defensa, seguridad, justicia, salud, educación, economía, ambiente, obras públicas, relaciones exteriores, etc.) se selecciona a una parte de la sociedad y se constituye el Gobierno.
A priori la pertenencia al gobierno puede significar una asimetría de poder (expresada en abusos, privilegios, etc.) con el resto de la sociedad civil. La Constitución, siguiendo los principios de una democracia republicana (división de poderes, controles mutuos, libertad de prensa, auditorias, obligación de transparencia en el manejo de los fondos públicos, límites temporales en el ejercicio de la función, etc.) tiende a atenuar. De esta manera el Estado aparece como lo permanente y la gestión de gobierno como lo transitorio. - A tal punto que con la reforma constitucional de 1994, el período presidencial disminuyó de 6 a 4 años y los senadores nacionales de 9 a 6 años. (Sí hiciéramos un juego de proporciones, gestión gubernamental sobre el tiempo histórico del Estado argentino, podríamos decir que los 6 años de gobierno de Sarmiento sobre los 60 años de existencia del Estado, representaban más del 10%. En cambio, los 4 de Alberto Fenández sobre más de 200 años, menos del 2%) –
Quiero poner de manifiesto que la sociedad argentina, que se rige por una constitución presidencialista tiende a atenuar el presidencialismo porque tiene poco afecto a ceder poderes extraordinarios a sus gobernantes.
El Poder Ejecutivo.
Es tan solo uno de los poderes. Sus atribuciones son muy importantes. Pero como venimos viendo, se tiende a que no asuma un poder excesivo. Por ejemplo: en el artículo 99, inciso 3, dice algo obvio e ineludible: “Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.” Pero advierte: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.” Sigue: “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia (DNU), los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.” Esta última condición es muy débil, dado que los ministros los elige el presidente. Después sigue: “El jefe de gabinete de ministros…dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente… Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento...”
La suma del poder público.
El “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (que en gran medida contiene al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023) es exactamente lo contrario de lo que presume. Con un montón de excusas, exageraciones, disparates, el administrador transitorio del Poder Ejecutivo quiere la suma del Poder Público, instando al Congreso Nacional al suicidio institucional.
Escriben los autores, con la máscara de la Libertad de los Argentinos, lo siguiente:
1.- “la ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional”,
2.- para esta delegación ponen como excusa la “… emergencia… en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social…” y
3.- piden las delegaciones por un “…plazo específicamente previsto”.
Las respuestas a estos tres temas son:
1.- “Artículo 29.- El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional… facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.” Es decir la delegación está prohibida. Aunque hay una excepción en el artículo 76. Veamos la emergencia que la justificaría.
2.- Aclaremos que emergencia es un suceso imprevisto que, como tal, requiere de una atención inmediata. Podría ser una conmoción interna, una invasión, una catástrofe natural, etc. Es un hecho imprevisto frente al cual el Congreso podría delegar sus facultades legislativas. Ahora, cuando se menciona la emergencia “… económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social…” (faltaría agregar la emergencia internacional e intergaláctica, no reír) se está solicitando la suma del Poder Público. Poner todos estos temas en manos de una persona, sin poder argüir un solo imprevisto dado el carácter estructural de los temas, es una pretensión autoritaria. Si hay crisis en todas esas áreas, las hay desde hace más de 100 años, por tanto no hay emergencia alguna.
3.- Finalmente ¿Qué plazo piden para acometer la emergencia? Los cuatro años de gobierno. “Declárase la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de DOS (2) años.” Con desprecio total al Congreso, llegado el plazo de dos años 31/12/25, no se le pediría una prórroga a ese “otro” Poder. El propio Poder Ejecutivo prorrogaría la delegación Legislativa (un sinsentido) a través del presidente. Esto y cerrar el Congreso es lo mismo.
Desde mi punto de vista Milei tiene un diagnóstico equivocado sobre el principal problema de Argentina. Es un diagnóstico intoxicado por los grupos financieros, extractivistas, monopólicos que saquean el país. Estos sectores destinan ingentes fortunas al mundo académico, político, periodístico para que difundan su versión sobre el profundo malestar que invade a la mayoría de la población. Así no son sus abusos la fuente de nuestros males, sino el gasto público y el déficit fiscal. Pero acepto que esto es materia opinable. Discusión que está abierta.
Lo que creo se puede observar objetivamente, son los rasgos autoritarios de un tipo mal educado, prepotente e irascible. Que menoscaba la vida democrática, desprecia a los dirigentes elegidos por el pueblo, les dice coimeros a los diputados y senadores sin hacer una denuncia (como corresponde a un funcionario público) desdeña del papel del Estado (llamándolo organización criminal) aumenta los impuestos (al tiempo que sostiene que son un robo sistémico) etc. Frente a todo eso, él se presenta como un elegido (¿Se lo dirá su perro Conan desde el cielo, a través de una médium?)
Los grandes grupos (AEA, UIA, etc.) beneficiarios de sus desregulaciones lo siguen apañando. El autoritarismo solo les molesta cuando afecta sus intereses.
Para las grandes mayorías nacionales, Milei constituye un desafío. Todavía le dan crédito. Esperan que sus medidas mejoren la economía, sin advertir el carácter parcial de las mismas. Por ahora omiten observar el derrumbe de la calidad institucional. Están frente a un nuevo reto a las convicciones democráticas. Como siempre, no todos responderán de la misma manera.
Algunos ya tenemos posición tomada. Será una batalla dura. No apta para tibios.
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