Vista del río Sonora, contaminado por un derrame de ácido. Foto: H. Guerrero / AFP. |
El
derrame de 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico sucedió en
2014 y afectó a más de 22.000 habitantes.
Uno
de los casos que más impacto social tuvo en México fue el derrame
tóxico de casi 40.000 metros cúbicos de la mina de Buenavista del
Cobre, en el río Sonora. Tanta ha sido su relevancia que se ha
considerado como el mayor desastre ambiental en la historia de la
minería nacional y aunque hasta el momento sigue impune, esto podría
cambiar, pues un juez federal ordenó reabrir la investigación en
contra de una una subsidiaria de Grupo México.
De
acuerdo con información del diario Reforma, Jesús Chávez
Hernández, juez Décimo Tercero en Amparo Penal, giró instrucciones
a la Fiscalía General de la República para cancelar los acuerdos
con fecha del 27 de diciembre de 2017 y del 9 de julio del 2018, a
partir de los cuales se archivaron las dos averiguaciones previas por
aquellos hechos.
Esta
determinación también impacta en la Subprocuraduría de Delitos
Federales, ya que ésta instancia debe dejar insubsistentes las
propuestas de no ejercicio de la acción penal, además de acumular
las investigaciones y reconocer con el carácter de víctimas a los
pobladores de Bacanuchi, quienes hasta ahora son daminificados de
aquel derrame.
Esta
podría ser una buena noticia para los afectados, pues en caso de que
el fallo sea firme, tendrán la posibilidad de demandar por la
reparación del daño, el cual se podría comprender desde la salud
de las personas y desde su economía local, pues el derrame impactó
en el turismo y en la comercialización de los productos de la zona.
Cabe
recordar que por este desastre ambiental, la entonces Procuraduría
General de la República inició un par de averiguaciones previas en
contra de Grupo México. Una de ellas había sido por la denuncia que
levantó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa) y otra por la interpuesta por el Sindicato Minero, no
obstante, ambas fueron archivadas.
Ante
estas acciones, tanto pobladores como miembros del sindicato
presentaron amparos cuando las autoridades rechazaron sus
inconformidades, pero Grupo México, del empresario Germán Larrea,
los impugnó cuestionando el interés jurídico de los quejosos y por
ello solicitó que se desecharan.
El
desastre del río Sonora que cambió la vida de un pueblo
El
6 de agosto de 2014, la falla en una válvula de la mina de Cananea
generó el derrame de 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico que
contaminaron los ríos Sonora y Bacanuchi. Esto dejó sin agua para
consumo humano y actividades productivas a más de 22.000 habitantes
de siete municipios.
Además,
la toxicidad del agua afectó a la economía regional, basada en
agricultura, ganadería, minería, turismo y productos artesanales,
actividades que fueron impactadas por la intoxicación con metales
pesados.
A
pesar del desastre ambiental, en aquel entonces el gobierno federal
permitió que el consorcio Grupo México expandiera su explotación
minera con la construcción de una nueva presa para sus residuos
tóxicos, ubicada a 23 kilómetros de Bacanuchi, un poblado que
habitan 70 familias en el municipio de Arizpe, al norte del estado de
Sonora.
Según
el cálculo de la ONG Proyecto sobre Organización, Desarrollo,
Educación e Investigación (PODER), una asociación civil que ha
asesorado a los damnificados en los procesos legales contra Grupo
México ante la Suprema Corte de Justicia en la Nación, el pueblo de
Bacanuchi cabe 178 veces en la superficie de la nueva presa, lo que
significa un riesgo mayúsculo para los habitantes río abajo.
"La
afectación fue muy dura y real, todavía se vive, por más que digan
que está limpio el río", sostuvo Óscar Pineda, investigador
de esta ONG en una entrevista con la agencia EFE en el mes de agosto.
También explicó que la relevancia de este hecho fue mucha, debido a
la estela de impactos que dejó en la economía local y por la
relación que tiene la gente con su territorio y con el río.
Tras
el derrame tóxico, calificado por autoridades y especialistas como
el mayor desastre ambiental de la historia de la industria minera en
México, el gobierno federal obligó a la empresa responsable a pagar
un fideicomiso por 2.000 millones de pesos, de los cuales solamente
aportó 1.300 millones.
Fuente:
Dan revés a Grupo México: reabrirán caso por río de Sonora, el mayor desastre ambiental de la historia de la minería en México, 21 diciembre 2019, Infobae.
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