Si
no se actúa con urgencia, Bajo Grande seguirá operando como un
gigantesco foco de contaminación sanitaria de resultados impensados.
El
colapso casi general de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
Bajo Grande, de la ciudad de Córdoba, nos muestra una vez más la
incapacidad operativa del Estado por solucionar un sistema sanitario
crucial que, tal como está, entraña un alto riesgo para la salud de
la población, además de conspirar contra la calidad del
medioambiente.
De
acuerdo con informes difundidos al cabo de exhaustivos estudios sobre
el mal funcionamiento de esa planta, ubicada en la periferia este de
la ciudad de Córdoba, se puede inferir que la situación es grave.
El
deterioro y sus consecuencias asustan: estudios de la Policía
Ambiental de la Provincia determinaron que los líquidos cloacales
que se vierten al río Suquía desde la estación Bajo Grande tienen
prácticamente el mismo grado de contaminación que presentan cuando
ingresan.
Es
decir, según esos relevamientos, la infraestructura funcional de la
planta -bajo gestión de la Municipalidad de Córdoba- ha dejado de
cumplir sus funciones más específicas. Y el panorama es inquietante
porque no se visualizan planes de obras ni partidas presupuestarias
que alimenten la esperanza de una pronta remediación.
De
tal modo, los líquidos saturados de virus, de bacterias y de hongos
relacionados con la materia fecal van a parar casi sin escala al
degradado río, para iniciar un recorrido que los lleva hasta la
laguna Mar Chiquita, previo paso por poblaciones que sufren los
efectos de la contaminación.
Desde
la Municipalidad atribuyen los reventones en Bajo Grande a la “pesada
herencia”, pese a que van a cumplirse ocho años de la actual
gestión del intendente Ramón Mestre. La excusa asoma extemporánea,
aunque es cierto que el problema arrastra décadas de inoperancia que
ponen en foco, también, a las anteriores administraciones en el
Palacio 6 de Julio.
Entre
proyectos y promesas de campañas políticas que nunca se concretaron
en obras de infraestructura que atiendan el exponencial crecimiento
que tuvo la red de cloacas durante los últimos años en Córdoba,
irrumpen las multas y los pedidos de explicaciones de ocasión.
En
julio de 2018, Policía Ambiental incluyó a la Municipalidad en el
registro de infractores y le aplicó una sanción millonaria. Además,
le requirió precisiones sobre la planta de tratamiento de líquidos
cloacales que debe construir Corporación América, en el marco del
proyecto urbanístico con asiento en el ex Batallón 141.
La
Municipalidad y la jurisdicción provincial tendrán que asumir que
la realidad pasa por costados ajenos a las sanciones y a los
negocios: si no se actúa con urgencia, Bajo Grande seguirá operando
como un gigantesco foco de contaminación sanitaria de resultados
impensados.
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relacionadas:
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Fuente:
Riesgos sanitarios impredecibles, 24 julio 2019, La Voz del Interior. Consultado 27 julio 2019.
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