Los papeles de Antúnez

La debacle presupuestaria de Nucleoeléctrica quedó reflejada en las notas que su presidente le envió a la Secretaría de Energía de la Nación.

Por Cristian Basualdo

Para 2022, Nucleoeléctrica había planteado inversiones en los proyectos de construcción de la cuarta central nuclear (Proyecto Hualong) y quinta central nuclear (Proyecto CANDU); como así también la extensión de vida de la Central Nuclear Atucha I, con sus proyectos periféricos. Para financiar el dispendio, el presidente del Directorio de la empresa estatal, José Luis Antúnez, elevó cuatro notas a la Secretaría de Energía de la Nación.[1] Entre las principales consideraciones asentadas por el funcionario se encuentra que “existe una diferencia de 20:1 entre los valores de las necesidades previstas y el disponible actual y futuro”, según los cronogramas planteados para cada proyecto y las cifras otorgadas como crédito presupuestario destinado a Nucleoeléctrica; lo que genera “un escenario de ejecución imposible”. Según Antúnez, la falta de avance “produce impactos económicos y financieros adversos”, ya que “se deben reconocer improductividades por los atrasos” o “mayores costos por la demora en la colocación de las órdenes de compra”, encareciendo el costo y “distorsionando los cronogramas de ejecución de los proyectos”.

Nucleoeléctrica es una sociedad anónima cuyo capital accionario es del Estado Nacional.[2] Sus proyectos de inversión son financiados con créditos presupuestarios no reembolsables del Tesoro Nacional; por otra parte, la empresa dispone de fondos operativos que provienen de la remuneración que recibe enn base a la potencia neta disponible, a la potencia neta en mantenimiento acordado y a la energía generada. Durante 2022, Nucleoeléctrica solicitó a la Secretaría de Energía un incremento del crédito presupuestario de 10.300 millones de pesos, de los cuales le habían otorgado 300 millones al 15 de noviembre.

Antúnez advirtió que la falta de fondos acarrea el “desfinanciamiento de la operación normal” de la empresa estatal, dado que “se deben absorber los compromisos no atendidos de los proyectos de inversión con fondos operativos”. Entre los gastos señalados por Antúnez están los referidos al mantenimiento de la unidad de gestión, tales como sueldos, cargas sociales, servicios, y materiales; como así también la masa salarial del personal de la unidad ejecutora de los proyectos de inversión.

En la última de las notas, fechada el 17 de noviembre de 2022, Antúnez le advirtió a la Secretaría de Energía que “nos veremos obligados al despido de 510 personas pertenecientes a los gremios UOCRA y UECARA el día 30 del corriente, con el consabido impacto social en la zona de influencia del complejo nuclear Atucha”. Se trata del personal de las contratistas Henisa Sudamericana y Hurón, que realizan la preparación del terreno donde se proyecta instalar Atucha III (Proyecto Hualong). En la misma nota, Antúnez solicitó un crédito presupuestario por un valor de 10.000 millones de pesos.[3]

Un año antes, en declaraciones a Econo Journal, Antúnez había anunciado que estaban adelantando la preparación del predio “para entregárselo a la Corporación Nacional Nuclear China tan pronto como esté habilitado el contrato”. Sin embargo, el proyecto Hualong tiene pocas perspectivas de concretarse, de manera que no están justificados los trabajos que devengan deuda con los contratistas.

Para emperorar las cosas, en octubre de 2022 se rompió el reactor de Atucha II, desde entonces la central está parada sin fecha cierta de puesta en marcha. Nucleoeléctrica necesita recursos para su reparación.

A comienzos de 2023, circularon rumores sobre la renuncia de Antúnez. Después, Nucleoeléctrica anunció con bombos y platillos que un fideicomiso financiero, para la extensión de vida de Atucha I, había recibido ofertas por 30 millones de dólares. Una pequeña parte de los 463 millones de dólares estimados para el reacondicionamiento de la vieja central.

La irracionalidad económica y técnica subyacente al plan de acción de Nucleoeléctrica, choca con la realidad de la economía Argentina, que no da sustento a los faraónicos proyectos nucleares que no tienen identidad presupuestaria. Eso no le impide a la empresa estatal presionar con todos los recursos disponibles en la arena política: una estrategia de hechos consumados, junto con amenazas de despidos, de renuncias, de problemas operativos. Todo vale para incrementar las ganancias del lobby nuclear.

Referencias:

1. Las notas número: NO-2022-00000466-NASA-D#NASA de fecha 7 de abril de 2022, NO-2022-00000684-NASA-D#NASA de fecha 19 de mayo de 2022, NO-2022-00001052-NASA-D#NASA de fecha 23 de agosto de 2022, y NO-2022-00001517-NASA-D#NASA de fecha 17 de noviembre de 2022.

2. 79 % del Ministerio de Economía, 20 % de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), y 1 % de la empresa estatal Emprendimientos Energéticos Binacionales SA.

3. Para la atención de los siguientes proyectos: Unidad de Gestión del Proyecto Nacional (UGPN) 288 millones de pesos; Cuarta central nuclear (IVCN) 1.607 millones de pesos; Almacenamiento en seco de combustibles quemados I (ASECQI) 211 millones de pesos; Proyecto extensión de vida de la Central Nuclear Atucha I (PEVCNAI) 2.739 millones de pesos, Almacenamiento en seco de combustibles gastados II (ASECGII) 645 millones de pesos; Quinta central nuclear (VCN) 303 millones de pesos; Reintegro de haberes 4.207 millones de pesos.