Desde el
campamento “Lula libre” en Curitiba, Brasil.
por Raúl
Montenegro
La justicia de
primera instancia persigue a Luiz Inácio Lula da Silva y lo
encarcela sin pruebas, mientras actúan impunemente en Brasil autores
intelectuales de ferocidad sin límite, empresas privadas de
seguridad con prácticas ilegales y sicarios que asesinan a mansalva
a indígenas, campesinos y trabajadores rurales.
En Brasil se está
desarrollando un experimento social sin precedentes que todos los
países democráticos de la región y el mundo siguen con honda
preocupación. En lugar de los tradicionales golpes militares con
fuerzas armadas en la calle y generales que asumen el poder, desde
2016 las minorías poderosas han desplegado un innovador y
autoritario golpe de estado múltiple, donde se combinan golpe
parlamentario, golpe judicial y sobre todo, golpe mediático desde
medios hegemónicos como la Rede Globo. Ampliaron así los golpes
institucionales registrados en Honduras y Paraguay. Después del
ensayo exitoso que logró el desplazamiento de Dilma Rousseff de la
presidencia, el objetivo es que Lula da Silva, primero en intención
de voto para las próximas elecciones, no pueda presentarse como
candidato.
No es casual que
los poderes económicos reales intenten derribar la candidatura del
expresidente de Brasil, pues en uno de los países más desiguales
del planeta, Lula logró sacar de la pobreza a más de 30 millones de
brasileños. Semejante transferencia de recursos y poder a los más
desprotegidos es considerado un peligro inaceptable por quienes se
benefician con el trabajo esclavo y explotan sin grandes trabas
gubernamentales los recursos naturales del país.
La desigualdad
social ha crecido junto a cuerpos policiales del Estado y empresas
privadas autorizadas por el gobierno, como “Atalaia Seguridad y
Vigilancia” del Estado de Pará, en Amazonas. Grandes propietarios
de tierras, madereras y empresas mineras contratan ejércitos
privados que amenazan, torturan e incluso asesinan personas. Existe
además una importante cantidad de sicarios dispuestos a matar por
encargo, en su mayoría protegidos por los poderes locales, y
sectores corruptos de la policía y la justicia. Según la Comisión
Pastoral de la Tierra solamente en 2017 fueron asesinados 70 líderes
sociales y ambientales en Brasil.
La justicia de
primera instancia persigue a Lula y lo encarcela sin pruebas,
mientras actúan impunemente en Brasil autores intelectuales de
ferocidad sin límite, empresas privadas de seguridad con prácticas
ilegales y sicarios que asesinan a mansalva. Para esta verdadera
mafia descentralizada no existe Lava Jato, ni parece ser una
prioridad para el juez Sergio Moro.
Lula es un
obstáculo para el Brasil armado y rico que resuelve sus apetencias
de tierras y poder con corrupción, asesinatos impunes y múltiples
golpes de estado. En Brasil se han naturalizado prácticas aberrantes
como la guerra química contra los agricultores más pobres que viven
en tierras apetecidas por los poderosos. Yo mismo estuve en el
campamento Helenira Resende del MST, en cercanías de Marabá, donde
los aviones pulverizaban deliberadamente peligrosos plaguicidas sobre
niños y adultos para que abandonen las tierras. Lo mismo se practica
en Nova Guarita, en Matto Grosso, donde los aviones pulverizadores
lanzaron venenos desde el aire sobre el campamento de pequeños
agricultores Raimundo Vieira III.
La apuesta de los
poderosos es que Lula pase 12 años en la cárcel. Nuestra
preocupación, como premiados con el Nobel Alternativo, es que si
Lula logra sortear la persecución judicial, se presente o no como
candidato en las próximas elecciones, pueda ser víctima de sicarios
que matan a quemarropa. No olvidemos que ya dispararon balas de plomo
contra su caravana en Paraná, el único Estado que no ofreció
custodia policial durante su recorrido. En Paraná actúa el juez
Sergio Moro, y en una cárcel de ese mismo estado está preso Lula.
Nosotros, los galardonados con el Right Livelihood Award que
estuvimos en Curitiba, pedimos al poder judicial brasileño que
cumpla y haga cumplir la Constitución; que Lula sea liberado y se
proteja su vida. Que se protejan las vidas de los indígenas,
campesinos y trabajadores rurales de Brasil. Y que se haga justicia
por aquellos que fueron asesinados.
Raúl Montenegro es biólogo, profesor titular plenario en la Universidad Nacional de Córdoba. Presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) y Premio Nobel Alternativo 2004.
Fuente:
Raúl Montenegro, La tragedia de un Estado para poderosos, 09/05/18, Página/12. Consultado 09/05/18.
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