Miembros de una
comunidad absueltos por un conflicto en Vaca Muerta. Seis integrantes
de Campo Maripe fueron absueltos de la acusación de “usurpar”
tierras en Vaca Muerta. Festejos de la Comunidad Mapuche.
por Darío Aranda
Empresas
petroleras, gobierno de Neuquén y estancieros esperaban ayer una
buena noticia de los tribunales de Neuquén: un fallo
“ejemplificador” contra el pueblo mapuche. Pero pasó lo
contrario. El juez de Garantías Gustavo Ravizzoli absolvió a seis
integrantes de la comunidad Campo Maripe, que llegaron a juicio
acusados de “usurpar” la tierra que habitan desde 1920. La
sentencia se da en el marco del avance petrolero-gubernamenal en Vaca
Muerta, donde viven más de treinta comunidades indígenas. La
Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) festejó el fallo: “Volvemos
a nuestro territorio a celebrar, a desahogar la tensión de este
juicio, a seguir reafirmando nuestra posesión tradicional, actual y
pública sobre la tierra que vio nacer a cada uno de los que fuimos
juzgados en este infame juicio”.
Luego de cinco
jornadas de testigos, el juez Ravizzoli absolvió a los seis
integrantes de la comunidad mapuche Campo Maripe, llevados a juicio
acusados de “usurpación” por un hecho producido en noviembre e
2014, en la zona rural de Añelo, corazón de Vaca Muerta. Los
denunciantes (Pablo, Andrés y Gilberto Vela) mantiene acuerdos
comerciales con YPF por servidumbre de paso y afirman tener
documentación posesoria que data de la década del ‘70.
El juez Ravizzoli
explicó que se demostró el ingreso al lote en disputa pero no se
pudo determinar que fue un accionar con dolo (intención de cometer
un delito). Y recordó que existe una causa civil abierta (donde se
definirá la posesión del predio).
Gilberto
Huilipan, de la Confederación Mapuche, recordó que el pueblo
mapuche habita la Patagonia desde siglos previos a la avanzada
militar (“Campaña del desierto) y mucho antes a la llegada de las
petroleras. Sin embargo suelen llamarlos “usurpadores” de su
propio territorio. “Fue la primera vez que alguien de un poder del
Estado escuchó a la comunidad Campo Maripe, su historia de dolor e
injusticias. Celebramos que el juez haya dejado claro nuestros
derechos”, afirmó Huilipan.
El fiscal del
caso, Marcelo Silva, no ocultó su pública posición anti mapuche.
Durante el juicio mismo acusó a los Campo Maripe de no ser una
comunidad ni pueblo originario, y dijo que pretendían el territorio
para cobrarle dinero a las petroleras (la comunidad exige que las
empresas se retiren de su comunidad, no acuerdos económicos).
El negacionismo
de la pre-existencia mapuche también fue asumida por el secretario
de Desarrollo Territorial y Ambiente de Neuquén, Jorge Lara, con
larga experiencia en el Movimiento Popular Neuquino de confrontar con
las comunidades indígenas y asumir posturas públicas (y medidas de
gobierno) en sintonía con los pedidos de petroleras y estancieros.
Durante el juicio, dio testimonio en favor de la familia Vela y no
reconoció a los Campo Maripe como comunidad (a pesar que la
Provincia otorgó la personería jurídica en el 2014).
En 2015, un
estudio (“Informe histórico antropológico”) solicitado por el
gobierno provincial y realizado por un equipo interdisciplinario dio
cuenta de que la comunidad Campo Maripe vive en la zona de Añelo
desde, al menos, 1927. El trabajo, de 247 páginas, detalla la
historia de la comunidad, las zonas que habitó y las parcelas que le
fueron arrebatadas (muchas de ellas durante la última dictadura
militar). Otra prueba de la preexistencia mapuche: el cementerio de
la comunidad está en el predio en disputa.
La comunidad
mapuche explica que sus mayores pesares comenzaron en 2013, luego que
YPF y Chevron firmaran el acuerdo para explotar Vaca Muerta (con la
cuestionada técnica del “fracking” -hidráulica-), justamente en
la zona conocida como “Loma Campana”, que es el territorio del
Lof Campo Maripe. Es regla del modelo extractivo: el avance
petrolero, minero y sojero (entre otras actividades) se produce
violando la legislación vigente que el propio estado argentino
aprobó.
Los defensores
Emmanuel Guagliardo y Micaela Gomiz hicieron eje en las leyes que
protegen a los pueblos indígenas (Convenio 169 de la OIT,
Constitución Nacional y de Neuquén, Ley 26160 -que frena los
desalojos y ordena relevar territorios indígenas-) y rechazaron
que el conflicto deba resolverse en el fuero penal.
Además de la
familia Vela, otros actores que pedían la condena a los mapuches
fueron el gobierno provincial y las petroleras, que ven a las
comunidades indígenas como un escollo ante el avance de la
explotación hidrocarburífera. Esperaban la condena de tres años de
prisión para la comunidad Campo Maripe.
En el caso de
Campo Maripe, el estado provincial y nacional aún no completó el
relevamiento territorial que exige la Ley 26.160, sancionada en 2006
y que establecía que en tres años debía relevarse todos los
territorios indígenas.
La Confederación
Mapuche emitió un comunicado ayer por la tarde. Consideró como
“histórico” al fallo “que reconoce el derecho indígena” y
destacó que la sentencia rompe “el blindaje jurídico” que
protege a las petroleras en Vaca Muerta. Resalta que el juez Gustavo
Ravizzoli hizo hincapié en la legislación que protege los derechos
de los pueblos originarios, y que rara vez es aplicada por el Poder
Judicial de Argentina. “Por primera vez en muchos años sentimos
como mapuches que nuestros derechos preexistentes eran asumidos y
expuestos por una autoridad de Estado, como es un juez. Celebramos
que el Poder Judicial ponga las cosas en su lugar y exija al poder
político que se se olvide de los negociados y cumpla con las leyes”,
señaló la Confederación Mapuche.
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