No Queremos Inundarnos: Año electoral, energía en debate

Una interpelación a las fuerzas progresistas y de izquierda, en una discusión no sólo técnica sino política.

por Pablo Bertinat y Maristella Svampa

En un artículo publicado en este medio hace dos semanas, “La energía como derecho humano y motor estratégico para la industrialización”, firmado por Federico Bernal, se presentan una serie de tesis y argumentos cuyos supuestos conceptuales son erróneos y sus alcances propositivos muy problemáticos. Allí se sostiene la imposibilidad de pensar una reforma y transición energética a través de la descarbonización del sistema, y por la vía de energías renovables; se insiste (sí, claramente) en posiciones negacionistas acerca de los impactos del calentamiento global y su carácter antropogénico; se establece una correlación absolutamente lineal entre modelo de desarrollo “deseable” y emisiones de CO2. Por último, el artículo citado aparece recorrido por un tono malicioso (en sus alusiones y omisiones) que lejos de enriquecer, empobrece decididamente el debate. No es nuestro objetivo personalizar la discusión, ya que el problema no es tanto quién lo dice sino quienes escuchan del otro lado. Aún así nos interesa responder algunos puntos y seguir profundizando nuestra línea argumental, en pos de un debate mayor sobre la “sociedad deseable”.

Los límites del desarrollo y su cuestionamiento

Nos gustaría aclarar nuestro lugar de enunciación. Quienes suscribimos este artículo, desde hace años trabajamos desde una perspectiva multidisciplinaria. A nivel regional, desde 2010 participamos del Grupo de Trabajo Permanente de Alternativas al Desarrollo, que cuenta con una treintena de intelectuales y activistas de América Latina y Europa. Nuestros aportes apuntan a realizar una crítica a la visión hegemónica del desarrollo (una visión productivista, anclada en la idea de crecimiento económico indefinido y en la creencia de que los bienes naturales son infinitos), que abarca tanto la perspectiva neoliberal como la progresista. El nuestro es un enfoque teórico y metodológico que busca articular justicia ambiental y justicia social, que se inscribe en la tradición de las ciencias sociales críticas, que cuestiona los impactos de los modelos de desarrollo sobre los territorios y las poblaciones, la desigualdad de los costos ambientales, la falta de participación y de democracia, el racismo ambiental hacia los pueblos originarios y los sectores más vulnerables, en fin, la injusticia de género y la deuda ecológica.

A sabiendas de la complejidad de estos debates y de su multidimensionalidad, nos embarcamos como Grupo Permanente a debatir sobre las alternativas al desarrollo, en un contexto de innegable crisis socioecológica, a nivel planetario, discusión que incluye de modo urgente y necesario la cuestión energética, en un plano tanto civilizatorio como en el más concreto de las políticas. Fuimos también uno de los grupos que colocó en la agenda la cuestión del neoextractivismo y sus impactos en América Latina, lo cual conllevó para nosotros enormes costos políticos durante el ciclo progresista (descalificación y marginalización, minimización de las problemáticas analizadas; apelativos como el de fundamentalismo verde, cuando no el de ser funcionales a la derecha y vaya a saber a qué intereses foráneos, entre otros).

En la Argentina tenemos a cargo un proyecto de investigación sobre “La energía como problemática integral: escenarios, geopolítica y transiciones. Una aproximación comparativa e interdisciplinaria al caso argentino”, en el cual confluyen investigadores de diferentes universidades públicas del país. En suma, nuestras investigaciones se insertan en un horizonte crítico y propositivo que apela al pensamiento complejo e interdisciplinario y se referencia -algo crucial en estos nuevos tiempos de oscuridad- en posiciones de izquierda.

Una mirada integral

Respecto del calentamiento global consideramos que es una categoría central en la teoría crítica actual, tanto en las ciencias de la tierra como en las ciencias sociales y humanas. Continuar negando o minimizando los impactos del calentamiento global y sus orígenes antropogénicos atrasa enormemente la discusión. Invitamos por ello a leer una investigación de dos reconocidos historiadores de la ciencia, Naomi Oreskes y Eric Conway, Los mercaderes de la duda, que explica de modo irrefutable “cómo un puñado de científicos con profundas conexiones en política e industria realizaron campañas efectivas para engañar al público y negar verdades científicas comprobadas a lo largo de cuatro décadas”. [1]

En este contexto, permanecer en la matriz fósil empeoraría los problemas ya existentes. Más allá del discurso interesado acerca de la existencia de reservas fósiles, casi no existen dudas de que se extinguirán en un tiempo perentorio. Así, aunque algunos crean, como Donald Trump, que los combustibles fósiles y su CO2 asociado no son el mayor peligro que nos acecha, nos espera un mundo con menor disponibilidad energética de todo tipo. En el caso de los fósiles y el uranio, porque se extinguirán; en el caso de las renovables, porque los materiales necesarios para aprovecharlas también son finitos.

Así, los límites a los modelos de desarrollo actual no constituyen un capricho de ambientalistas, sino que están ligados a la reducción y la finitud de bienes naturales. En el cuadro siguiente podemos observar información al respecto.

Por otro lado, los hidrocarburos no son garantía de servicios públicos energéticos de acceso universal y asequible. Adjudicarles, en tanto opción energética, poderes mágicos al margen de las políticas, resulta incomprensible. El mundo de los hidrocarburos, tal cual lo conocemos, es un mundo con grados de desigualdad energética insostenibles.

Hay quienes continúan creyendo que las políticas energéticas constituyen una rama o un sector de las políticas de desarrollo. Se imaginan un modelo productivo determinado y en función de ello piensan en las necesidades energéticas a abastecer y en los recursos disponibles. Este esquema lineal podría entenderse en un contexto de recursos infinitos y de invisibilización de los impactos negativos que produce la extracción de energía. No es el caso del planeta Tierra, mucho menos de nuestro país.

Resulta sorprendente que, en un escenario de grave crisis socioecológica, algunos aludan a la complejidad de los problemas pero continúen asociando de manera lineal Desarrollo, mejoramiento de condiciones de vida y emisiones de CO2. En algún momento de la historia el incremento de las emisiones de CO2 permitió en ciertos países desarrollar modos de vida imperiales [2], que se reproducen también en las élites y clases medias de los países periféricos. Esa es la visión de los gobiernos de los países centrales, pero no tiene por qué ser el sendero que impulsen los pueblos de la periferia desde una perspectiva contrahegemónica. No hay un único camino.

Así, no aspiramos a repetir las experiencias de industrialización de los países centrales, que hoy revelan ser la clave de la insustentabilidad; tampoco sostenemos un modelo productivista de desarrollo, que se desprende de un anhelo de industrialización genérico en el marco de la actual división internacional del trabajo. Incluso avanzar en dicho camino sería aceptar la existencia de territorios o zonas de sacrificio, con sus poblaciones, bienes y ecosistemas. La noción de territorios de sacrificio no es teórica: son los campos de acción del fracking, las tierras de los pueblos mapuches, el Alto valle perforado del Río Negro, los derrames de la megaminería o los territorios de las yungas salteñas devastados por la deforestación.

Sobre el modelo energético

Volvamos ahora nuestra mirada sobre el modelo energético argentino. En nuestro país la oferta interna de fuentes primarias de energía depende en un 87 % de combustibles fósiles (54 % gas, 31 % petróleo, 2 % carbón mineral) [3]. La fragilidad del modelo energético argentino tiene dos caras: la alta dependencia de dos combustibles, que se caracterizan por ser fósiles, finitos y fuertemente impactantes sobre los territorios; y que gran parte de la producción está en manos de grupos concentrados de poder.

Aseverar que la diversificación de la matriz energética -no solo la eléctrica sino la matriz energética general- no disminuye los gases de efecto invernadero, encarece las tarifas, promueve la desindustrialización y la extranjerización, el aumento de la inseguridad energética, incrementa la dependencia foránea y genera sistemas desbalanceados, resulta erróneo y alejado de la realidad. Una mirada básica en términos de seguridad energética nos permite afirmar que siempre tendremos más opciones si dependemos de más energéticos, en particular de aquellos que no sean críticos ni tampoco objeto de disputas geopolíticas. Las tarifas, la industrialización, la no-extranjerización no son atributos de las fuentes energéticas en sí, sino resultados de políticas adecuadas a ese fin.

La oferta interna de fuentes secundarias de energía indica que el 48 % es gas, el 26 % son combustibles líquidos y el 14 % electricidad. Ahora bien, pensar en alternativas al modelo energético implica ir más allá del sector eléctrico, para lo cual es indispensable también observar el uso final de la energía en nuestro país. Así, del Balance Energético Nacional (véase la figura siguiente) se desprende que en la actualidad el sector de mayor consumo es el transporte.

Un nuevo programa de políticas energéticas implicaría, por ejemplo, repensar el tema del transporte. Asegurar que se deben aumentar las emisiones de CO2 con la finalidad de avanzar en la interconexión vial del país es solo aceptar el mandato que nos impone el modelo vigente. Discutir el transporte es discutir por qué y hacia dónde se mueven los bienes y las personas. Solo un cambio modal importante como el fortalecimiento de los ferrocarriles y la reducción del transporte de carga por camiones y de personas en autos particulares produciría un importante ahorro de combustibles y una disminución de emisiones.

Resulta alarmante también que se hable de precios y tarifas, vinculándolas exclusivamente con el tipo de fuentes energéticas. Aseverar que la incorporación de fuentes renovables encarece las tarifas es de una irresponsabilidad incomprensible. Las tarifas son una herramienta de política pública que puede ser utilizada en diversos sentidos. Así, por ejemplo, pensar en precios y tarifas sin dimensionar el nivel de subsidios a los combustibles fósiles es por demás ingenuo. A nivel mundial, de acuerdo a la Agencia Internacional de la Energía, los combustibles fósiles disfrutan de un subsidio anual de alrededor de 544.000 millones de dólares. Más de cien años después de iniciar su extracción en masa, el sistema fósil solo se sostiene mediante subsidios en medio de una maraña de intereses corporativos. En nuestro país el nivel de subsidios para sostener el sistema fósil contaminante es altísimo y no es patrimonio de este gobierno solamente; en todo caso, la actual gestión transfirió el costo a los bolsillos de los usuarios, multiplicando la pobreza energética. Entre 2013 y 2015, la transferencia a las empresas petroleras rondó los 3.000 millones de dólares anuales, y no solo se benefició YPF sino también a Pan American Energy, Sinopec, Pluspetrol, Petrobras y otras [4].

Contrariamente a ello, existe un acuerdo global acerca de que el precio de la energía producida por fuentes renovables viene decreciendo abruptamente. En el sector eléctrico los estudios existentes sobre precio nivelado de la energía muestran que aún en el contexto de subsidios que indicamos, muchas de las fuentes renovables podrían competir en condiciones de mercado.

Por último, ya hemos explicado [5] que el desarrollo de las fuentes renovables puede ser un sendero dominado por empresas transnacionales o puede ser parte del desarrollo local. Esto no es un atributo de la fuente sino una decisión de política. Recordemos que, en la historia reciente, ninguna fuente energética logró instalarse sin una ingente decisión de los Estados asociados por desarrollarla. Es el ejemplo en nuestro país con la creación de YPF y el desarrollo de capacidades tecnológicas asociadas que permitieron que los fósiles contaminantes ocupen el lugar que tienen en el día de hoy. Probablemente en su momento haya sido una decisión acertada. Pero el futuro no son los fósiles, que son claramente insostenibles, por razones múltiples -económicas, ambientales, territoriales, sociosanitarias, en fin, sistémicas- y por ello es necesario pensar en otro sendero energético, lo cual requiere una decisión política e involucra el rol del estado.

Mitos sobre el sector eléctrico y las fuentes renovables de energía

Volvamos sobre el mito que plantea que las fuentes renovables generan sistemas eléctricos desbalanceados y vulnerables; esto es, apagones, cuando el nivel de penetración es alto. Es claro que no es lo mismo operar un sistema eléctrico con fuentes fósiles contaminantes basadas en grandes centrales que con fuentes distribuidas y renovables. Pero esto es un problema técnico ya resuelto en muchos países; y en camino de resolverse en el nuestro. Alarma saber que existen especialistas en el tema que desconozcan cómo cambiaron en los últimos años los criterios de despacho de generación de energía eléctrica. La incorporación de fuentes renovables se está moviendo a la base de la generación (centrales que funcionan a pleno rendimiento con interrupciones mínimas mientras hay recurso) y se han establecido pautas para la utilización de centrales hidráulicas muy flexibles para dar cuenta de variaciones rápidas de la demanda.

Nuestro país es pionero en herramientas como centrales de bombeo y otros sistemas de acumulación, y se apunta a incorporar sistemas térmicos de alta flexibilidad. La extensión geográfica añade una fortaleza, pues en muchos casos las intermitencias del recurso eólico se compensan entre las diversas zonas. Son los técnicos del organismo encargado del despacho (Cammesa) quienes han demostrado capacidad para resolver estos problemas sumamente complejos.

En suma, el sector eléctrico presenta ventajas que no tienen otros sectores, y por eso sería deseable avanzar en la electrificación de nuestra matriz energética, en la medida en que sea sostenida con fuentes renovables. Hoy en día el 46 % del gas que se consume en el país se usa para producir electricidad [6]. Resulta absurdo e incomprensible que estemos utilizando gas de fracking pagado a precio de oro para producir electricidad. Existen diversos estudios que muestran que podríamos reemplazar en poco años al menos el gas de fracking que se usa para producir electricidad, utilizando recursos renovables eólicos o solares en condiciones económicas ventajosas para el país y con desarrollo local.

Horizontes de discusión

Ya en un artículo anterior planteamos los ejes para un cambio de sistema energético. No volveremos sobre ese punto. Pero quisiéramos cerrar esta intervención con una reflexión en clave nacional y latinoamericana. Hasta hace pocos años se creía que América Latina estaba a contramano del proceso global marcado por el aumento de las desigualdades sociales, pero hacia el final del boom en el precio de los commodities (2013), los indicadores sociales y económicos mostraban un panorama diferente.

Por un lado, la expansión del neoextractivismo desarrollista se tradujo por una serie de desventajas, que echaron por tierra la tesis de las ventajas comparativas que durante el tiempo de las vacas gordas algunos supieron defender. El neoextractivismo no condujo a un salto de la matriz productiva, sino a una mayor reprimarización de las economías, lo cual se vio agravado por el ingreso de China como socio desigual. Al mismo tiempo, la baja del precio de las materias primas generó un déficit de la balanza comercial que impulsó a los gobiernos a contraer mayor endeudamiento y a multiplicar los proyectos extractivos, entrando en una espiral perversa de exacerbación del patrón primario-exportador dependiente.

Por otro lado, el vínculo entre neoextractivismo, acaparamiento de tierras y desigualdad se ha tornado dramático. América Latina continúa siendo no sólo una de las regiones más desiguales del planeta; tiene también la peor distribución de tierras a nivel global, a raíz del avance de los monocultivos y la desposesión, en beneficio de grandes empresas, y latifundistas privados. Y es la región del mundo donde se asesinan mayor cantidad de defensores de derechos humanos y de activistas ambientales, indicadores que recrudecieron en los últimos diez años, al compás de la expansión de la frontera extractiva y la criminalización de las protestas socioambientales.

Es por eso que interpelamos al campo de las diferentes fuerzas progresistas y de izquierda, en una discusión que no es sólo técnica sino también política, con alcance civilizatorio. En un año crucial desde el punto de vista electoral, nos interesa saber si este conjunto de temas, que vincula calentamiento global y sistema energético, necesidad de descarbonización y transición socioecológica, neoextractivismo y fronteras de la democracia, continuarán siendo un punto ciego en sus agendas, o si por el contrario el análisis crítico del pasado reciente abrirá las puertas a una conversación democrática y plural sobre la sociedad deseada y sus horizontes políticos de cambio.