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| La mitad de la escombrera Cerro Amarillo está del lado argentino |
Los mails de la Ministra de Minería prueban que participó de una maniobra para hacer pasar un estudio privado como un informe oficial. En Argentina preparan una presentación judicial.
por Juan Parrilla
Una serie de
mails prueban que el Ministerio de Minería trasandino participó de
una maniobra para colaborar con Antofagasta Minerals SA, la minera
chilena que creó un botadero de material potencialmente contaminante
en territorio sanjuanino. Mientras tanto, en Argentina el senador
Fernando "Pino" Solanas prepara una acción judicial para
frenar un acuerdo que permitirá que el "megabasurero" no
sea removido, pese a que ya hizo desaparecer algunas lagunas, está
secando las vegas y modificó el escurrimiento de las aguas.
Como contó
Infobae el mes pasado, en 2004 el Gobierno chileno autorizó a
Antofagasta Minerals a instalar la escombrera Cerro Amarillo para
depositar el material desechado del yacimiento Los Pelambres. Entre
2007 y 2012, la empresa arrojó unas 55 millones de toneladas de
residuos mineros, hasta que salió a la luz que más de 52 hectáreas
del botadero están ubicadas en Calingasta, San Juan, en la mina El
Pachón, que explota la firma suiza Glencore.
Luego de una
serie de idas y vueltas, el 28 de abril pasado el gobierno de San
Juan firmó un acuerdo con Los Pelambras en el que estableció que la
escombrera no será removida, sino aislada, con el control del
desprestigiado Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
y el financiamiento de Antofagasta Minerals, que sólo será
responsable por la calidad de la obra por apenas una década.
Según confirmó
Infobae, el senador Solanas impugnará ese acuerdo en los tribunales
porque debería pasar por el Congreso, viola la Constitución (que
prohíbe "el ingreso al territorio de residuos actual o
potencialmente peligrosos"), no es la mejor solución y la
minera chilena ni siquiera pagará una indemnización. Además, el
legislador ya presentó un proyecto para que la cámara alta pida
informes a la Cancillería y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, que el martes será discutido en comisión.
El conflicto
incomoda a los Gobiernos a ambos lados de la cordillera. Infobae
intentó pedir información en la Cancillería argentina, pero no
hubo respuesta. En Chile, en tanto, el tema ya ingresó en la
categoría de "escándalo", no sólo porque derivó en la
renuncia de un alto funcionario, sino porque ahora una investigación
del periodista Matías Rojas para El Ciudadano reveló que el
Ministerio de Minería que conduce una ex empleada de Antofagasta
Minerals habría participado de un plan para ayudar y exculpar a la
minera en los dos frentes que tiene abiertos: las denuncias por
instalarse en Argentina y las acusaciones por contaminación. La
maniobra le costó el cargo al jefe de Gabinete de la cartera minera,
Adolfo Galindo, cuya declaración en el sumario administrativo que le
abrieron fue clave para reconstruir lo que pasó.
Primero que nada
hay que entender el poder de Antofagasta Minerals en Chile. La mayor
parte de sus acciones pertenecen al Grupo Luksic, el consorcio
empresario más rico del país, fundado en los años 50 por Andrónico
Luksic Abaroa, dueño -entre otras cosas- del Banco de Chile, que el
año pasado fue noticia por un millonario crédito entregado a
Natalia Compagnon, la nuera de la presidente Michelle Bachelet.
Antes de asumir,
la actual ministra de Minería, Aurora Williams, fue gerente de
administración y finanzas de Antofagasta Terminal Internacional, una
firma controlada por el Grupo Luksic. El 23 de marzo del año pasado,
la funcionaria le envió el siguiente mail al subsecretario de
Minería, Ignacio Moreno. "Te pido que nos reunamos mañana
lunes 23 de marzo a las 9.30 hrs a fin de ver la situación de
Pelambres-Pachón. Me interesa analizar desde el principio".
Es posible que en
ese encuentro se haya gestado una reunión entre las autoridades y
representantes de Antofagasta Minerals que finalmente se materializó
el 24 de marzo y que cometió el primero de una larga cadena de
"pecados": no se anotó en el registro público en el que
los funcionarios chilenos deben identificar las reuniones con
lobbistas.
En ese encuentro,
por el lado de la minera participaron el abogado Andrés Jana -amigo
personal del ex presidente Ricardo Lagos- y la ex canciller Soledad
Alvear. Al Gobierno lo representaron la ministra Williams, el
subsecretario Moreno, el jefe de gabinete Jana, dos funcionarios del
Ministerio de Relaciones Exteriores y otros dos del Ministerio del
Interior, y el director del Servicio Nacional de Geología y Minería
(Sernageomin), Rodrigo Álvarez Seguel. Son muchos nombres, pero
todos son clave en el entramado desnudado por la prensa chilena.
Según declaró
el jefe de gabinete Jana, la reunión fue gestada por la ex canciller
Soledad Alvear. Una vez iniciado el encuentro, el subsecretario
Moreno hizo una presentación en Power Point sobre los resultados de
unos análisis hechos en la zona que descartan la contaminación del
lado argentino y que, dijo el funcionario, habían sido elaborados
por el Grupo de Trabajo Binacional Temporal (GTBT) creado ad hoc para
solucionar el conflicto binacional. Los abogados de Antofagasta
Minerals le pidieron esos estudios a la autoridades, pero en el fondo
había una trampa: no se trataba de un peritaje oficial, como se
intentó hacer creer, sino de un trabajo hecho por la consultora SGS
y financiado por la propia minera.
No fue todo. Hubo
otro pedido: que el Ministerio de Minería emitiera un documento que
certifique que Antofagasta Minerals actuó de buena fe, algo para lo
que el Gobierno no tiene atribuciones, ya que corresponde a la
Justicia. En otras palabras, quería algún papel en el que conste
que la empresa no sabía que estaba instalando su escombrera en
territorio argentino.
Esas solicitudes
se formalizaron dos semanas después, el 8 de abril, cuando el
abogado Jana envió dos cartas a la ministra Williams pidiéndole los
resultados de los análisis y el certificado de buena fe.
Dos días antes,
5 de abril, la ministra Williams le había enviado un mail al
subsecretario Moreno y al responsable de la parte legal de la
cartera, Felipe Curia. "Ignacio M., se envió el resultado de
laboratorio de las aguas que se iban a examinar al Subse Argentino,
Gobernador de San Juan e Intendente de la IV????? El viernes debió
haber ingresado la solicitud de estos resultados vía transparencia.
Felipe Curia: puedes ver si ingresó esta solicitud???",
escribió.
El correo prueba,
además de la preocupación de la ministra por satisfacer a la
minera, que estaba al tanto de la fecha en la que el abogado Jana iba
a presentar los pedidos, algo que la funcionaria se había encargado
de desmentir. La maniobra parece haber sido orquestada en la reunión
del 24 de marzo.
Lo que siguió
después había sido contado por la revista The Clinic Online. El 15
de abril, el director del Servicio Nacional de Geología y Minería
(Sernageomin), Rodrigo Álvarez Seguel, que había participado de la
reunión del 24 de marzo, le pidió al asesor de la vicepresidencia
de Medio Ambiente de Antofagasta Minerals, Gustavo Pössel, el
informe en cuestión. El mismo día esa copia fue enviada por Álvarez
al subsecretario Moreno, quien finalmente se la dio al jefe de
gabinete Galindo para que se la entregue al abogado Jana, lo que se
materializó el 22 de abril. Pero el representante de la minera le
pidió que le pusiera un timbrado oficial, algo a lo que accedió
pese a que eran peritajes de la minera. Esa movida junto al
certificado de buena fe que él también firmó le costaron el cargo
a Galindo, aunque al poco tiempo volvió al Ministerio como asesor.
La "jugada"
fue negada por las autoridades chilenas en una serie de pedidos de
informes que hizo la minera Glencore, en cuya mina, en suelo
sanjuanino, fue instalada la escombrera. El 17 de junio, la
Subsecretaría de Minería respondió que "no existe en el
Ministerio documento en el cual se requiera la realización de un
informe a la empresa SGS" y que "no existe constancia de
ingreso en la subsecretaría de estado del informe señalado".
A su vez, la
consulta fue derivada al Servicio de Geología y Minería, que
contestó el 18 de junio, en un oficio firmado por el director
Álvarez: "La empresa SGS Chile Ltda. no ha entregado a este
servicio o a su personal, documento (carta, oficio u otro), con
anterioridad al 30 de abril de 2015, mediante el cual se haya
formalizado la entrega del informe que individualiza en su
solicitud". No mintió. En rigor de verdad, el análisis se lo
había dado la propia Antofagasta Minerals y no la consultora que lo
elaboró.
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| Laguna LC5, semicubierta por material de la escombrera Cerro Amarillo |
El peritaje de
SGS fue finalmente presentado en los tribunales de San Juan, donde
Glencore había encarado una demanda civil contra Antofagasta
Minerals y una denuncia penal contra sus directores. A la minera
chilena le servía para justificar que no era necesario remover el
botadero y liberar de culpa y cargo a sus ejecutivos. Y se
contraponía a otro estudio presentado por Glencore y elaborado por
la consultora URS AECOM, que concluyó que el impacto ambiental de la
escombrera es brutal: desaparecieron lagunas que fueron cubiertas de
rocas, otras lagunas están por desaparecer, cayó la calidad y
cantidad de agua en la zona, y, si no se interviene de manera
urgente, se va a terminar contaminando el río Carnicería, afluente
del río San Juan.
De acuerdo con el
trabajo de URS AECOM, la escombrera incluye también 470 neumáticos
gigantes, muy peligrosos porque con el tiempo liberarán elementos
tóxicos perjudiciales para el medio ambiente. Debajo de ellos
Antofagasta Minerals debería haber colocado un material aislante que
nunca puso. Esas ruedas son lo único que la empresa chilena se
comprometió a remover en el convenio que firmó con el gobierno de
San Juan. El resto, si no prospera la acción que impulsará el
senador "Pino" Solanas, quedará en suelo argentino, por
los siglos de los siglos, aunque en 10 años la minera del Grupo
Luksic dejará de ser responsable por su destino.
Entrada relacionada:
Una empresa chilena creo un megabasurero de residuos mineros del lado argentino
Fuente:
Juan Parrilla, El gobierno chileno ayudó a la empresa que hizo un megabasurero minero del lado argentino, 29/07/16, Infobae. Consultado 29/07/16.
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