En las últimas notas vimos la polución que produjo la catástrofe de Fukushima. A continuación, veremos otras contaminaciones derivadas de accidentes.
Por Juan Vernieri
En mayo de 1998, una fuente de Cesio-137 logró pasar a través del equipo de monitoreo de una planta de procesamiento de chatarra, de la empresa Acerinox en la localidad de Los Barrios, provincia de Cadiz, España. En sus instalaciones se había fundido accidentalmente esa fuente el día 25. Una nube radiactiva se liberó a la atmósfera y contaminó a su vez las escorias de la fundición, los hornos y otros equipos de la planta. Cuando la chatarra fue derretida, el Cesio-137 ardió y causó la nube. Los detectores en la chimenea de la planta fallaron en captarla.
El 12 de junio, tras ocultarlo a la opinión pública durante dos semanas, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de España, se vio forzado a reconocer que la contaminación aérea que estaba recorriendo media Europa y había hecho saltar todas las alarmas en el viejo continente, se debía a un accidente en la factoría que Acerinox tiene en Algeciras (Cádiz).
Las autoridades nucleares de Francia, Italia, Suiza, Alemania y Austria llevaban días preguntándose por el origen de la contaminación percibida, que en algunos puntos había llegado a ser de hasta 1.000 veces superior a la radiactividad de fondo natural.
El accidente contaminó la planta de procesamiento de metal, más dos molinos de acero donde se enviaba basura para descontaminación. De acuerdo con laboratorios independientes, las cenizas producidas por la fábrica tenían una radiactividad, suficientemente alta para ser considerada peligrosa para el público.
Se hicieron revisiones médicas urgentes a todo el equipo que trabajaba en la fábrica. En unas 400 personas, se constató un incremento ligero de Cesio-137.
Solucionar torpeza con Insensatez
Tras el accidente se enterraron de forma incontrolada, en el denominado Centro de Recuperación de Inertes (CRI) nº 9, ubicado en las marismas de Mendaña, Huelva, más de 7.000 toneladas de materiales contaminados. Greenpeace acusó al CSN, al Ministerio de Industria y a la Junta de Andalucía de haber instalado una “bomba de relojería radiactiva” en las inmediaciones de la ciudad de Huelva.
A posteriori se descubrieron fugas del isótopo radiactivo al río Tinto, a escasos centenares de metros de la ciudad, procedentes del material enterrado. Este hallazgo se debe a un grupo de expertos internacionales en materia de protección radiológica, pertenecientes a Greenpeace.
Mediante la utilización de equipos especializados de medición de la radiactividad, este grupo de expertos ha descubierto la vía de escape al medio ambiente del isótopo de ese enterramiento incontrolado.
A través de filtraciones del terreno, el isótopo se incorporaba a las aguas de un afluente (estero) de la Rivera de la Nicoba, que poco después confluye al río Tinto.
El cesio-137 es un elemento radiactivo altamente peligroso, incluso en cantidades muy pequeñas, cuyos perniciosos efectos para la salud son sobradamente conocidos.
Las autoridades actuaron de forma altamente irresponsable al enterrar esos residuos incontrolados.
La tardía reacción de Acerinox y del CSN, sumado a la nefasta gestión del accidente, provocó a su vez la contaminación radiactiva de la Planta de Inertización de Palos de La Frontera, adonde fueron enviadas las cenizas de los hornos de Acerinox.
El CSN reconoció que este material contaminado presenta niveles de radiactividad equivalentes a más de 3.500 veces los permitidos por la legislación.
Por oscuras razones completamente ajenas a los criterios de seguridad y protección radiológica, el CSN, la empresa ENRESA, el Ministerio de Industria y la Junta de Andalucía, acordaron sepultarlos en el CRI-9, tratando de camuflarlos entre la radiactividad de los fosfoyesos vertidos por Fertiberia en las marismas, y recubrirlos de una capa de arcilla, lo que sería, para el CSN, la “actuación más adecuada”.
En 2001, Acerinox, mediante sentencia judicial, debió pagar tres millones de euros a EGMASA, empresa pública dependiente de la Junta de Andalucía, en quien recayó la responsabilidad de poner en marcha un Plan de Vigilancia para controlar con la supervisión del CSN, durante al menos 30 años, la evolución de este vertido de materiales contaminados por cesio-137 y evitar su intrusión en el medio ambiente. Este Plan de Vigilancia se puso en marcha, oficialmente, a finales de 2001.
Los costos estimados por la limpieza, los depósitos del residuo y la producción perdida, se calcularon en 21 millones de euros, sin incluir la depreciación de las acciones de la empresa responsable.
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