Con
una inspección ocular en la planta de Porta, concluyó el trámite
por un amparo. Controversia sobre si se requiere permiso para
producir bioetanol y si hay riesgo para vecinos.
El
proceso judicial iniciado en 2013 por un grupo de vecinos que
presentó un amparo contra la empresa Porta Hermanos tuvo ayer su
última instancia. Consistió en una inspección ocular en la planta
ubicada en barrio San Antonio, de la ciudad de Córdoba.
Durante
dos horas, el juez federal Hugo Vaca Narvaja, la fiscal Graciela
López de Filoñuk, los abogados de Porta, los de los vecinos y dos
de los habitantes de la zona recorrieron las instalaciones de la
fábrica. Fue la última instancia de la causa judicial en la que se
analiza si la empresa cuenta con los permisos necesarios para la
producción de bioetanol.
El
grupo recorrió las instalaciones para corroborar in situ algunas
pruebas descriptas en forma documental.
El
conflicto tiene extensos antecedentes. Comenzó en 2013, cuando
vecinos de barrio San Antonio, ubicado al sur de la ciudad de
Córdoba, presentaron una denuncia en la Justicia provincial por
presunta contaminación por parte de Porta. La causa fue archivada en
2015, luego de que se hiciera un peritaje en el que se determinó que
los niveles de contaminación no superaban los permitidos a nivel
internacional.
En
2016, unos 30 integrantes de la agrupación Vecinos Unidos en Defensa
de un Ambiente Seguro (Vudas) presentaron el amparo en la Justicia
federal. Adujeron que la empresa no contaría con el permiso de la
Secretaría de Energía de la Nación para producir biocombustible.
Si
bien desde la empresa no hicieron declaraciones a la prensa, fuentes
allegadas a esta afirmaron que la planta de bioetanol, que funciona
desde 2012, no produce biocombustible, que por eso no necesitan tal
permiso y que no hay riesgo para el ambiente y menos aún para los
vecinos.
Desde
Vudas indicaron que el proceso de producción es el mismo y que, por
ello, “la Secretaría de Energía debería controlar y regular la
actividad”. “Nunca se hizo un estudio de impacto ambiental.
Cuando la causa estaba en la Justicia provincial, se hizo un peritaje
del aire, pero no un estudio transversal del suelo, agua y aire. En
los barrios aledaños, hay una alta tasa de niños con
malformaciones, y uno de cada tres niños usa broncodilatador”,
indicó Virginia Sánchez Domínguez, bióloga y miembro de la
Asamblea en Defensa del Ambiente de Córdoba.
Sánchez
Domínguez aseguró que los vecinos conviven con la empresa desde
1992 -cuando se instaló-, pero que los problemas comenzaron “cuando
instalaron la planta de bioetanol”. “Ahí empezaron los olores.
Tener una planta así cerca de los vecinos es de alta peligrosidad,
por el riesgo de explosión”, agregó.
En
instancias anteriores, Vaca Narvaja solicitó un estudio para saber
si había contaminación ambiental, pero el pedido fue rechazado por
la Cámara.
En
el proceso, se realizó una audiencia pública y luego, en otra
instancia, testigos de las partes, médicos e ingenieros, entre
otros, declararon ante el juez. Ahora, resta conocer cuál será el
veredicto que, aseguran, no tardará más que uno o dos meses.
Si
el juez hiciera lugar al amparo en forma total o parcial, ello
afectaría sólo a la parte de bioetanol y no a la producción total.
Fuente:
Finaliza la causa por un amparo ambiental, 13 junio 2019, La Voz del Interior.
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