Sobre residuos radiactivos y cómo pagar su gestión

El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) publica un nuevo informe sobre los residuos radiactivos en España y sus múltiples problemáticas.

por Cristina Rois

La energía nuclear se hace temible por sus accidentes y también deja una herencia muy oscura en sus residuos radiactivos, que han de mantenerse aislados del contacto con los seres vivos durante cientos de miles de años. Ahora, con unas fechas definidas para el cierre de las centrales nucleares, no pueden evitarse más las cuestiones sobre qué se va a hacer con los residuos y si habrá suficiente dinero para hacerlo lo menos mal posible.

Los residuos se pueden generar tanto en las centrales nucleares para la producción de electricidad o como consecuencia de la minería de uranio. Comparados con otras actividades con materiales radiactivos, como la investigación, la medicina, la industria, la agricultura, etc, la generación eléctrica nuclear produce el 90 % en volumen de los residuos de media, baja y muy baja actividad, y, hoy por hoy, todos los residuos de alta.

El Plan de Residuos Radiactivos vigente data de 2006 a pesar de que todos los estados de la UE estaban obligados a presentar su política de residuos en 2015. La amenaza de la Comisión Europea de denunciar a España por el enorme retraso acumulado, y el cambio de gobierno de 2018 estimularon la realización de un Plan nuevo. El Ministerio de Transición Ecológica empujó a las empresas propietarias de nucleares a decidir un calendario de cierre. Las tres grandes empresas eléctricas, propietarias de los siete reactores en operación, pretenden alargar su funcionamiento superando los 40 años para los que fueron diseñadas. Llegar hasta un funcionamiento medio de 45,7 años, entre los 45 en Almaraz y los 48 años en Trillo, que se parará en 2035. Aumentando con ello el riesgo y la cantidad de residuos de alta a gestionar.

Sobre los residuos de baja y media actividad la propuesta es continuar llevándolos al único cementerio nuclear que existe en la Península Ibérica: el centro de almacenamiento de El Cabril, en la Sierra de Hornachuelos (noroeste de Cordoba). La elección del emplazamiento responde a una política de hechos consumados. La antigua Junta de Energía Nuclear (ahora CIEMAT) en los años 60 depositaba residuos médicos e industriales en una antigua mina de uranio abandonada en la finca de El Cabril. En diciembre de 1985, las instalaciones fueron transferidas a Enresa, la actual empresa gestora de residuos radioactivos en nuestro país, y por entonces recién creada. Los bidones se extrajeron de la mina y pasaron a módulos de almacenamiento. Pero se sabe que desde 1986, al menos, se empieza a depositar también residuos nucleares, lo que entonces era ilegal. Las asociaciones ecologistas realizaron una importante oposición contra este cementerio nuclear. En particular, AEDENAT emprendió además una lucha legal que ganó en 2003, tras los recursos de Enresa que llegaron al Tribunal Supremo. Para entonces la instalación se había ampliado y legalizado.

El desmantelamiento de Garoña, la última central cerrada, prácticamente colmatará la capacidad de El Cabril para recibir RBMA. Pero falta mucho más. Según el acuerdo de cierre de nucleares, la siguiente será Almaraz 1, cuyos trabajos debieran comenzar en noviembre de 2030. Y la última en cerrar, Trillo, iniciará su desmantelamiento en 2038 y se prolongará hasta 2048. Un largo camino cuyas bases deben asentarse bien desde ahora.

Los desmantelamientos no podrán abordarse si los residuos radiactivos no pueden ser recogidos y aislados convenientemente. Y por otra parte, las centrales cerradas, pero sin desmantelar, también son peligrosas, aunque mucho menos que en operación. Esta es una papeleta que no se puede traspasar a la siguiente generación, es responsabilidad de las empresas titulares y beneficiarias de las centrales y de los gobernantes de esta década. La ciudadanía exige transparencia y discusión informada de las opciones que tenemos para tratar el problema que nos lega la energía nuclear.

Los desechos radiactivos de alta actividad están en las propias centrales nucleares, bien sea refrigerados en piscinas (86%) o bien en contenedores (14 %) depositados en los Almacenes Temporales Individuales (ATIs). Cuando las centrales se cierren, el futuro de estos residuos será el enterramiento en un Almacenamiento Geológico en Profundidad (AGP). En el mundo, sólo Finlandia está construyendo un AGP, que probablemente comience a funcionar hacia 2025. Para España el AGP es una opción por ahora bastante lejana, el borrador del Plan General de Residuos Radiactivos de que se dispone retrasa la construcción del Almacén Geológico hasta 2060. Para entonces las centrales ya debieran haber desaparecido, de ahí que, entretanto, se quiera hacer un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para los residuos de todas las centrales (como el fracasado proyecto de Villar de Cañas). Pero podría convertirse en una solución temporal que se alargue indefinidamente, en el supuesto de que no haya la voluntad política y la capacidad de inversión que supone hacer un AGP.

Hay otras posibilidades que reducirían esa tentación, como hacer almacenes ATC regionales, o que los residuos permanezcan en contenedores (no en piscina) en los ATI de cada central mientras estas son desmanteladas. Esta opción tiene la ventaja de evitar multitud de transportes por carretera de los residuos de alta actividad, los más peligrosos. Aunque ciertamente exige acelerar la construcción del almacenamiento definitivo (AGP) para reducir los problemas que conlleva la dispersión de tales acumulaciones de carga radiactiva.

Lo que puede darse por seguro es que será un proceso muy largo y costoso. Se viene recaudando dinero de los productores de residuos para el “Fondo para la financiación de actividades del Plan General de Residuos Radiactivos”, La mayor cuantía proviene de una tasa sobre la producción eléctrica nuclear que ahora es de 7,98 €/MWh. Pero el Fondo se queda corto para los gastos previstos en casi 5.000 millones €. Enresa cuenta con los rendimientos financieros que podría generar ese capital en los próximos años, y considera que será suficiente. El problema es el optimismo financiero (un rendimiento neto de los activos del 2,5 % a lo largo del siglo) y el estrecho margen con que se ha calculado. No tiene en cuenta problemas que ya han asomado a escena, como la escasa rentabilidad de los Fondos institucionales y la probabilidad de que deba afrontarse un gasto mayor del previsto por la dificultad de la tarea.

Por ejemplo, con las condiciones que Enresa ha supuesto para estimar que habrá suficiente dinero a lo largo del siglo, si los gastos subieran un 30 %, la tasa que pagan las centrales debería aumentar de 7,98 a 11€/MWh. Pero si el rendimiento del dinero del Fondo bajase al 1,5 %, y los gastos aumentasen en sólo un 15 %, la recaudación de las nucleares tendría que elevarse a 12,5 €/MWh.

Enresa solo puede cobrar a las centrales nucleares por sus servicios a lo largo de los próximos catorce años, hasta que cierre la última nuclear en 2035. Después, ¿será posible reclamar a las empresas titulares lo que falte? Parece poco probable. Iberdrola se están quejando ya de que sus nucleares no son rentables. Y eso que no se les exige pagar por todos sus residuos ni el desmantelamiento.

Los residuos radiactivos son la herencia de las centrales nucleares. No podemos legar el problema a las siguientes generaciones. Hay que resolverlo en “nuestro tiempo”. Para que la factura la paguen las empresas que los produjeron y obtuvieron grandes beneficios con ello, hay plazo sólo hasta 2035. Si luego resulta que no hay dinero suficiente, le tocará a la ciudadanía arreglar la cuenta. A la de ahora y a nuestros descendientes.

Aún estamos a tiempo de abordar el problema de la financiación de los residuos nucleares. Deberíamos hacerlo antes de comenzar a hablar, como sociedad responsable, sobre dónde podemos guardarlos.

Fuente:

Cristina Rois, Sobre residuos radiactivos y cómo pagar su gestión, 26 julio 2021, El Salto Diario.