En
agosto llegaría la resolución del juez Vaca Narvaja para concluir
el proceso judicial. Las mujeres que lideraron la resistencia de
barrio San Antonio sueñan con una vida sin Porta.
por
Soledad Soler
Especial
para La Nueva Mañana
Desde
hace más de siete años las y los vecinos del barrio cordobés San
Antonio reclaman la erradicación de la planta de producción de
bioetanol de la firma Porta Hnos. La fábrica ocupa una superficie de
2,5 hectáreas y se encuentra enclavada en plena zona residencial, a
metros de las viviendas. Desde las casas se siente el olor que emana
de la planta y las columnas de humo atraviesan el horizonte de San
Antonio.
Silvia
Cruz es una de las mujeres que lucha desde el minuto uno por la
erradicación de la planta de bioetanol. Sus cuatro hijos crecieron
compartiendo esa causa con su madre. Viven en la casa que
construyeron con mucho esfuerzo. “Nos costó mucho ahorrar para
comprar el terreno. Decidí quedarme en el barrio, con mucho temor
por mis hijos”, agrega la mujer que junto a otras mujeres defienden
y reclaman seguridad ambiental en el barrio.
Silvia,
como tantas otras vecinas de barrio San Antonio tienen expectativa
por el fallo que se avecina y que está en manos del juez federal
Miguel Hugo Vaca Narvaja. El magistrado deberá expedirse acerca de
la acción de amparo iniciada en 2016, después de un largo proceso
de investigación, y de diversas acciones de visibilización del
conflicto encaradas por los vecinos junto a distintas organizaciones
sociales. Según fuentes judiciales consultadas La Nueva Mañana, la
esperada resolución de este juicio histórico llegaría a fines de
agosto.
Una
acción de amparo desde 2016
En
2016, Silvia Cruz y otros vecinos, tal como figura en la causa,
interpusieron la acción de amparo colectivo ambiental en contra del
Estado Nacional (Ministerio de Energía y Minería) y de la
Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos (ex Secretaría de Energía
de la Nación). Mediante esta acción las y los vecinos pidieron la
“clausura y cierre definitivo” de la planta, por considerar que
no cuenta con “habilitación legal” y por no haber concluido con
la “evaluación de impacto ambiental” previo a su emplazamiento
en esa zona urbana, como lo prevé la Ley General de Ambiente N°
25.675.
María
Rosa Vignolo vive en barrio San Antonio desde hace más de treinta
años. “Cuando me casé me vine a vivir al barrio, a la casa de mis
suegros”, recuerda hoy, otra de las vecinas que protagoniza las
acciones de defensa ambiental de la organización Vecinos Unidos en
Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS).
Rosa
cuenta que hace 22 años pudo acceder a su casa propia en el barrio
que hoy huele a gases tóxicos. “Nos gusta mucho el barrio, es muy
tranquilo, tiene mucha naturaleza, podés estar afuera tomando mates,
hacer vida al aire libre. Elegimos este lugar y acá fuimos
construyendo la familia. No es tan fácil irse”, afirma Rosa.
“Al
frente de mi casa hay un niño con malformaciones, su mamá transitó
todo su embarazo en el barrio. Al lado de su casa, hay otro niño con
problemas de nacimiento. A la vuelta de mi casa hay personas con asma
crónica, a una cuadra un bebé murió por múltiples
malformaciones”, cuenta otra vecina de la zona.
Las
mujeres, defensoras ambientales
Como
en el caso de barrio Ituzaingó Anexo, y tantos otros casos en
América Latina, en San Antonio son las mujeres las que encabezan la
lucha en defensa de los derechos humanos y ambientales de la
población.
“Sigo
luchando para poder dejarles a mis hijos y a mis nietos un mundo con
menos contaminación, porque esto es un problema de todos. También
consigo la fuerza de mis vecinos y las organizaciones que cuando
estás en la peor, siempre están brindando un hombro para
desahogarnos”, cuenta Rosa.
En
el año 2016 la barriada sufrió un duro golpe cuando con tan solo
tres meses de edad, falleció la pequeña Olivia, quien había nacido
con una malformación denominada “mielomeningocele”, un defecto
en el tubo neural que impide la formación adecuada de la columna
vertebral. En medio del dolor, los padres de la bebé denunciaron a
Porta Hnos. por homicidio agravado. Darío Ávila, abogado de la
familia, aseguró en aquel momento en diálogo con La Nueva Mañana
que podía observarse “una relación directa entre la contaminación
que produce la planta y las enfermedades y muerte en el lugar”.
Qué
elementos hay en la causa
En
el marco del juicio por Porta Hnos., en abril declaró Marcos
Tomasoni, integrante del Colectivo Paren de Fumigar, y especialista
en Diseño e Ingeniería sustentable. Tomasoni es además un
especialista en el estudio de contaminantes dispersos en fumigaciones
y participó en el peritaje realizado en 2014 en las inmediaciones de
la planta de Porta Hnos. en el marco de la investigación que llevó
adelante el fiscal provincial José Mana, quien terminó archivando
las denuncias contra Porta en 2015.
El
perito manifestó que quedó confirmado durante los muestreos y
mediante las auditorías del Centro de Investigación y Transferencia
en Ingeniería Química Ambiental de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC), la presencia de “elementos tóxicos en el aire”
en las inmediaciones de la fábrica en cuestión, incluyendo: etanol,
acetaldehído, formaldehído, fenoles, hidrocarburos, xileno,
tolueno, entre otros compuestos que derivarían de la producción de
bioetanol.
Por
otra parte, en relación con los relevamientos epidemiológicos, el
coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud y Médicos de
Pueblos Fumigados (REDUAS), Medardo Ávila Vázquez, dejó en claro
que en la zona han ido en aumento las tasas de enfermedades dérmicas,
respiratorias, gástricas y oculares. También se observó la
proliferación de otras patologías como cefaleas, abortos
espontáneos y nacimientos con malformaciones.
La
defensa de Porta
Los
testimonios presentados por Porta Hnos. -el Ing. Augusto Edgar
Gallardo; las médicas Nilda Gait y Nora Glastein; Roberto Pepino
Minetti; el Ing. Augusto Edgar Gallardo; y Francisco Brussa-
tendieron a reducir el peso de los argumentos relativos al impacto
socio ambiental de la actividad productiva y aseguraron que la firma
cumple con las normas ISO 14.000. Lo cierto es que la producción de
bioetanol forma parte del plan estratégico de expansión de negocios
de la compañía. Según publicó el diario Comercio y Justicia enenero de este año, Porta Hnos. comenzó a exportar mini destilerías de bioetanol a otros países de América Latina.
El
12 de junio pasado se completó la etapa de pericia socio ambiental
en el juicio por el amparo de 2016, con una encuesta territorial y
una inspección ocular realizada en el barrio donde opera la planta
de bioetanol. En esta inspección cuyo objetivo fue el de constatar
prueba documental, participaron el juez Vaca Narvaja, la fiscal
Graciela López de Filoñuk, los de los vecinos organizados, los
abogados de Porta Hnos., y dos habitantes de la zona. A partir de ese
momento se abrió un periodo de vigilia para los vecinos que
culminaría a fines de agosto, con la resolución definitiva de la
Justicia Federal.
Fuente:
Soledad Soler, Caso Porta: hasta que llegue la sentencia “la lucha continúa”, 13 julio 2019, La NUEVA Mañana. Consultado 13 julio 2019.
No hay comentarios:
Publicar un comentario