En Calamuchita,
en un paraje rural, un camino está clausurado desde el año pasado.
Hay un pleito abierto, entre quienes habitan esa zona y siempre lo
usaron como acceso y el dueño del campo por donde pasa. El comprador
proyecta un loteo y señala que esa senda fue abierta en sitios
privados. Se aguarda que Vialidad Provincial defina la salida desde
lo jurídico.
Hace más de 20
años que Juan Scichilone (62) dejó Villa Castelar, en la provincia
de Buenos Aires, y se radicó en la zona alta del Valle de
Calamuchita, con la premisa de un cambio de vida rotundo. Compró un
predio en Athos Pampa, inmerso en la naturaleza serrana. Un buen
paisaje, pero alejado de los centros turísticos más promocionados.
“Hicimos todo
de cero”, aclara. Limpiar el terreno, diseñar el proyecto y
concretarlo. Hasta confeccionaron los muebles. En sus inicios,
compraron un tractor con pala para abrir los caminos. Debieron
ejecutar un tendido de 11 kilómetros para tener energía eléctrica
y recién a la tercera perforación, en la tierra pedregosa, llegaron
al agua.
El tupido monte
se transformó en Los Baguales, un complejo de siete cabañas con
servicios de calidad y detalles, como un jacuzzi en la terraza de
algunas. Por sus particularidades y con difusión en las redes,
lograron instalarlo entre la oferta turística, para quienes buscan
unos días en un sitio bien alejado de lo urbano.
Hoy, Juan analiza
con firmeza algo que nunca hubiera imaginado: vender el complejo y
archivar el sueño familiar de las dos últimas décadas.
Un conflicto
legal que mantiene obstruido el camino de ingreso cada vez lo acerca
más a esa drástica decisión.
El trayecto fue
bloqueado con intermitencias desde 2014 y está cerrado desde
noviembre de 2017, sin que haya una resolución oficial cierta que
defina el pleito.
Es un tramo de
cuatro kilómetros de tierra, transitable para cualquier tipo de
vehículo, desde la ruta asfaltada entre Athos Pampa y La Cumbrecita.
Pero está cerrado.
En su lugar, para
acceder, los turistas deben desandar ahora seis kilómetros por un
sendero abierto en la propiedad particular de un vecino, con marcadas
trepadas que limitan el paso sólo a vehículos de doble tracción.
Esta situación recortó en gran parte su universo de turistas
potenciales.
A la vez, esa
senda provisoria podría cerrarse cuando ese campo que atraviesa, y
que está en venta, sea adquirido por otra persona.
Juan subraya que
la situación se complica también para la vida cotidiana de otros
pobladores, que se encuentran prácticamente aislados en casos de
emergencias. Dice que 14 familias son afectadas por el cierre del
camino. “Y ya afrontamos cinco incendios, con lo complicado que fue
el ingreso de las autobombas sin ese camino”, expresa.
El conflicto
El camino está
ubicado a pocas cuadras del puente de Intiyaco. Quienes pugnan por su
reapertura aseguran que está en los planos de Catastro y que su uso
público se remonta a más de 60 años atrás. Un puñado de vecinos
realizó una presentación ante la Justicia. El contrapunto nació
hace cuatro años, cuando el comprador de un predio que construyó un
loteo lo reclamó como propio y desestimó su uso público.
Catastro autorizó
ese loteo, pero ante el reclamo de vecinos consultó a Vialidad
Provincial, que notificó la existencia del camino y anuló el
emprendimiento inmobiliario.
En 2016, Vialidad
ordenó así “remover los obstáculos que impiden la libre
circulación por el camino vecinal” y hasta “autorizar el uso de
fuerza pública si fuera menester” para cumplir la orden. El paso
quedó entonces liberado.
Pero en octubre
de 2017 volvió a bloquearse. Ante la presentación de nuevas pruebas
del loteador, Vialidad revocó su resolución anterior: el camino
sería privado.
La otra parte
“Mi cliente es
el máximo perjudicado: compró una propiedad, la dividió, comenzó
a vender y después le trabaron todo”, respondió a este diario,
meses atrás, Diego Morón, abogado de Andrés Culasso, propietario
del loteo.
Subrayó que los
planos fueron aprobados por Catastro y que por eso comenzó a vender
lotes. “No es un camino público, sino una huella de montaña. No
hay antecedentes de que sea un camino público”, agregó entonces.
El caso, de
alguna manera, grafica una situación de conflicto que suele
repetirse en la zona serrana, sobre todo desde que en las últimas
décadas fue sumando nuevos emprendimientos turísticos e
inmobiliarios. Los caminos, como la titularidad de las propiedades,
han sumado numerosos conflictos judiciales.
La servidumbre de
paso
El presidente de
Vialidad, Osvaldo Vottero, ratificó que el área jurídica de ese
organismo provincial aún no emitió dictamen. “Es un tema
complejo, de índole privado y sin acuerdo de partes”, justificó.
Reveló que
establecer una “servidumbre de paso” en el trayecto en conflicto
es una alternativa que algunos vecinos impulsan. Dijo que Vialidad
está “buscando todos los antecedentes notariales, junto a los
antecedentes de las partes en conflicto” para llegar a una
definición.
Según el Código
Civil, la servidumbre es el derecho real de paso que se establece
entre dos inmuebles y que concede al titular dominante determinada
utilidad sobre el inmueble sirviente ajeno. La utilidad puede ser de
“mero recreo”.
Fuente:
Un camino serrano cerrado y en conflicto: ¿es público o es privado?, 21/08/18, La Voz del Interior. Consultado 23/08/18.
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