La polémica
acompaña desde hace décadas a la compañía privatizada Vale, que
no deja de acumular desastres y beneficios. La rotura de una balsa de
vertidos tóxicos ha causado más de 100 muertos y más de 200
desaparecidos. Su último escándalo vio la luz en noviembre: condena
por daños ambientales y de salud pública contra comunidades
indígenas.
por Víctor David
López
La destrucción
que a su paso están dejando los más de doce millones de metros
cúbicos de lodo tóxico de residuos de hierro, sílice, amoniaco y
aluminio procedentes de la fractura de la balsa de residuos mineros
Córrego do Feijão (Brumadinho, Minas Gerais) dará que hablar
durante décadas, igual que nunca ha dejado de estar en boca de todos
la compañía minera Vale, con sede en Río de Janeiro, responsable
de los hechos.
Por el momento se
ha confirmado el fallecimiento de 110 personas, y se estima el número
de desaparecidos en 238 desaparecidos. Tras una semana de búsqueda
exhaustiva por supervivientes, evitar que esos dos guarismos se
fundan en uno solo es casi una utopía. Poco más de tres años
después de los cincuenta millones de metros cúbicos de la tragedia
de Mariana, también en Minas Gerais -y que alcanzó el estado de
Espírito Santo-, arrastrando hasta el río Doce aludes de
arsénico, plomo y mercurio, con un saldo de 19 muertos, el nuevo
drama dispara las conjeturas: la compañía Samarco, administradora
de aquella explotación, pertenece a Vale y BHP Billiton
(Australia-Reino Unido) a partes iguales.
Los beneficios de
Vale se multiplican cada año desde su polémica privatización en
1997 -sigue habiendo causas judiciales poniendo en duda la
infravaloración con la que el gobierno de Fernando Henrique Cardoso
la sacó a subasta-, pero el registro de accidentes asusta.
Las consecuencias
superan incluso los trágicos números y se ramifican asolándolo
casi todo. El Consejo Indigenista Misionario, por ejemplo, informaba
cómo a las pocas horas de la ruptura de la balsa el lodo llegaba al
río Paraopeba. "Fue avistada desde la aldea Naô Xohã, del
pueblo indígena Pataxó Hã-hã-hãe (en São Joaquim de Bicas)".
El cacique de la comunidad, Háyó Pataxó Hã-hã-hãe, lo contaba
en el amanecer del sábado 26 de enero: "El agua ayer estaba
clara, pero hoy está roja oscura. Ya hay un montón de peces
muertos, flotando, con la boca por fuera pidiendo socorro".
La prevención
de riesgos laborales, otro de los ámbitos que la compañía Vale
suele eludir, ya le había causado condenas judiciales en el pasado,
pero esta vez ha dejado una marca demasiado funesta. Las oficinas y
el comedor de sus trabajadores estaban justo en el trayecto del lodo
tóxico, ubicadas en el itinerario de una posible fatalidad. La
mayoría de los fallecidos son y serán trabajadores de Vale o
subcontratados.
Pero las
controversias en torno a Vale no acaban ahí. No se habían reparado
aún los daños de uno de los mayores desastres ambientales de la
historia de Brasil (Mariana, 2015) cuando la minera publicó su Nueva Política de Remuneración a los Accionistas. Era finales de
marzo de 2018, dos años y medio después de la tragedia. "La
política ha sido elaborada", decía la nota del consejo de
administración, "con la intención de ser, al mismo tiempo,
agresiva y sostenible durante un largo periodo de tiempo".
Esta estrategia
agresiva, mientras alrededor seguía reinando la desolación, es lo
que ahora le cuesta explicar a Fábio Schvartsman, presidente de la
minera. Asumió el cargo a mediados de 2017, y ahora va de rueda de
prensa en rueda de prensa sin poder explicar cómo se ha podido
romper la última balsa.
La condena por
daños ambientales y de salud pública contra comunidades indígenas
En septiembre del
año pasado, aún con el recuerdo fresco de la tragedia de Mariana,
la compañía ya estaba presta y dispuesta a repartir los más de
seis mil millones de dólares de beneficio bruto entre los
accionistas, en base a esta nueva política interna –los pagos
tienen lugar en septiembre y en marzo–. Un par de meses después,
en noviembre, eldiario.es contactó con Vale para conocer su versión
sobre otra preocupante decisión judicial en su contra.
El Ministerio Público Federal anunciaba que el Tribunal Regional Federal de la 1ªRegión había condenado a la minera a indemnizar a las comunidades
indígenas Xikrin y Kayapó debido a los daños ambientales y daños
a la salud ocasionados por la actividad de extracción en la unidad
Onça Puma (Ourilândia do Norte, Pará). Un trabajo de campo del
Ministerio Público Federal constató los "severos impactos en
la cultura de estas comunidades, debido a la contaminación del río
Cateté", existiendo "reducción de la disponibilidad de
alimentos, que antes eran abundantes".
En nombre de la
compañía Vale, el asesor Daniel Kaz contestó a este periódico que
la empresa recurriría la decisión ante los tribunales superiores, y
que estaban en posesión de informes periciales que demostraban que
la explotación "no genera ningún daño al río Cateté y a las
comunidades indígenas", además de estar "debidamente
licenciada por las autoridades ambientales locales". La asesora
de Vale situada en el estado de Pará, Carmem Oliveira, requerida
para poder mostrar esos informes periciales, no llegó a enviar los
documentos.
La táctica de
Vale se repite en todos los conflictos: alargar los procesos
judiciales y esquivar la reparación. Sobre los mencionados -y no
mostrados- informes periciales que supuestamente les exculpan en el
caso de las comunidades indígenas existe la misma desconfianza que
sobre los informes que dieron el visto bueno a las balsas de
Brumadinho. Cinco de los ingenieros responsables -tres de Vale y
dos de la empresa alemana TÜV-Süd, que se encargó de las labores
de inspección- han sido los primeros detenidos.
Tras la tragedia
de Mariana, Samarco, Vale y BHP Billiton se vieron obligados a crear
una fundación -Fundación Renova- para hacer frente a todos los
trabajos y acciones de reparación. "Los recursos provienen del
aporte de las empresas mantenedoras: Samarco, Vale y BHP Billiton,
conforme dicta el Término de Transacción y Ajuste de Conducta firmado en marzo de 2016", ha informado la Fundación Renova a
eldiario.es. Esta fundación podría haber sido designada para
hacerse cargo también de esta nueva catástrofe, pero eso no
ocurrirá. Ni con la Fundación Renova ni con un modelo similar,
según ha confirmado el Defensor Público General Federal, Gabriel
Faria Oliveira. Se acusa a la fundación de no tener agilidad
suficiente. "El modelo de Renova ha tenido sus ineficiencias".
En las últimas
horas, Vale ha anunciado "donaciones" de 100.000 reales a
cada familia de los fallecidos confirmados hasta la fecha, actuando
como una organización humanitaria en lugar de como la empresa
culpable de la devastación. Acto seguido notificaron con urgencia
una modificación sobre el aspecto que les colocaba en la situación
moral más embarazosa: "Suspensión de la Política de
Remuneración a los Accionistas y, consecuentemente, el no pago de
dividendos e intereses sobre el capital propio".
Con marzo a la
vuelta de la esquina, estaba ya llegando el momento de hacer las
cuentas y repartir los multimillonarios beneficios, pero eso hubiera
coincidido con la ampliación de la lista de fallecidos confirmados
en Brumadinho, que crece cada hora y alcanzará cifras inadmisibles
en los próximos días.
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Fuente:
Víctor David López, Doce millones de metros cúbicos de lodo tóxico: todo vale en el negocio minero de Brasil, 03/02/19, eldiario.es. Consultado 07/02/19.
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