YPF- Repsol: Acuerdo impasivo

El posible cierre al conflicto con la multinacional se enmarca en una suerte de vuelta carnera argumental sobre los pasivos ambientales en nuestro país, en materia hidrocarburífera.

por Lea Ross

Parece que la telenovela se acerca a su fin. Aunque quizás todavía no llega a su último capítulo. Eso dependerá de cómo el Gobierno Nacional avance sobre lo que Repsol adeuda a nuestro país.

Ayer por la tarde, se realizó el tan esperado anuncio, llevada a cabo por el ministro de economía Axel Kicillof, junto con el ministro de planificación Julio De Vido. También contaron con la presencia de algunas figuras que integran la Organización de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi). Mediante micrófonos, Kicillof declaró el tan mentado acuerdo entre el Estado Nacional y la multinacional Repsol para compensar la expropiación del 51% del paquete accionario de la empresa YPF.

Los 5.000 millones de dólares que pagará nuestro país a la empresa extranjera se desarrollará mediante una serie de bonos de tres tipos. La más importante es la de los BONAR 24, títulos inéditos, que conformarán 3.250 millones de dólares con una tasa de interés anual de 8,75%, con vencimiento a diez años. A su vez, el acuerdo será presentado en el Congreso Nacional como proyecto de ley para su ratificación.

El presidente de Repsol, Antonio Bufat, declaró a la agencia alemana Dpa su optimismo sobre el resultado: “Esto supondrá un impulso financiero más que nos permitirá mirar el futuro con mayor ilusión, mayor garantía de éxito y mayores posibilidades de crecimiento”.

Un posible final cantado a la ligereza. Hace bastante tiempo que los directos de la compañía española y los dirigentes argentinos han tenido fuertes disputas sobre la compensación de la expropiación de la empresa petrolera. Más aún con los saldos en rojo que dejó la multinacional a la empresa YPF.

Luego del anuncio que había realizado la presidenta, Cristina Fernández, para la presentación al Congreso de la recuperación de YPF, allá por abril de 2012, los dueños de Repsol no paraban de estar con los pelos de punta. Pocos días después, el ministro De Vido realizó una fuerte declaración contra los directivos españoles sobre el mal manejo realizo en materia hidrocarburíferas en nuestro país: “Vamos a acogernos a lo que plantee la ley que fijará un valor (a la expropiación). Pero el desastre en que dejaron la infraestructura de producción tiene su costo y lo van a tener que pagar, porque el medio ambiente no se rifa, tiene precio”.

Dos meses después, De Vido y Kicilllof (en aquel entonces era vice-ministro de economía), presentaron un documento de 90 páginas donde recopila las falencias generadas por YPF-Repsol. El “informe Mosconi” revelaba los puntos sobresalientes sobre los peligros de impacto ambiental generados por la empresa privatizada.

Entre algunas conclusiones, se estable que las tierras contaminadas por hidrocarburos estiman un costo de 115 millones de dólares para YPF, según datos que recién se registraron a partir de 2008. A su vez, desde 2009, la cantidad de derrames provocadas por la empresa comenzaron a ascender, superando la cifra de 4.500 casos  en los periodos 2010 y 2011. La gran mayoría de los casos se debió a la corrosión de los caños, como consecuencia ya sea de la falta de inversión o de una pésima administración.

En cuanto a situaciones ambientales, “El informe Mosconi” reveló que YPF-Repsol generó en total 1353 casos de situaciones ambientales calificadas como generales, es decir, de fuerte o extrema gravedad. Y solo 40 consideradas como particulares. A su vez, la empresa realizó una política de abandonos de pozos que superan la cantidad de 37.000 en todo el país.

En el año 2002, Repsol recibió su primera demanda por daños ambientales. Los demandantes fueron las comunidades mapuches Kaxipayiñ y Paynemil, instaladas en cercanías de las exploraciones de la mayor reserva de gas y petróleo convencional en nuestro país: Loma la Lata, ubicada en la provincia de Neuquén. La entidad alemana Umweltschutz Nord Argentina realizó un seguimiento del impacto ambiental que generó las perforaciones a las comunidades. Allí, se revelaron el hallazgo de distintas clases de metales encontrados en la sangre de las comunidades, con niveles superiores a la normal. Sin mencionar la situación del agua en la zona y los casos de cáncer, diabetes y abortos espontáneos. Se estipula que el resarcimiento necesitaría años para conseguir la recuperación total. La demanda judicial estipuló un monto preciso: 445 millones de dólares.

A partir de declaraciones brindados por el ministro de energía y ambiente provincial, Guillermo Cocco, se calculó que los pasivos neuquinos que generó Repsol se estimarían en unos 1.500 millones de dólares.

Yéndonos más al sur, en la provincia de Santa Cruz, estudios realizados por la provincia estipularon sobre los daños y abandonos que generó Repsol a los santacruceños. 5.000 piletas en pésimas condiciones de saneamiento, pertenecientes a la empresa, no fueron tratadas responsablemente, como así también 8.000 pozos abandonados que no cumplen con los estándares apropiados en materia de seguridad.

Se cree que el pasivo ambiental santacruceño alcanzaría los 3.000 millones de dólares o incluso más.

En otras provincias importantes, como Chubut, no se sabe a ciencia cierta cuánto es el pasivo ambiental. Sin embargo, se sabe que Comodoro Rivadavia padece un pasivo de 3.000 pozos abandonados más una deuda de casi 200 milllones de dólares, según declaro el intendente Néstor Di Pierro en aquel entonces.

Es difícil estimar cuántos son los pasivos ambientales que adeuda Repsol a YPF. Hasta ahora, no hay números oficiales debido a que están en pleno proceso de tratativas. Sin embargo, un sugestivo título del diario Tiempo Argentino, fechado el 24 de mayo de 2012, estimó que el pasivo ambiental a nivel nacional es de 6.000 millones de dólares en total. La cifra fue obtenida a partir de fuentes oficiales de los propios estamentos provinciales ligadas al kirchnerismo. Lo cual, sumado a los 9.000 millones de dólares de saldo en rojo que dejó Repsol a YPF en materia financiera, palabras del propio Kicillof, suma en total 15.000 millones de dólares que deben ser abonados a nuestro país: tres veces más de lo que terminamos debiendo a la multinacional.

Algunos medios de comunicación, argentinos y españoles, señalan un supuesto archivo del actual ministro de economía, en su período como vice, asegurando que a Repsol no se le iba a pagar ni un solo centavo. Hasta donde sabe el presente cronista, las declaraciones de Kicillof apuntaban a no pagar los 10 mil millones que auguraba la empresa extranjera por considerarse excesivo debido a los pasivos que generó en nuestro país. Sin embargo, sí existe la posibilidad de que esos pasivos no solo compensan la deuda por la expropiación, sino que además podrían terminan dando una vuelta carnera en la relación deudor-acreedor, como se ha podido observar.

Los pasivos ambientales han sido uno de los puntos fuertes del Gobierno Nacional a partir de las presiones de Repsol por exigir la indemnización. Hoy, tal parece que quedó eclipsada con la posibilidad de terminar con la telenovela. Aunque hace meses que se observaba la posibilidad de sellar el acuerdo, dejando a un lado todo lo relacionado con el saldo financiero-ambiental. El Observatorio Petrolero Sur (www.ops.org.ar) ya había pronosticado esa posibilidad a principios de diciembre del año pasado: “Los daños socio-ambientales, externalizados a partir de políticas públicas que durante dos décadas redujeron al plano de lo simbólico la aplicación de normas ambientales, controles, sanciones y remediación, se transformaron en letra fuerte del relato del momento. Un relato que condenaba a Repsol pero que exculpaba a quienes desde la función pública, por acción u omisión, también debían responder por esos pasivos”.

Y continúa el observatorio: “Poco después de consumada la expropiación los pasivos ambientales volvieron a las sombras, en la actual negociación con Repsol brillan por su ausencia y tampoco hay en marcha un plan de remediación. El relato actual apunta a dar señales al mercado, decirle que Argentina es un país que garantiza la seguridad jurídica y se ajusta a la ley”.

El inan logko de la comunidad Kaxipayiñ, José Cruz Cherqui, señalaba lo siguiente al periodista Darío Aranda, en una extensa crónica sobre Loma la Lata para la revista MU en abril de 2013: “El gobierno de Neuquén y el Nacional siempre defendieron a Repsol, nunca les importó la contaminación y lo que sufrió el Pueblo Mapuche. Pero por conveniencia económica ahora hablan del pasivo ambiental de 2.000 millones de dólares. Nos produce mucha indignación esa hipocresía, son un montón de ladrones peleando por una cartera grande de dinero para ver quién se queda con la mejor tajada”.

La voltereta discursiva de parte de la dupla Kicillof-De Vido, junto con los gobernadores que integran el Ofephi, tiene una explicación de contexto económico. A parir del escaseo de dólares, que desencadenó la reciente devaluación, el Gobierno espera terminar con cualquier traba con tal de no solo garantizar inversiones por parte del comercio exterior, sino también en realizar sin tapujos las exploraciones de la reserva Vaca Muerta, enclave que convertiría a la Argentina en potencia petrolera y receptora de divisas.

Eso sí: con un costo ambiental y social difícil de estipular con la actividad del fracking, sin mencionar el acuerdo financiero con Chevron, tan turbia como las cuentas de la financiera cordobesa CBI.

Fuente:

Lea Ross (@LeandroRoss), YPF-Repsol: Acuerdo impasivo, 26/02/14, ECOS Córdoba.