Argentina nuclear. La huella radioactiva de una industria muy sucia

De la minería del uranio al intento de construir el primer repositorio de residuos radiactivos de alta actividad en la Patagonia, sufrimos las consecuencias de un plan nuclear diseñado en tiempos de la dictadura militar. Sus impactos se revelan en todo el territorio.

por Pablo Lada

Argentina -junto a México y Brasil- es uno de los tres países de Latinoamérica que cuenta con centrales nucleares de potencia para producir energía. La historia se remonta a mayo de 1950 cuando el general Perón creó por decreto la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Treinta años después -otro militar- el vicealmirante Carlos Castro Madero pergeñaba un ambicioso proyecto nuclear. El sueño atómico incluía el manejo de todo el ciclo: minería, enriquecimiento y concentración de uranio, reprocesamiento y fabricación de elementos combustibles, la construcción de seis centrales de potencia y, ulteriormente, un repositorio nuclear. Pero el verdadero trasfondo del plan, era la construcción de una bomba atómica. Castro Madero, último presidente militar de la CNEA, no ocultó nunca la ambición de ejercer el “derecho” a “producir una explosión militar pacífica”.

Y aunque la explosión atómica no se cumpliría, Argentina logró un significativo avance tecnológico en el área. Tres centrales de potencia en funcionamiento (Atucha I y II en la provincia de Buenos Aires y Embalse en Córdoba), el centro de enriquecimiento de uranio Pilcaniyeu en Río Negro y la planta de agua pesada más importante del mundo, ubicada en Neuquén, ambas provincias de la Patagonia. Al norte del país, en Córdoba, se encuentra también Dioxitek, produce principalmente dióxido de uranio. En la provincia de Buenos Aires, el Centro Atómico Ezeiza cuenta con dos plantas industriales que proveen los elementos combustibles para las centrales nucleares. Tres reactores de baja potencia para investigación y producción de radioisótopos completan la escena.

Pasivos ambientales y corrupción

Seis millones de toneladas de desechos tóxicos y radioactivos, promiscuamente abandonados, son el legado de la minería del uranio, que hasta la década de los años 90 extrajo el mineral en minas dispersas por todo el país. Entre otros daños, los yacimientos uraníferos contaminaron fuentes de agua. Como respuesta, se impulsó un programa de remediación, alentado con préstamos millonarios del Banco Mundial, aunque a la fecha casi no hubo avances.

La corrupción ha sido una constante en el manejo de la cuestión nuclear argentina, siempre plagada de mentiras, informes que se ocultan y fondos que desaparecen. En el año 2007, un documento reservado de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) advertía de que “Atucha II posee problemas de diseño en cuanto a seguridad”. Es un caso único en el mundo, el reactor fue diseñado en los 70 por la empresa KWU que desapareció, comenzó a construirse en los 80 y se finalizó con reformas y adaptaciones en 2011.

Greenpeace denunció también que la vasija de la primera Atucha había sido construida por la empresa RDM, denunciada por defectos constructivos que generaron las fisuras en el recipiente de presión de una central belga. La ARN desmintió a la organización ambientalista y aseguró que la vasija argentina la fabricó Siemens. Pocos días después, la ONG difundía la imagen de una revista holandesa de 1972. Se podía ver el recipiente partiendo de Europa rumbo a la Argentina. El epígrafe de la foto es elocuente, dice “la vasija Atucha es fabricada por RDM”. Otra vez la autoridad nuclear mentía con descaro.

En Chubut conocemos las trampas de la CNEA desde los años ochenta. Durante la lucha contra el repositorio nuclear de Gastre, las autoridades afirmaron que por estudios interdisciplinarios habían determinado que el macizo rocoso era adecuado para emplazar un repositorio de alta actividad. Pero más tarde -en un memorable debate antinuclear de la época- los geólogos del Consejo Superior de Geología de la Nación reconocieron que no se había estudiado la roca de nuestra provincia, sino que eran determinaciones realizadas sobre rocas graníticas de Suecia.

Si avanzamos en la cadena del llamado “ciclo del combustible”, seguiremos encontrando impactos químicos y radiológicos. En Dioxitek, 57.600 toneladas de residuos radioactivos de baja actividad fueron arrojados, sin ninguna protección, en medio de un barrio densamente poblado. En el Centro Atómico Ezeiza, las denuncias judiciales de los vecinos llevaron a un peritaje que determinó que las aguas del acuífero Puelches estaban contaminadas con uranio y plutonio. De ellas beben más de 300.000 personas. O las emisiones de tritio radiactivo en la cuenca alta del río Ctalamochita, consecuencia del funcionamiento normal de la central nuclear Embalse. Pero también los desechos radioactivos (miles de toneladas acumuladas durante 30 años de funcionamiento) que se encuentran junto a la central e incluyen una gran cantidad del letal plutonio.

En cualquier punto que se mire la infraestructura nuclear, nos encontraremos con la huella radioactiva, la hipoteca nuclear que dejamos a las generaciones futuras.

La lucha sigue

Un incesante activismo antinuclear viene gestándose desde hace décadas. La epopeya contra el “basurero nuclear de Gastre” en los años noventa impidió con movilizaciones masivas la construcción del primer repositorio de residuos radioactivos de alta actividad en Chubut e instaló la cuestión nuclear en el debate público nacional, consiguiendo, además, normas constitucionales que prohíben el ingreso de basura radiactiva al país y leyes municipales, provinciales y nacionales prohibiendo o regulando la actividad nuclear. Ciudadanos conscientes y organizados presentando denuncias en la justicia por los daños de esta industria. La conformación de nuevos activistas, movimientos antinucleares y asambleas de vecinos que se levantan contra la minería uranífera son la muestra de un camino que no tiene retorno.

El más reciente hito de esta lucha fue el categórico rechazo en la provincia de Río Negro a la instalación de una planta nuclear china de tercera generación, el Hualong One. En cuestión de meses se conformaron asambleas antinucleares en cada pueblo, gestando actividades y movilizaciones multitudinarias. El gobierno provincial, acorralado por la presión ciudadana, pasó de habilitar la planta nuclear a prohibir mediante una ley la instalación de centrales nucleares de potencia.

Sin duda, las movilizaciones en la Patagonia inspiraron el nacimiento del Movimiento Antinuclear de la República Argentina (MARA), donde convergen activistas, organizaciones y movimientos antinucleares que se preparan para discutir el plan nuclear y la transición de la matriz energética hacia fuentes renovables, limpias y descentralizadas. El debate es urgente.

Fuente:

Pablo Lada, Argentina nuclear. La huella radioactiva de una industria muy sucia, 17 junio 2019, El Salto Diario.