por
Pedro Moreno
Tanto
el panel intergubernamental sobre cambio climático (IPCC) como el de
biodiversidad y servicios ecosistémicos (Ipbes), que integran a más
de un centenar de países, vienen publicando abundante información
acerca de cómo los seres humanos estamos recalentando el planeta y
destruyendo la naturaleza (dos fenómenos que se potencian entre sí).
Con suficiente evidencia de que estamos poniendo en riesgo nuestra
supervivencia, los expertos subrayan la imperiosa necesidad de
encarar cuanto antes profundas transformaciones en nuestros estilos
de vida.
Debido
a que el 75 % de los gases de efecto invernadero que emitimos
provienen del petróleo, el gas y el carbón (sumemos que contaminan
el aire que respiramos cuando se queman), el IPCC insta a dejar de
extraerlos y recurrir a fuentes limpias y renovables para generar
energía, optimizando su eficiencia y aplicándola a lo estrictamente
necesario. En su reporte de 2018 se describen cuáles serían las
catastróficas consecuencias si el aumento de la temperatura
sobrepasara los 1,5° desde la era preindustrial (ya llegó a 1°).
Para cumplir dicha meta, se afirma que el uso de fósiles deberá
reducirse por lo menos a la mitad hacia 2030 y ser eliminado por
completo a más tardar para 2050.
En
un trabajo inédito presentado en 2019, el Ipbes advierte que el
ritmo de deterioro de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad,
con un millón de especies en peligro de extinción, nos conduce
inexorablemente al colapso ecológico. Allí se asegura que las
causas están vinculadas principalmente a la agricultura, ganadería
y pesca industriales, por lo que se insiste en la urgencia de optar
por un sistema agroalimentario sustentable (el actual también es
responsable del 35 % de los gases de efecto invernadero), de modo que
nuestro único hogar pueda seguir brindándonos los innumerables
servicios que nos son imprescindibles.
A
partir de los informes de ambos organismos de Naciones Unidas y a
instancias del colectivo Alianza por el Clima, el Senado declaró la
emergencia climática y ecológica, con lo que la Argentina se
convirtió en el primer país de América Latina y el cuarto del
mundo en hacerlo. Hay que poner en marcha sin más demoras ni excusas
una verdadera revolución ambiental. Y, si bien debemos cambiar
integralmente la forma de producir y consumir, es fundamental
acelerar las transiciones hacia las ecoenergías y la agroecología.
Dado que nuestros dirigentes no parecen estar a la altura de las
circunstancias (la mayoría considera ejes del desarrollo la
explotación de Vaca Muerta con fracking y la extensión de los
monocultivos transgénicos basados en agroquímicos), un conjunto de
organizaciones lanzó en septiembre la campaña "Gane quien gane
y gobierne quien gobierne". En su declaración exige la rigurosa
aplicación de la legislación vigente (especialmente la ley general
del ambiente y las de protección de bosques y glaciares) y la
adopción de las políticas necesarias para dejar atrás la lógica
extractivista y remediar sus graves consecuencias.
Una
ley nacional de 2015 establece un mínimo de 20 % de fuentes
renovables en la generación de energía eléctrica para 2025. Por
ahora está en el 8 %, con pocas perspectivas de consolidar su
incremento. Jujuy con los parques fotovoltaicos y Buenos Aires con
los eólicos son las provincias que más han crecido en sendas
energías alternativas. En 2018 se reglamentó la ley federal de
generación distribuida sancionada el año anterior (hasta el momento
se adhirieron nueve distritos), por lo que cualquiera podría
producir electricidad e inyectar a la red el sobrante o tomar de ella
cuando haga falta (esto se concretará cuando aparezcan los créditos
que prevé la norma para la compra de los equipos). En Santa Fe este
sistema (programa de Prosumidores) funciona desde hace varios años
con buenos resultados. Mientras un proyecto de ley que promueve la
movilidad sustentable espera ser tratado en Diputados, la empresa
Sero Electric acaba de sacar a la venta el primer vehículo eléctrico
fabricado en el país.
A
pesar de la ausencia de políticas nacionales que los apoyen (salvo
acciones de un sector minoritario del INTA), los emprendimientos
agroecológicos se reproducen exponencialmente. Los respaldos se dan
en algunas provincias (Misiones es una) y, sobre todo, en una
veintena de localidades que integran la red nacional de municipios y
comunidades que fomentan la agroecología (Renama). Esta, impulsada
desde Guaminí en 2016, ya cuenta con 100.000 hectáreas (20.000 son
de Lincoln) en las que se desarrolla un modelo agropecuario que
aprovecha los ciclos y las relaciones naturales, produciendo
alimentos sanos y conservando los ecosistemas con buenos rendimientos
y rentabilidades. Cabe destacar el rol de las universidades e
instituciones, como la Sociedad Argentina de Agroecología (SAAe),
que articula el conocimiento con los productores, o la FAO, que en un
convenio con la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología
(SoCLA) asevera que sus objetivos -hambre cero y agricultura
sostenible- solo se alcanzarán con la agroecología.
Si
miramos hacia afuera, nos encontraremos, por ejemplo, con que casi
toda la electricidad de Uruguay es limpia y que por las calles de
Suecia circulan cientos de miles de autos eléctricos, o que la
producción agroecológica de Brasil posee fuertes incentivos
estatales y que Dinamarca se propone ser el primer país con
alimentos 100 % orgánicos. Tenemos por delante un largo camino.
Máxime cuando en nuestro territorio abundan tanto la radiación
solar y los vientos constantes como suelos fértiles y agua dulce
para abastecernos de energía y alimentos sustentablemente. En la
medida en que nos informemos e involucremos como ciudadanos
comprometidos y consumidores responsables, los gobernantes y los
empresarios se verán obligados a tomar el rumbo del bien común.
¡Argentinos, a las cosas!
Conductor
del programa Integrantes por la emisora AM 1220
Fuente:
Pedro Moreno, Hacia el desarrollo de las ecoenergías y la agroecología, 8 febrero 2020, La Nación. Consultado 8 febrero 2020.
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