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| Activistas de Greenpeace detienen el accionar de una topadora, en la finca Cuchuy, Salta, 10 de enero de 2018 . Foto: Hernán Vitemberg/ Greenpeace. |
El primo del jefe de Gabinete, multado por desmontes en Salta. El gobierno salteño le aplicó una multa de 2.500.000 pesos a Alejandro Jaime Braun Peña y le ordenó que reforeste la finca donde barrió con los bosques nativos, a pesar de una orden para frenar la deforestación en la zona. Greenpeace había denunciado la situación.
Finalmente, tras
la recolección de 500 mil firmas y una catarata de denuncias de
Greenpeace contra los desmontes, el gobierno salteño le aplicó una
multa que alcanza los 2.500.000 pesos a Alejandro Jaime Braun Peña,
primo segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y le ordenó la
reforestación de la finca Cuchuy, donde las topadoras continuaron
desmontando a pesar de que había una orden para frenar la
deforestación en esa zona. Además, lo incluyó en el registro de
infractores de la Ley de Protección del Medio Ambiente de Salta.
La coordinadora
de la campaña de bosques en el NOA de la ONG ambientalistas, Noemí
Cruz, dijo a PáginaI12 que “es un avance que se multe a los
empresarios que destruyen bosques protegidos y que se ordene la
remediación. Es un caso muy importante, en el que hemos hecho foco
no sólo porque se pasó por encima por encima de la Ley de Bosques
sino porque hay comunidades indígenas viviendo allí, a la que le
vulneraron sus derechos”, dijo la activista, quien advirtió que
este es uno de los caso denunciados. “Hay otros dos empresarios que
también hicieron desmontes ilegales: Pedro Cignetti de la finca Los
Pozos y Bruno Varela Marín de La Peregrina”.
El conflicto en
la finca Cuchuy, propiedad de Braun Peña, quien integra el
directorio de Finca Cuchuy S.A. con Pablo Clusellas, secretario de
Legal y Técnica de la Nación, arrancó en 2011 cuando el gobernador
Juan Manuel Urtubey habilitó, por decreto, la recategorización de
áreas que estaban protegidas por la ley de Ordenamiento Territorial
de Bosques y permitió que avance el desmonte, según explicó Cruz.
La finca, de diez
mil hectáreas, está en un área de bosques nativos categorizada,
una parte, como sector rojo, de alto valor de conservación, donde
hay relictos de bosques, reservas naturales, y otra, como amarillo,
de alto o medio valor de conservación, en el que puede haber un
aprovechamiento sustentable, y que incluye lo que se denomina
“amarillo social”, los territorios en conflicto reclamados por
pueblos indígenas.
Con el decreto,
la finca de Braun y otras 31 se rezonificaron, y pasaron a ser
categoría verde, que permite el desmonte. “Con un simple trámite
administrativo, de la noche a la mañana un lugar protegido pasaba a
estar autorizado a desparecer”, explicó Cruz.
“En el caso de
Cuchuy pidieron un desmonte neto de más de cinco mil hectáreas y
desmontaron todo”, agregó, y remarcó que con ese decreto
posibilitaron la destrucción masiva de bosques.
Tras sucesivas
denuncias, campamentos de resistencia que fueron desalojados por la
policía, activistas detenidos y las comunidades wichis presionadas
por las municipalidad local, que no les llevaba agua a quienes
acompañaban el reclamo.
Con las firmas y
los reclamos se logró que se deroguen los decretos, se pararon
muchos pedidos de desmontes que estaban en carpeta, pero como no eran
retroactivos, la deforestación siguió. Tras la intimación de
Nación, la provincia emitió una resolución que suspendió los
permisos y obligaba a la remediación de las zonas afectadas, en una
provincia en la que de acuerdo a datos oficiales, se destruyeron
174.024 hectáreas de bosques protegidos entre 1998 y 2017.
El 26 de enero
notificaron a Braun Peña que debía acatar la resolución dispuesta.
Pero los monitoreos, satelitales y por tierra, de Greenpeace
mostraron que las topadoras continuaban desmontando.
El jueves pasado,
la justicia rechazó los recursos presentados por el empresario,
quien quiso anteponer el valor de la propiedad privada por sobre el
valor colectivo de un bien protegido por ley.
“Aunque la
resolución y la multa se hicieron esperar, lo importante es que no
habrá indulto para los desmontadores y que deben reforestar lo
destruido”, afirmó Cruz.
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Fuente:
Un castigo por la tala ilegal, 28/11/18, Página/12. Consultado 29/11/18.
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