Lo
anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se trata de
precursores para la elaboración de herbicidas. Fuerte rechazo a la
medida de las asambleas de pueblos fumigados.
por
Gastón Rodríguez
Aun
en días de pandemia y emergencia sanitaria, los intereses del
agronegocio fueron, una vez más, favorecidos. El Ministerio de
Relaciones Exteriores anunció la reducción de aranceles para la
importación de insumos que se utilizan en la fabricación de
potentes herbicidas como la atrazina y el glifosato. “Estos
productos nos están matando, envenenando, y además aumentan los
riesgos porque disminuyen considerablemente nuestras capacidades
inmunológicas ante el coronavirus”, denuncian desde los pueblos
fumigados.
A
través de su publicación en el Boletín Oficial, se informó la
puesta en vigencia de acuerdos de complementación económica entre
los países del Mercosur que implican una rebaja del 2 % sobre el
valor FOB (el valor de la mercancía puesta a bordo de un transporte
marítimo) de los ingresos al país de monoisopropilamina y sus
sales, con un cupo de 26.282 toneladas, y dimetilamina, con un límite
de 6000 toneladas, por los próximos seis meses. El “descuento”
había sido solicitado por la Argentina a principios de marzo durante
una reunión de los cancilleres en Montevideo.
“Son
compuestos que se usan como precursores, intermediarios para la
fabricación de, por ejemplo, atrazina y glifosato, que son los
herbicidas presentes en todo lo que nos imaginemos, no sólo en la
soja transgénica, sino también en la producción hortícola, en las
frutas, el tabaco y la yerba”, advierte Javier Souza Casadinho,
ingeniero agrónomo, docente y coordinador de la Red de Acción en
Plaguicidas de América Latina (Rapal).
“La
atrazina -continúa- está prohibida incluso en su país de origen,
que es Suiza. Es un producto desconocido en la Argentina, no está
posicionado en la prensa, pero es peligroso porque está demostrado
que se solubiliza en agua y se arrastra a las napas. También que,
mezclado con otros componentes como ocurre durante las fumigaciones,
afecta el sistema endócrino”.
Si
bien es cierto que su nombre no es muy conocido, la atrazina es un
herbicida usado hace muchos años Argentina, al principio asociado
fundamentalmente a la fumigación de campos de trigo y maíz y, en el
último tiempo, extendido a prácticamente todos los cultivos. Tanto
que, junto al glifosato y el 2,4D, es de los más aplicados en el
país.
“Nos
resulta preocupante que en medio de la pandemia de Covid-19, que
afecta la salud de todas las comunidades, el ministro de Relaciones
Exteriores, Felipe Solá, haya reducido los aranceles para potenciar
la importación de insumos para la fabricación de agrotóxicos en el
país. Esta resulta, además, una maniobra que implica un beneficio
para las multinacionales que operan en el negocio de la agroindustria
extractivista, con el fin de asegurar sus ingresos en el suministro
de venenos para la próxima temporada de siembra de cultivos
transgénicos”, se lee en el comunicado de repudio publicado por
las “Asambleas de Pueblos Fumigados de la provincia de Buenos Aires
y colectivos hermanos”.
Precisamente,
la figura del canciller Solá generó una molestia extra entre los
ambientalistas, quienes no olvidan su insistente gestión para
autorizar el uso de la primera soja transgénica hace más de 25
años.
“La
baja de aranceles -reflexiona Souza- va a generar un abaratamiento en
la fabricación y por ende en el costo de los herbicidas. El gobierno
busca un equilibrio: por un lado, subir las retenciones y, por otro,
reducir los costos de producción. Esa fue siempre la política de
Solá de mantener contentos a los productores”.
Contradicción
El
22 de abril, en el marco de la celebración del Día de la Tierra, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a cargo de Juan
Cabandié, difundió un video que tomó muchos de los reclamos que se
le vienen haciendo al actual modelo de producción. Sin embargo, el
abaratamiento de los insumos para fabricar agrotóxicos o la
inclusión de las fumigaciones dentro de las actividades esenciales
exceptuadas de cumplir la cuarentena (junto a la minería y la
explotación forestal) constituyen, para los ambientalistas, una
“gigantesca contradicción”.
“Nos
parece muy triste que se siga apostando al mismo modelo químico de
producción de commodities que provocó un desequilibrio biológico,
la destrucción del hábitat y una deforestación que tiene mucho que
ver con lo que estamos viviendo”, se lamenta Gabriel Arisnabarreta,
productor agroecológico e integrante de Ecos de Saladillo. En el
mismo sentido se expresa Yanina Gambetti, del Frente de Lucha por la
Soberanía Alimentaria Argentina: “Lo más grave es que estas
multinacionales beneficiadas son justamente las que están acabando
desde hace décadas con la salud de los pueblos y de la tierra”.
Solá
y los transgénicos
La
conformación del marco regulatorio sobre semillas genéticamente
modificadas comenzó en el país en el año 1991, con la creación de
la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), bajo
la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación. Cinco años más tarde, en 1996, el entonces
secretario de Agricultura del gobierno de Carlos Menem, Felipe Solá,
autorizó de manera exprés y en base a estudios de Monsanto que ni
siquiera fueron traducidos al español, la primera soja RR (por
Roundup Ready), tolerante al herbicida glifosato y producida,
obviamente, por esa multinacional, hoy en manos de la alemana Bayer.
Desde entonces, los gobiernos sucesivos no dejaron de incentivar el
modelo transgénico. Durante la presidencia de Mauricio Macri, por
ejemplo, el ritmo de aprobación de los Organismos Vegetales
Genéticamente Modificados (OVGM) se disparó, avalando 25
desarrollos transgénicos, casi la mitad (el 41 %) de todos los
autorizados en los últimos 23 ejercicios. De ellos, 18 fueron
aprobados sólo en los últimos dos años de gestión.
Fuente:
Gastón Rodríguez - @Soyelpapadeleon, En un guiño al agronegocio, bajanaranceles para importar insumos para fabricar glifosato, 3 mayo 2020, Tiempo Argentino. Consultado 4 mayo 2020.
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