Atucha, la apuesta anacrónica libertaria

El presidente del directorio de Nucleoeléctrica Argentina, Alberto Lamagna (a la izquierda), recorriendo el Complejo Nuclear Atucha, el viernes 13 de septiembre de 2024. Crédito: Nucleoeléctrica Argentina.

El plan nuclear de Milei privatiza los beneficios y socializa los costos.

Por Cristian Basualdo

Nucleoeléctrica Argentina anunció que se han asegurado los fondos necesarios para llevar adelante el proyecto de extensión de vida de Atucha I. El flamante presidente de la empresa estatal, Alberto Lamagna, destacó el compromiso del gobierno nacional por “fortalecer y expandir el potencial nuclear argentino, en un contexto de revitalización mundial de este tipo de energía, que ofrece oportunidades de desarrollo en la incorporación de capitales privados”.

Atucha I salió de servicio el domingo 29 de septiembre de 2024, cincuenta años y seis meses después de su puesta en marcha. Además de la extensión de vida del viejo reactor, el proyecto contempla una instalación para el almacenamiento del combustible gastado de Atucha II. El plazo de obra previsto es de 30 meses, y el costo anunciado es de 670 millones de dólares, que será financiado con aportes del Tesoro Nacional, “con la nuestra”, usando la jerga libertaria. Si el gobierno nacional piensa privatizar Nucleoeléctrica, debería dejar que sea el mercado el que decida la conveniencia o no de acometer el proyecto en cuestión.

La energía nuclear es siempre y en todo momento un fenómeno estatal que no tiene ideología. Atucha I es un producto del desarrollismo de mediados del siglo pasado. El plan nuclear actual es fruto de las políticas neoliberales de la última dictadura militar, cuando, simultáneamente al proceso de desindustrialización, una colusión de empresas y funcionarios del átomo encontró en las grandes obras públicas del sector nuclear un mecanismo de acumulación. Desde entonces, las oficinas gubernamentales pueden cambiar de funcionarios, las políticas pueden cambiar su rumbo. Lo único que no cambia es el dispendio en faraónicos proyectos nucleares.

Alberto Lamagna hizo carrera en la Comisión Nacional de Energía Atómica, llegó a ser su vicepresidente. Normalmente estuvo cerca del poder político del momento, así pasó sucesivamente por el Frente para la Victoria, el PRO, y el Frente de Todos. Según publicó Econojournal, Lamagna presentó la idea de acelerar la privatización de Nucleoeléctrica al titular de la Unidad Ejecutora de Empresas, Diego Chaher, hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo.

Una cosa es segura, la extensión de vida de Atucha I sufrirá retrasos y sobrecostos significativos. El mejor predictor del comportamiento futuro es el comportamiento pasado: el denominado completamiento de Atucha II tuvo un sobrecosto de más del 676% (costo previsto: 500 millones de dólares, costo real: 3380 millones de dólares). Mientras que la extensión de vida de Embalse tuvo un sobrecosto de más del 300 % (costo previsto: 704 millones de dólares, costo real: 2142 millones de dólares). En ambos casos los retrasos superaron los seis años.

En septiembre de 2024, unos 25 millones de argentinos se encuentran debajo la línea de pobreza. El gobierno nacional insiste en que “no hay plata”, mientras tanto, los funcionarios del átomo la gastan en contratar a la consultora NGR, de los Países Bajos, para la revisión de los programas de gestión de envejecimiento de Atucha I. La decontaminación del reactor es una tarea que será realizada por la empresa francesa Framatome.

Nucleoeléctrica dice que Atucha I va a funcionar 20 años más después de la extensión de vida. Se trata de una inversión de riesgo en un reactor con problemas derivados del envejecimiento físico de sus sistemas, estructuras y componentes, que va en paralelo al envejecimiento tecnológico y conceptual, ya que solo permite una implementación limitada de las nuevas tecnologías y los conceptos de seguridad. De los 408 reactores nucleares que operan en el mundo, tan solo 22 tienen 51 años o más, según datos del World Nuclear Industry Status Report.