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| En 2015. El por entonces secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, junto a los ministros cordobeses de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, y de Infraestructura, Hugo Testa. Foto: Ministerio del Interior |
Fabián López, el alfil de Juan Schiaretti, se ha transformado también en su ministro más polémico. ¿Por qué el gobernador lo ha defendido y sostenido a pesar de las numerosas críticas y causas en las que se encuentra involucrado? Aquí, un recorrido por su “contaminada” trayectoria en la función pública.
por Luis Bel
Lo primero que se
podría señalar, por la “banca” que tiene desde “el Panal”,
es que López es una especie de “Patricia Bullrich” de
Schiaretti. Vamos a indagar los porqués.
Podríamos
aseverar que Fabián López es “el hombre preciso para el trabajo
justo, en el momento exacto”, sobre todo en épocas en las que el
ajuste de los gobiernos nacional y provincial así lo requieren.
En estos momentos
el ministro está relacionado: al ataque al convenio de los
trabajadores de Luz y Fuerza, que contiene en su seno un intento de
privatización de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba(EPEC);
a la multimillonaria obra que conllevan los gasoductos troncales en
los cuales está involucrada la mundial (e infamemente) conocida
Odebrecht, y, además, en la construcción de la autovía en la zona
de Punilla que ha provocado la reacción de los pobladores de las
localidades afectadas, y numerosas críticas de diferentes y
reconocidos científicos, ambientalistas y especialistas.
Y esto solo para
nombrar las más resonantes mediáticamente. Pero, rasguemos un poco
más la ya de por sí oscura y opaca superficie, ¿quién es Fabián
López?
López llegó a
la función pública de la mano de José Manuel de la Sota, donde
llevó a cabo tareas en el Ministerio de Obras Públicas en sus dos
primeros mandatos. Fue el mismo delasotismo quien en 2006 lo
“recomienda” para llegar a ser funcionario del gobierno de Néstor
Kirchner. A fines del 2013, y luego de su tarea como funcionario
nacional, otra vez el “Gallego” lo convoca, esta vez como
ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos del gobierno de
Córdoba, lugar donde Schiaretti no solo lo sostuvo, sino que además
lo puso a cargo de los gasoductos troncales: “la obra más
importante de la historia de la provincia”, según el actual
gobernador.
Si bien (hasta
ahora), no está implicado en el “Lava Jato criollo”, Centeno
debería comprar una parrilla muy grande para quemar todo aquello que
López firmó, y que hoy tiene olor a podrido y a contaminación.
Bolsos van,
bolsos vienen… los López se entretienen
Cuando en junio
de 2016 el ex secretario de Obras y Servicios Públicos de Julio De
Vido, José López, arrojaba los bolsos (y gran parte del crédito
político que por entonces le quedaba a un golpeado kirchnerismo) por
encima de los muros del convento, pasaba inadvertido para la opinión
pública (quizás porque llevaban el mismo apellido), el segundo a
cargo del hombre de los millones en el aire y el FAL en el piso:
Fabián López.
Entre 2006 y
2012, el ahora ministro cordobés se desempeñó como subsecretario
de Recursos Hídricos del kirchnerismo. Por sus manos pasaron
numerosas obras, entre otras, fue quien cerró las negociaciones por
las investigadas represas en Santa Cruz.
La conexión
China: “Un glan negocio pala pocos”
El curriculum
vitae de López dice que es traductor de alemán, pero donde se
maneja como pez en el agua es en China. Fue uno de los pilares para
conseguir financiación oriental para la obra pública, incluidos 850
millones de dólares para la construcción de dos tercios de los
gasoductos.
Es que en
realidad, tanto acá como en Beijing, el idioma que todos entienden a
la perfección es el de los negociados de la patria contratista.
La torta de los
gasoductos quedó entonces dividida en tres: una porción (norte y
sur), quedó en manos de Electroingeniería (de cuantiosos negocios
durante el gobierno anterior) asociada con China Petroleum, la
segunda (este y centro II), para Iecsa (Calcaterra-Macri) asociada a
China Communications; y una tercera porción, para Odebrecht.
Cuando Techint
quiso ser parte de la torta, queriendo transformarse en uno de los
proveedores de los costosísimos tubos sin costura para la obra, fue
López quien terció entre Beijing y Paolo Rocca, por supuesto que
favor de la compra de los tubos de sus socios chinos, que tenían un
costo mucho más bajo que los fabricados por la multinacional
argentina. Finalmente, la intervención de Macri, quien negoció
personalmente con Schiaretti, y el lobby de Rocca, lograron que el 50
% de los tubos para los gasoductos sean producidos por Techint.
La conexión
Córdoba- Brasil: ¿Tudo legal?
Las relaciones
del PJ cordobés con Brasil no son nuevas, tanto Schiaretti como De
la sota han mantenido una estrecha relación con el gigante
sudamericano. Al punto tal, que una de las hipótesis que manejaron
los medios y analistas políticos acerca del porqué José Manuel se
“borró” de la campaña en 2017, fue que su nombre era mencionado
en el expediente del “Lava Jato”.
La constructora
brasilera del escándalo, Odebrecht, “ganó” la licitación para
la construcción de parte de los gasoductos troncales, y la sigue
manteniendo a pesar de los constantes incumplimiento en los plazos.
La relación de
la obra pública nacional con Odebrecht ha estado plagada de
irregularidades y Fabián López no es ajeno a esta relación, más
bien todo lo contrario. En el caso Aysa, una investigación del
fiscal Delgado (hoy corrido de todas las causas que involucran al
macrismo), llevó a la suposición del pago de sobreprecios en la
construcción de una planta potabilizadora construida en 2015 en
Tigre, provincia de Buenos Aires.
El proyecto se
licitó originalmente con un presupuesto de 1.838 millones de pesos,
pero el Gobierno nacional, a través de la empresa estatal, terminó
pagando más de 7 mil millones. Realmente obsceno.
El juez Casanello
lo llamó a indagatoria el 14 de diciembre pasado, donde López
habría declarado que solo tenía una responsabilidad de “control
técnico” sobre esa obra cuando fue subsecretario de Recursos
Hídricos de la Nación y presidió la Agencia de Planificación.
En la causa
también están imputados Julio De Vido y directivos de la brasileña
Odebrecht y de la local Roggio. Y por sospecha de soborno, además de
López, aparecen los apellidos de Baratta y Wagner, junto a una
veintena más. Como cantan en la cancha “pasan los años”, pero
los que quedan son los nombres que se repiten, y que venimos
escuchando seguido desde que el ex militar, ex servicio y ex chofer
Centeno, diera a conocer sus apuntes delictivos.
En aquel momento,
el gobernador Juan Schiaretti, respaldó por enésima vez a su
ministro, ratificó su continuidad y lo señaló nuevamente como
“indispensable”. Al final, en mayo de este año, en una serie de
faltas de mérito dictadas en la causa, López se vio beneficiado y
eso le trajo algo de alivio judicial y político.
EPEC: una alianza
antiobrera y privatizadora
Fabián López es
la punta de lanza del intento de privatización que Unión por
Córdoba, con Schiaretti a la cabeza y en alianza con el gobierno
nacional (cuyos CEOS tienen especial interés en extender sus
tentáculos en el sector energético), vienen llevando adelante. No
es extraño entonces que uno de los objetivos sea la Empresa
Provincial de Energía de Córdoba, la cual, además de distribuir,
produce energía y en reiteradas oportunidades ha llegado a proveer a
la provincia de Buenos Aires en épocas de emergencia energética.
La idea de
privatizar EPEC no es nueva, ya hubo un intento en los 90 de la mano
de la ola privatizadora menemista, pero la resistencia de los
trabajadores y trabajadoras lo detuvo.
En el último
acto del día de la bandera realizado en la localidad de Jesús
María, un grupo de trabajadores acompañados por sus familias
llevaron a cabo un escrache al gobernador, ante las cámaras que
cubrían el evento el ministro López fue tajante: “La decisión
está tomada y no vamos a torcer el rumbo”.
Para ello cuenta
no solo con la complicidad de los grandes medios locales que todo el
día están atacando a los trabajadores y trabajadoras con un recurso
que ya saben efectivo ante la opinión pública: los trabajadores de
EPEC son privilegiados y el costo de la factura está relacionado con
esos privilegios, léase “carga salarial”. Algo que ha sido
desmentido por los mismos números presentados por la empresa.
Este avance hacia
la privatización conlleva la apertura del mercado eléctrico para
que nuevas empresas privadas tengan participación en la generación,
el transporte, distribución y comercialización de la energía.
Ya López había
colocado a un hombre del sector privado, Julio Bragulat, ex director
de CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Eléctrico
Mayorista, un híbrido estatal-privado) como director de EPEC.
Bragulat, al igual que López y De Vido, está relacionado al caso
Odebrecht.
Hace poco más de
un mes se presentó de manera oficial el proyecto de Rediseño del
Marco Regulatorio Eléctrico para la Provincia de Córdoba. La
presentación fue a puertas cerradas en el Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos con miembros del Consejo Asesor de
Política Energética (CAPEC) y sin la participación de
representantes de las y los trabajadores.
Mientras tanto,
desde Luz y Fuerza presentaron un contra proyecto y realizaron en
Tribunales federales una denuncia penal contra los directivos y las
empresas auditoras. Pero no ha habido desde el sindicato una
respuesta acorde al tamaño del ataque que está sufriendo la
tradicional empresa estatal.
Una cartelización
selectiva
La “causa de
los cuadernos”, o de las fotocopias, como prefieren llamarla
algunos, es sin dudas un mamarracho jurídico y forma parte de una
persecución judicial que favorece a sectores políticos del
oficialismo y a intereses de los Estados Unidos en la región. Pero esto no
significa negar la existencia del enriquecimiento de los empresarios
de la patria contratista y de los funcionarios que desde el Estado
administran sus negocios.
Ya es toda una
sorpresa que tratándose de la cartelización de la obra pública y
de aquellos que conforman la patria contratista, el apellido Macri no
apareciera entre las anotaciones selectivas de Centeno. También es
llamativo que entre los funcionarios no figure el nombre de Fabián
López, quien, como ya dijimos, tuvo a cargo contratos por miles de
millones en obra pública durante el gobierno anterior.
Quizás la
respuesta pueda encontrarse en que habiendo dicho Schiaretti una
decena de veces ante los medios, que Mauricio Macri era su amigo,
funcione aquel dicho popular que reza: “Los amigos de mis amigos,
son mis amigos”.
A tal punto llega
la connivencia en todos los niveles que en mayo pasado, el fiscal de
la Cámara de Acusación, Jorge Leiva, decidió archivar (en el marco
de la megacausa Lava Jato), el expediente que envolvía al gobierno
provincial. En esa causa, se debía develar si el ex fiscal
Anticorrupción, Gustavo Hidalgo, había incurrido en encubrimiento
en la investigación sobre el presunto pago de millonarias coimas por
la obra de los gasoductos troncales.
El escándalo fue
aún mayor, cuando salió a la luz que el hijo de ese fiscal, Jorge
Sebastián Leiva, fue nombrado por Fabián López en un cargo
jerárquico en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).
El Gobierno justificó el nombramiento porque según dicen “se
presentó una persona de apellido Leiva” como cualquier hijo de
vecino, y que “no conocían la relación”. Además, argumentaron
que el hijo del fiscal Leiva está “altamente calificado para la
tarea”.
Como dirían en
el barrio: “andá a buscarla al ángulo”.
La autovía del
uranio
La autovía de
montaña que unirá parte de las sierras cordobesas fue un proyecto
polémico desde el comienzo. Rechazado por la mayoría de los
habitantes de todas las poblaciones por donde pasa, posee numerosas
irregularidades.
Entre todos los
proyectos presentados, el que finalmente fue aprobado, es justamente
aquel que mayor daño ambiental produce, incluido el hecho de que
pasa muy cerca de la mina de uranio Rodolfo. Aunque la lucha
ambientalista logró que el recorrido se cambiara a unos 300 metros
del proyecto minero, hay especialistas que aseguran que el movimiento
de suelos en esa área afectará la escorrentía superficial de agua.
El rechazo a esta
obra es generalizado y ha llevado a la movilización de los vecinos y
vecinas de la zona que han salido a manifestarse a través de
marchas, festivales, asambleas, radios abiertas y cuánto método de
lucha hayan tenido a su alcance. La resistencia fue tal, que
finalmente se realizaron audiencias públicas donde decenas de
oradores sustentaron su oposición al proyecto. Entre los argumentos
está el gran desmonte que implica una autovía de 4 carriles y de 43
km de longitud, en una de las provincias más devastadas por el
avance de la soja.
Además, por
supuesto del impacto ambiental, y sobre la fauna del lugar, que
tendría el emprendimiento, las sospechas (y certezas), no solo de
sobreprecios (la obra cuesta 8 veces más que la media
latinoamericana), coimas e irregularidades son tales, que cuando se
recopiló la información de los últimos incendios producidos en la
provincia, casi todos estaban localizados allí por donde está
proyectado pase la autovía.
Fabián López
anunció hace unas semanas que ya estaba otorgada la licencia
ambiental para el comienzo de la segunda etapa de la obra. Lo extraño
de estas “licencias”, es que permiten el desmonte en lugares
considerados como “zonas rojas”, adonde, la misma ley provincial,
no permite este tipo de procedimientos.
Taym y Roggio:
negocios que contaminan
Una de las
últimas denuncias en que se vio implicado López, es en el caso de
contaminación del agua que provee al 33 % de la ciudad de Córdoba.
Otra vez aparece
su apellido junto a un viejo conocido, el ahora “arrepentido”
Aldo Benito Roggio. La empresa involucrada esta vez es Taym,
perteneciente a Benito Roggio Ambiental (BRA), la cual está acusada
de haber producido la contaminación del canal proveniente del dique
Los Molinos, que abastece de agua potable a gran parte del sur del
ejido urbano.
Taym, se dedica a
almacenar, tratar y enterrar desechos industriales de todo el país,
entre los que se enumeran barros contaminados de diques de cola
mineros, el pesticida DDT, envases de glifosato, asbesto, baterías
de plomo, níquel, cadmio y litio, cenizas ácidas de calderas,
barros contaminados con hidrocarburos, drogas y medicamentos
vencidos, entre otros.
Fueron imputados
Alberto Alberto Verra, presidente de la planta de residuos
industriales, a María del Milagro Araoz Ferrer, Responsable Técnica,
y a César Ernesto Ripsky, Gerente Apoderado. Los tres acusados por
"contaminación ambiental culposa". La pena por este delito
es excarcelable y las multas van desde los 10 mil a 200 mil pesos.
Una verdadera ganga por envenenar a un tercio de los cordobeses.
El derrame de
residuos peligrosos al canal, producido tras la inundación de las
piletas al aire libre el 28 de marzo de 2017, tuvo lugar, según los
peritajes, gracias a la mala construcción de la planta de Taym, la
cual se levantó en una zona inundable.
Quien firmó las
autorizaciones técnicas correspondientes según un documento de la
DIPAS que data del año 2000, es el actual ministro de Ambiente, Agua
y Servicios Públicos de la Provincia, Fabián López, que en ese
momento era director de DIPAS.
Mientras el
peritaje por residuos tóxicos pedido por la fiscalía daba positivo,
un informe municipal realizado a poco de haberse producido el
derrame, aseguraba que el agua de ese sector de la ciudad era potable
y estaba apta para el consumo humano. Claro que el informe fue
realizado en un laboratorio de la UTN que ya ha tenido recusaciones
por sus polémicos informes.
Es el mismo
laboratorio del caso de megabasural que Cormecor (Corporación
Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos
Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba), una SA integrada por
numerosos intendentes y el Surrbac, el Sindicato Único de
Recolección de Residuos de Córdoba, intenta instalar en las
cercanías del barrio Santa Ana, ubicado en la periferia de la
ciudad. El visto bueno para este basural fue firmado por el Ing.
Héctor Macaño (Departamento de Ingeniería Química de la UTN) y el
Ing. Daniel Yorio (Departamento de Química Industrial de la
FCEFN-UNC). Macaño es el Coordinador General del CIQA (Centro de
Investigación y Transferencia Química Ambiental de la UTN) y jefe
de un equipo técnico que integra el Ing. Javier Britch, secretario
de Ambiente de la Provincia.
El CIQA fue el
instituto responsable de realizar los análisis del agua contaminada
por Taym y concluyó que la misma estaba en “perfectas
condiciones”. Una manito desde la universidad del rector Juri para
el correligionario Mestre.
Protegido por
todos los sectores de la patria contratista, Fabián López, se ha
transformado en un hombre clave de la obra pública a nivel nacional
y provincial. Con un perfil antiobrero, el actual ministro provincial
ha estado envuelto en cada uno de los casos más resonantes de
corrupción de los últimos 18 años, si tomamos como referencia
aquel documento fechado en el 2000.
Pero más allá
de los pasivos en las arcas estatales, de los sobreprecios, de las
coimas y de las millonarias ganancias de los empresarios, el pasivo
más duro que nos ha dejado como legado Fabián López, es el
ambiental. Quizás, el de más difícil reparación.
Fuente:
Luis Bel @Hachedebel, El otro López, 04/09/18, La Izquierda Diario. Consultado 08/09/18.
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