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| Máxima Acuña, agricultora peruana que resiste el proyecto minero Conga |
En las alturas de los Andes peruanos, se lleva a cabo una batalla entre las empresas de minería extranjeras que extraen oro y las comunidades indígenas que quieren proteger su agua limpia y su forma de vida.
por Rachel
Stern
Desde
hace tiempo, las tierras altas de los Andes peruanos han atraído a
muchos interesados en hacer fortuna. Hace siglos, los conquistadores
españoles explotaron el oro y la plata, terminando con el Imperio
Inca. Actualmente, son las grandes empresas mineras las que explotan
los abundantes recursos en las entrañas de la tierra.
Durante
los últimos 20 años, Yanacocha, la segunda mayor mina de oro del
mundo, ha estado operando en las alturas vertiginosas de la región
montañosa. La maquinaria pesada corta la tierra, dejando atrás
cicatrices inconfundibles. Desde la mina, los camiones cargados con
el mineral descienden las carreteras serpenteantes.
Los
operadores: la empresa Newmont Mining Corporation, basada en Estados
Unidos, y la empresa peruana Minas Buenaventura, dicen que han
impulsado la economía de una de las provincias más pobres deñ
Perú, pero algunos habitantes de esta región de Cajamarca no están
de acuerdo.
Dicen
que no han tenido una parte justa del botín y que el crecimiento de
la mina a cielo abierto contamina sus ríos y los canales de
irrigación a través de los nitratos usados en los explosivos, los
químicos usados para el procesamiento del mineral y los residuos de
los combustibles. Peor aún, algunos dicen que fueron amenazados
reiteradamente y cuando se manifestaron para llamar la atención
sobre su causa, se enfrentaron con la brutalidad policial.
“Fui
golpeado dos veces solo por una protesta pacífica contra un proyecto
que quería drenar nuestra laguna”, dice Eduardo Ramírez (nombre
ficticio), un activista local que dice que los vertidos de la mina ya
han contaminado el agua que utiliza para la agricultura. “No
sabemos en quien confiar, ya que Yanacocha tiene contratos con la
policía”.
Agua
valiosa
En
los alrededores del área de Cajamarca, el agua es un recurso
particularmente crítico. Esto es porque la minería es un negocio
sediento que consume cantidades masivas de este líquido de la vida,
eliminando el suelo y la vegetación que ayudan a rellenar los
acuíferos subterráneos.
La
población en la región está creciendo y en su ciudad capital del
mismo nombre, el suministro de agua ya es insuficiente para atender
las necesidades, dice Robert Moran, un consultor hidrogeológico
basado en Colorado que hizo un análisis independiente del agua en la
región en 2012.
En el
momento de su visita, el agua municipal solo estaba disponible unas
pocas veces al día en muchas partes de Cajamarca. El otro problema,
dice, es el peligro de contaminación por las sustancias químicas de
la minería y el procesamiento de los minerales.
“Aproximadamente
el 70 por ciento del agua de la ciudad está suministrada por los
servicios de El Milagro, que toma el agua del Rio Grande bajo la
operación de Yanacocha”, escribió Moran.
Esta
agua está en riesgo de contaminación por las operaciones mineras,
aunque algunos insisten que las actividades mineras ya la han
contaminado. Moran dice que “la ciudad tiene recursos inadecuados
(analíticos, financieros, etc.) para apoyar firmemente esas
alegaciones”.
Newmont:
“Estamos intentando ayudar”
Por
su parte, Newmont dice que hace lo que puede para mitigar el impacto
medioambiental de la mina de Yanacocha. Apunta que invirtió más de
1.000 millones de dólares en proyectos de responsabilidad ambiental
y social en la región entre 1993 y 2012, tales como el cuidado de la
salud, infraestructuras comunitarias y servicios, apoyo a la
agricultura y la educación.
La
comunidad local también tiene un mejor acceso al agua, gracias a los
esfuerzos de la empresa, según el portavoz Omar Jabara.
Un
depósito de agua construido recientemente proporciona agua durante
un año a un puñado de pequeñas comunidades cerca de la ciudad de
Cajamarca, incluso durante los seis meses de temporada de sequía.
“El
gobierno regional
de Cajamarca no tiene ninguna capacidad para almacenar el agua, y es
por eso que estamos intentando ayudar”, dice Jabara.
La
región recibió más de 418 millones de soles (111,2 millones de
euros) en royalties de la minería de 1996 a 2011, según un informe
de 2014, cuyos coautores son la Columbia University Law School Human
Rights Clinic y organizaciones sin ánimo de lucro locales. Sin
embargo, el mismo informe también anota que más de la mitad de los
habitantes de Cajamarca todavía viven en la pobreza. “La minería
no sacó de la pobreza a la región, y en su lugar produjo conflictos
sociales y medioambientales en nuestras comunidades”, dice el
informe.
Protestas
peligrosas
Este
conflicto a menudo se presenta en forma de protestas contra las
operaciones, particularmente cerca de los lagos que afrontan el
drenaje para finalidades mineras. Una de ella está siendo liderada
por la agricultora de subsistencia Máxima Acuña, quien ha estado
resistiendo, durante años, supuestos intentos de forzarla a dejar su
tierra. Acuña y su familia dicen que han aguantado intentos de
desalojos violentos, incluso palizas que le dejaron a ella y a su
hija inconscientes. La compañía minera niega cualquier implicación.
Yanacocha
asegura que compró el terreno de la comunidad local en 1997, y que
Acuña, quien ganó este año el Premio Medioambiental Goldman, está
ocupándola ilegalmente. Todavía está pendiente un fallo judicial
sobre su propiedad. La alianza estratégica que posee la mina de
Yanacocha quiere instalar un nuevo proyecto en la región: la mina de
oro Conga, pero según Newmont el proyecto está suspendido desde
2011.
Es un
momento peligroso para los activistas medioambientales en la región.
En 2012, cuatro muertes cerca de la ciudad de Celedin fueron
relacionadas con las protestas contra el proyecto Conga, dice Maryum
Jordan, una abogada de la ONG Earthrights International en Lima.
Un
agricultor, Elmer Campos, todavía está pidiendo una compensación
para los costes médicos al ser disparado en la espalda cuando estaba
protestando contra la expansión de la mina de Yanacocha en 2011,
según Jordan.
Sin
embargo, en 2014 se aprobó una ley que libera a la policía de
cualquier responsabilidad penal si matan o lesionan a alguien en
cumplimiento de su deber lo que significa que, en el futuro, los
manifestantes no tendrían una vía legal para cuestionar la
brutalidad policial.
Jordan
añadió que también recibió informes sobre activistas que se
enfrentan a cargos criminales cuando no han hecho nada, como
represalia de su activismo. Algunos de ellos se enfrentan hasta 65
cargos cada uno, incluyendo cosas como secuestro y obstrucción
pública de las vías públicas, dice.
Aunque
como las protestas continúan, la empresa minera está complaciendo
algunas de las demandas de los habitantes de Cajamarca. Recientemente
anunció que no seguiría adelante con el proyecto Conga “en el
futuro próximo”. Es una pequeña victoria para las comunidades
allí”.
“Cuando
luchas contra los intereses mineros, te sientes como David contra
Goliath”, dice Ramírez. “Pero Máxima [Acuña] nos muestra que
la lucha no es desesperada”.
*Por
temor a represalias, el entrevistado solicitó que no se usara su
nombre real.
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Fuente:
Rachel Stern, No todo lo que brilla es oro: Las comunidades indígenas en Perú protestan contra la minería, 14/06/16, Deutsche Welle. Consultado 16/06/16.
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