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| Los manifestantes avanzaron desde Tunuyán hacia la capital provincial. Fuente: Marcelo Aguilar / La Nación. |
Decenas de miles de personas se movilizan en Mendoza por la modificación de la ley que prohibía utilizar químicos en la actividad minera.
por
Mar Centenera
El
agua es un bien escaso en la provincia argentina de Mendoza,
advertían este lunes las decenas de miles de personas que se
manifestaron en contra del uso de cianuro en la minería. Sequías
sucesivas en la última década han reducido aún más la
disponibilidad hídrica en esta región del oeste del país, conocida por sus vinos y por albergar los picos más altos de la cordillera de los Andes. Mendoza vetó en 2007 el uso de sustancias químicas en la
minería con el objetivo de cuidar sus recursos hídricos, pero los
legisladores revocaron el viernes esa prohibición. En medio de la
crisis económica del país, la provincia pretende atraer inversiones
mineras millonarias, una decisión que fue aplaudida por las empresas
del sector, pero ha chocado con la oposición de organizaciones
ecologistas, autoridades eclesiásticas y de una multitud que se ha
movilizado frente a la Casa de Gobierno mendocina.
"La
modificación a la ley 7.722 permite el uso de ácido sulfúrico,
cianuro y tóxicos en el desarrollo de la megaminería, lo que
generará la contaminación del agua de la provincia", denuncia Greenpeace. La organización considera que el cambio legislativo
"representa una clara violación a la Constitución Nacional y
los principios de no regresión ambiental y de progresividad,
expresamente establecidos en la Ley General de Ambiente".
A
lo largo de todo el fin de semana, los mendocinos realizaron cortes
de carreteras y protestas para expresar su rechazo a la autorización
del uso de químicos en la minería provincial. Desde San Carlos, uno
de los bastiones históricos de resistencia a la minería, el domingo
arrancó una caravana que recorrió los cerca de 100 kilómetros que
separan esta localidad de la capital, que esta mañana fue escenario
de una de las mayores movilizaciones de los últimos años.
Los
manifestantes pretenden que el gobernador provincial, Rodolfo Suárez,
de la Unión Cívica Radical, vete la modificación. Pero el Gobierno
mantiene por ahora su apoyo a la nueva normativa por considerar que
garantiza "el cuidado del agua y del medio ambiente". El
Ejecutivo mendocino destaca que van a reforzar los controles a las
mineras con la creación de una policía ambiental y la contratación
de auditorías internacionales.
Pese
a ser de distinto signo político, la decisión de Mendoza coincide
con los planes nacionales del peronista Alberto Fernández. El
Gobierno argentino apuesta por el petróleo, el gas y la minería
para obtener mayores ingresos en dólares que contribuyan a volver a
poner en marcha la economía, que en 2020 se prevé que siga en
recesión por tercer año consecutivo.
"Mendoza tiene escasez de agua, debe ser preservada para la vida del pueblo. No se puede utilizar el cianuro y el mercurio para la explotación minera. Reviertan la medida tomada. No a la megaminería". #BuenLunes #ElAguaDeMendozaNoSeNegocia #La7722NoSeToca— Revista Cítrica (@revistacitrica) December 23, 2019
Adolfo Perez Esquivel. pic.twitter.com/dTCUwEKZJN
En
Mendoza, un informe de la cámara provincial de empresarios mineros
difundido por el Gobierno estima que la reactivación de esta
actividad moverá recursos por 349.234 millones de dólares y
generará 17.550 puestos de trabajo durante la etapa de construcción
de seis proyectos y otros 39.240 en la etapa productiva, entre mano
de obra directa e indirecta. "Indignante!!! No tengo palabras.
Ni toda la minería del mundo mueve 350.000 millones de dólares. Nos
subestiman", tuiteó el abogado ambientalista Enrique Viale.
"La
ley 7.722 no se toca", "El cianuro no resuelve el hambre",
"El agua vale más que el oro", se leía en las pancartas
de algunos manifestantes en respuesta a los beneficios económicos
citados desde el Gobierno. Los opositores al uso de químicos en la
minería desconfían de los controles estatales y judiciales y ponen
como ejemplo desastres ecológicos ocurrido en otras provincias
andinas, como San Juan, Catamarca y La Rioja. El mayor accidente
minero de la historia de Argentina ocurrió en septiembre de 2015,
cuando un millón de litros de una solución con cianuro y otros metales pesados se fugaron de la mina Veladero de San Juan y llegaron
al río Potrerillos, contaminando este y otros cursos de agua. En
2016 hubo un nuevo derrame, aunque de volumen muy inferior, y en
2017, otro. La minera canadiense Barrick Gold, dueña de Veladero en
ese momento, fue denunciada ante la Justicia, pero tras cierres
temporales, las autoridades volvieron a habilitar su funcionamiento.
"El
desarrollo no puede ser excusa para contaminar nuestro recurso más
preciado", denuncian desde Jóvenes por el Clima, una de las
organizaciones surgidas tras los pasos de la sueca Greta Thunberg.
"La reforma no hace más que desperdiciar nuestros recursos
hídricos en una actividad que no sólo demanda grandes subsidios
estatales, sino que produce un enorme pasivo ambiental, a la vez que
destruye pueblos enteros, y a los habitantes que allí residen",
agregan.
Las
protestas en Mendoza han encendido las alarmas también en Chubut, en
la Patagonia argentina. Chubut fue pionera en prohibir la minería a
cielo abierto en 2003, pero el gobierno provincial ya ha anticipado
que buscará levantarla para poder avanzar con la explotación de oro
y plata. En cuestión de horas, más de 18.000 personas han firmado
una petición para exigir que se mantenga la normativa actual y se
proteja a la provincia de las "consecuencias catastróficas"
de la minería "para el medio ambiente, los acuíferos,
glaciares y ríos". La pelea marca ya el inicio de la
presidencia de Fernández.
Fuente:
Mar Centenera, Protesta masiva en los Andes argentinos contra el uso de cianuro en la minería, 23 diciembre 2019, El País.
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