No
hay ningún imputado en la causa y la familia no tiene abogado.
por
Adriana Meyer
A
pesar de las profusión de imágenes sobre el ataque, los testimonios
y la denuncia urgente del Comite de Prevención de la Tortura en
Chaco no hay ningún policía imputado por lo sucedido el domingo a
la madrugada en el barrio Bandera Argentina, cerca de Resistencia. La
fiscalía de Derechos Humanos aún está en etapa de "identificación"
de los uniformados que ingresaron a la fuerza a la casa de Elsa
Fernández, golpearon a sus hijos y sobrino, los llevaron a la
comisaría y allí los sometieron a tormentos y abusos, entre ellos
manoseo a una chica menor de edad. "Es una barbaridad, ya
tendrían que estar detenidos, están los nombres de los que aparecen
en el video, el OCI (Organo de Constrol Institucional) y el
Ministerio de Justicia está aportando documentación, pidió oficio
urgente al hospital donde certificaron las lesiones de las víctimas
y a la jefatura policial el libro de la comisaría, y piden que se
acerquen testigos que hayan visto lo sucedido", explicó a
Página/12 Silvio del Balzo, presidente del Comité.
"No
hay imputados, la fiscalía dicen que son seis los policías
identificados pero que tiene que terminar de determinar
responsabilidades y recién entonces pedirán las indagatorias",
agregó. De Balze confirmó que a los sospechosos de los delitos
gravísimos que denunciaron Elsa Fernández, Cristian Fernández,
Alejandro Saravia y Rebeca Garay se les quitó la "chapa" y
el arma, y están en sus casas suspendidos en el cargo. En teoría no
pueden salir por el aislamiento social obligatorio, pero algunos de
sus compañeros fueron vistos por el barrio Fontana, amedrentando a
testigos. La familia sería asistida por la Defensoría Pública,
hasta ahora no tienen representación legal oficial.
"El
domingo a la mañana tomamos conocimiento de lo que pasó a través
de la Mesa Multisectorial Feminista, hubo unas familias tirando
piedras contra la comisaría 3ra, y un par de policías salieron a
correrlos. Incluso hubo un forcejeo, pero las personas agredidas
luego no tenían nada que ver con los que perseguía la policía. Y
pasó lo que todos vimos", indicó De Balze al referirse a las
imágenes del ingreso a la fuerza en la casa de estas familias qom, a
las que el presidente Alberto Fernández calificó de "inaceptables".
En
las primeras horas trascendió que estaba interviniendo la secretaría
de Derechos Humanos provincial, de modo que el Comité se haría a un
costado porque consideró que sus funcionarios harían la denuncia y
darían asistencia a las víctimas con el órgano dispuesto para esa
tarea. Sin embargo, en el barrio sólo estaban las militantes de la
Mesa Multisectorial Feminista y la APDH (Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos). Así, la única denuncia formal presentada hasta
el momento fue la de ese organismo, que depende del Estado pero es
autónomo del mismo.
"El
informe contiene fotos, lo enviamos a la fiscalía de Derechos
Humanos por correo oficial con carácter de urgente, también fuimos
a la comisaría porque estamos autorizados a ingresar por la ley
17.098 que creó este mecanismo de prevención de la tortura a nivel
nacional, es como el equivalente a un Defensor del Pueblo",
explicó De Balzo. Chaco fue el primer lugar en que se creó a raíz
del asesinato de Juan Ángel Greco, un artesano de 24 años que
falleció tras ser detenido ilegalmente y alojado en una celda que
luego fue incendiada, el 4 de julio de 1990 en la Comisaría de
Puerto Vilelas.
Más
allá de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos, el Comité
finalmente decidió presentarse también en la causa para pedir la
detención de los policías involucrados, que son muchos más que
seis, incluso porque algunos actuaron vestidos de civil, algo ilegal
pero que, según De Balze, es común en Chaco. "No se están
haciendo bien las cosas, el gobierno provincial debío convocar a
todos los organismos para bajar los decibeles de la situación, están
saliendo a reclamar otros sectores de la sociedad que dicen que son
'lacras', entonces la familia tiene que saber que se va a hacer
justicia", dijo el presidente del Comité en diálogo con este
diario.
El
gobernador Jorge Capitanich no hizo ningún pronunciamiento público,
a pesar de que sí hubo declaraciones a nivel nacional. "Salió
la ministra de Seguridad, que anunció sobre las acciones de la
secretaría de Derechos Humanos, pero sin la secretaria presente, es
poco serio", se quejó De Balze. A su criterio, la ministra
Gloria Zalazar "no cree en los organimos ni el comité ni en las
defensorías".
De
Balzo destacó que tampoco fue aceptado por la justicia provincial el
hábeas corpus que presentó por las denuncias de abusos policiales
en los procedimientos por el control del cumplimiento de la
cuarentena. "No estamos en contra de los operativos, pero
controlen a la policía porque se les está yendo la mano", fue
el mensaje del Comité porque en Chaco implementaron el operativo
saturación y el toque de queda sanitario por el cual luego de las 20
nadie puede circular.
"La
policía ya está envalentonada, le quisieron poner el lazo y se
rebelaron", interpretó De Balzo. "Convivimos con tres
pueblos originarios, qom, wichí y mocoví. En todos los episodios de
abusos y apremios, siempre hay un sesgo de discriminación por su
condición étnica. Es un choque cultural permanente, y encima ahora
los acusan de haber traído el virus, cuando los primeros casos de
coronavirus fueron por gente que vino del exterior. El policía
asustado monitoreando esto, sumado al racismo, deriva en un desastre.
Muchos testimonios de chicos que sufren hostigamiento refieren que
los policías están ebrios".
Entradas
relacionadas:
Fuente:
Adriana Meyer, Ataque a familia qom: El Comité contra la Tortura pedirá la detención de los policías, 5 junio 2020, Página/12. Consultado 6 junio 2020.
No hay comentarios:
Publicar un comentario