Residuos
nucleares. Una norma de 2008 obliga al Consejo de Seguridad Nuclear
de España a elaborar el catálogo.
por Manuel Planelles
Un trajín de
agricultores y tractores envolvía este miércoles los márgenes de la Real Acequia del Jarama a la altura de San Martín de la Vega
(Madrid). Ninguno de los agricultores sabía nada del vertido
radiactivo de 1970 que la dictadura ocultó ni de las ocho zanjas en
los márgenes a lo largo del canal de riego en las que se enterraron
los lodos contaminados por aquel accidente.
Una de esas
zanjas, según la documentación a la que ha accedido El País, se
excavó junto a la conocida entonces como ermita de San Blas, en el
término municipal de San Martín de la Vega, cerca de donde el
miércoles trabajaban esos agricultores que decían que eran
demasiado jóvenes para acordarse de aquello o que no tenían tiempo
para pararse a hablar.
Ese cementerio o
banqueta, como se denomina en los expedientes del caso a las zonas en
las que se escondieron las tierras contaminadas con cesio 137 y
estroncio 90, no está hoy señalizado ni delimitado de ninguna
forma. Tampoco figura esa banqueta, ni las otras siete en las que se
escondieron residuos, en ningún inventario oficial. Simplemente,
porque en España no existe todavía un catálogo de tierras
afectadas por contaminación radiactiva, y ello a pesar de que la
normativa vigente lo exige desde hace una década.
En enero de 2008
se aprobó el Real Decreto 35/2008 a través del que se modificó el
reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas. En el
preámbulo se destacaba, “como aspecto novedoso”, que con esa
modificación se regulaba “el control de áreas contaminadas”
para dar “solución al control de terrenos o recursos hidrológicos
que, no perteneciendo a instalaciones reguladas por el Reglamento
sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se hayan visto afectados
por contaminación radiológica”.
Ese fue
precisamente el caso de los márgenes del canal de riego del Jarama
en los que el franquismo enterró de forma clandestina los lodos
contaminados por el vertido de la extinta Junta de Energía Nuclear
(JEN). El vertido se inició en el Centro Nacional de Energía
Nuclear Juan Vigón, ubicado en la Ciudad Universitaria de Madrid y
que hoy es la sede del Ciemat. Estas instalaciones sí estaban
consideradas como nucleares (había incluso un reactor experimental,
origen del vertido). Pero las aguas tóxicas se colaron por las
alcantarillas y salieron del recinto hasta el Manzanares, el Jarama y
el Tajo. El rastro de contaminación se acumuló en los fondos del
canal de riego y de ahí los técnicos sacaron la tierra y la
enterraron en las zanjas.
El artículo 81
del real decreto de 2008 señala: “El Consejo de Seguridad Nuclear
[CSN] elaborará un inventario de los terrenos o recursos
hidrológicos de los que tenga conocimiento que se hayan visto
afectados por contaminación radiológica, informando de ello a las
autoridades competentes a los efectos oportunos”. El CSN -heredero
junto al Ciemat de la extinta Junta de Energía Nuclear (JEN)-
conoce perfectamente que se produjo el vertido y el enterramiento de
los lodos radiactivos a lo largo del canal. De hecho, en 2012 el área
de Protección Radiológica Ambiental del CSN elaboró un informe
relacionado con el futuro inventario de suelos contaminados que
concluyó que se debe “realizar una caracterización más completa
del alcance de la contaminación” en los enterramientos del Jarama.
Pero la aprobación del inventario está paralizada.
En abril de 2010
se constituyó un grupo de trabajo entre el CSN, el entonces
Ministerio de Energía y Enresa, la empresa pública encargada de
gestionar los residuos radiactivos. En el transcurso de aquel proceso
se elaboró el informe sobre el Jarama. El CSN llegó a redactar un
borrador para un segundo real decreto en el que se establecían los
criterios para declarar los suelos contaminados y poder hacer el
inventario. Pero, una década después, el real decreto que permitirá
tener ese catálogo aún no se ha aprobado.
Un portavoz del
CSN señala que el borrador del real decreto que se redactó
"asignaba al ministerio la responsabilidad de la declaración de
un suelo como contaminado o como un suelo con restricciones de uso
por razones radiológicas y, con ello, un inventario de esos suelos".
"Pero, finalmente, no se aprobó este proyecto de real decreto
que implicaba modificar previamente la Ley sobre Energía Nuclear
15/1964", añade.
La Operación
Tajo
El 7 de noviembre
de 1970 se produjo un vertido radiactivo desde la Ciudad
Universitaria de Madrid.
El vertido llegó
al Manzanares, al Jarama y al Tajo. La dictadura ocultó sus
consecuencias. Y, de forma clandestina, puso en marcha la llamada
Operación Tajo.
En abril de 1971,
el régimen enterró lodos radiactivos en ocho zanjas a lo largo del
canal del Jarama. Y durante casi medio siglo, los enterramientos no
han salido a la luz.
Petición de
explicaciones
La Consejería de
Medio Ambiente de Castilla-La Mancha se enteró este domingo, por lo
que publicó El País, de la existencia de ocho zanjas en las que en
los años setenta se enterraron lodos contaminados por radiactividad.
Así lo ha admitido su titular, Francisco Martínez Arroyo, quien
este lunes tiene intención de ponerse en contacto con el CSN para
"pedir información". Sorprende que el Gobierno de
Castilla-La Mancha desconozca los enterramientos porque parte de esas
zanjas están en su comunidad. "El CSN debe informar y
garantizar que no hay riesgo para la salud", apunta el
consejero.
Unidos Podemos
presentará este lunes peticiones de información en el Congreso, la
Asamblea de Madrid y el CSN. Juan López de Uralde, de Equo
(formación integrada en el grupo de Unidos Podemos), reclama
"transparencia". López de Uralde, quien tampoco conocía
los enterramientos clandestinos, pide que se siga "controlando
la zona y descontaminando si es preciso".
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Fuente:
Manuel Planelles, España carece de un inventario de suelos contaminados por radiactividad, 16/09/18, El País.
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