Las cuestionadas represas del Río Santa Cruz y los derechos de la Naturaleza en América Latina

Comunidades de la cuenca del Río Santa Cruz no ceden ante negativa de la justicia de aceptar los reclamos de nulidad del Estudio de Impacto Ambiental que habilita la construcción de las represas.

por Laura Borse

El sábado 21 de abril se realizó en la ciudad de Río Gallegos la Asamblea por la Tierra y el Río Santa Cruz, de la cual participaron asambleas ambientales, organizaciones políticas y miembros de varias comunidades patagónicas. La Asamblea manifestó que existen varios conflictos y luchas territoriales en la Patagonia que deben ser entendidas dentro del marco de los Derechos Humanos. En esta Asamblea se informó y debatió ampliamente sobre la puesta en marcha del proyecto de mega represas “La Barrancosa” y “Cóndor Cliff”, y se presentaron varias propuestas para seguir informando y abriendo espacios de diálogo entre funcionarios y la sociedad en su conjunto.

Mientras tanto, el Estado Nacional busca modificar la Ley de Glaciares para beneficiar a las mineras, y el mes pasado, tras el levantamiento de la medida cautelar que mantenía en suspenso los trabajos para construir las mencionadas represas del Río Santa Cruz, se habrían retomado los trabajos para desviar el río y continuar con su construcción.

Las empresas a cargo de la obra son Electroingeniería, Hidrocuyo S.A y la china Gezhouba Group Corp. Según Represas Patagonia, estas tres empresas son mundialmente reconocidas por su experiencia en el diseño y construcción de grandes proyectos de infraestructura para generar energía, aunque nada dicen sobre la inhabilitación que el Banco Mundial aplicó sobre Gezhouba Group para operar en China, que terminó en un acuerdo y sanción, debido a que al menos tres proyectos fueron encontrados culpables de contaminación y afectación al medioambiente.

A través de una foto que publicó en las redes sociales, el titular de Electroingeniería, Gerardo Ferrerya, dio a conocer que ya retomaron el trabajo e incluso pretenden acelerarlo para recuperar tiempo. El dato más llamativo es que según Ferreyra, el Ejército argentino les provee de mano de obra y equipamientos. Otra controversia surge a raíz de la denuncia por conflicto de intereses presentada por la Fundación Banco de Bosques para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales realizada a fines del año pasado contra Bernardo Saravia Frías, quien en su carácter de Procurador del Tesoro de la Nación solicitó el levantamiento de la medida cautelar que impedía la construcción de las estas represas. Saravia Frías a su vez, oficia de abogado del banco chino ICBC, entidad que aporta el 30 % de los fondos para la obra de estas represas.

En la denuncia realizada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a la que tuvimos acceso, se plantea que “en este contexto, cabe interrogarnos si el Procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías, defenderá el interés público estatal o los intereses privados del contrato financiado por el cliente estrella (ICBC) del que fuera su Estudio jurídico hasta hace poco tiempo atrás y que, en la actualidad, comanda su hermano Carlos Saravia Frías”.

Recordemos que mientras en septiembre del 2017 se realizaba la audiencia pública por este proyecto, el Ministro de Energía y Minería tuvo que pedir disculpas por declarar públicamente que la audiencia no era más que un mero trámite y reconoció en ese momento que el análisis de riesgos ambientales fue efectuado en forma veloz para cumplir con el contrato internacional pactado con las corporaciones chinas.

Otra medida cautelar que espera ser atendida

Además de la denuncia mencionada, la Fundación Banco de Bosques planteó la nulidad respecto de la evaluación de impacto ambiental y ahora está en manos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo resolver, cuya jueza Macarena Marra Giménez aún no se ha pronunciado. Al respecto, el abogado de la ONG, Cristian Fernández, aclaró a La Izquierda Diario que “no hay impedimentos judiciales para que se retomen las obras, por eso es importante que la Cámara y la Corte se pronuncien”. En estos momentos “está a estudio de la Cámara el planteo de nulidad basado en todos los vicios que presenta la evaluación de impacto ambiental”. Los abogados plantean la nulidad del procedimiento de evaluación de impacto ambiental que realizó la empresa Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (EBISA), a pedido del Ministerio de Energía y Minería de la Nación (MINEM) y por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAYDS).

La evaluación es cuestionada por los abogados de la ONG ya que entienden que contiene vicios y omisiones, destacándose la falta de estudios sobre el tendido eléctrico de alta tensión. No se presenta el análisis de alternativas de proyectos ni la evaluación ambiental estratégica prevista en el art. 7 de la Ley 26.639. Además no se analizó el proceso de “sismicidad inducida” ni se relevaron los impactos biológicos, no se completaron en su totalidad las tareas de rescate arqueológico, ni se efectuó la consulta previa a las comunidades originarias según ordena la Constitución Nacional (Art 75 inc 17) y el Convenio 169 de la OIT. Tampoco se elaboraron proyecciones de precipitaciones y cambio climático, ni el inventario de humedales y no se integraron los dictámenes técnicos concluyentes del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA), la Administración de Parques Nacionales (APN), el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y el CONICET.

El recurso extraordinario por salto de instancia (“per saltum”) que presentaron está esperando una resolución desde fines del año pasado, mientras tanto el Estado Nacional avanza con la controvertida obra hidroeléctrica en un nuevo intento por hacer real su estrategia más fuerte, imponer la idea de que las represas son un hecho consumado, imposible de detener.

Hablan los especialistas

Algunos de los documentos que acompañan el pedido de nulidad de la Evaluación de Impacto Ambiental sobre las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa merecen especial atención. Son declaraciones de especialistas internacionales que tuvieron acceso al cuestionado Estudio de Impacto Ambiental y que en base a sus conocimientos en la materia, advierten sobre el peligro de seguir adelante con esta obra, que tendrá consecuencias imposibles de anticipar.

Por ejemplo, el Profesor de Ciencia del Sistema Tierra en la Universidad de California, Eric Rignot, indicó que “las evaluaciones realizadas sobre los impactos ambientales de las megarrepresas parecen haber olvidado a los glaciares que nutren a estas represas con agua de deshielo continuamente. Estos glaciares incluyen glaciares gigantes y famosos a nivel mundial como el glaciar Upsala y el Perito Moreno. Un cambio en el nivel del lago podría tener consecuencias graves y devastadoras para estos y otros glaciares. En particular, un aumento en el nivel del lago aceleraría el retroceso de los glaciares en respuesta al calentamiento climático ya que los glaciares se derretirían más rápido en contacto con las aguas del lago y se deslizarían hacia el lago con mayor velocidad. El catastrófico retroceso de los glaciares conduciría a desprendimientos de glaciares más rápidos, lo que genera tsunamis que transportan una energía tremenda, se propagan a lo largo de la totalidad del lago y sacuden las orillas y agitan el flujo del río. El derretimiento de los glaciares en esta región genera inundaciones por desbordamiento del lago -pobremente estudiadas- y podría amenazar la estabilidad de las represas”.

El profesor concluye que lo más probable es que la construcción de estas represas acelere la desaparición de estos glaciares, y fue enfático en desaconsejar su construcción.

De similar manera, el Dr. Hernán De Angelis, Investigador en glaciología del Instituto Antártico Argentino durante los años 1998 a 2014 y que actualmente se desempeña en universidades suecas, advirtió que la cota de inundación planeada para la represas es demasiado alta como para asegurar la estabilidad a largo plazo de los glaciares del Campo de Hielo Patagánico Sur. El Dr. Francisco Navarro, Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Madrid y especializado en balance de masa y dinámica glaciar, explicó que la construcción de una represa supone una alteración irreversible del sistema hidrológico de la cuenca fluvial, y en líneas similares, el Profesor Shin Sugiyama del lnstitute of Low Temperature Science Hokkaido University, concluyó que el aumento del nivel del lago puede aumentar la presión de agua basal de los glaciares en desprendimiento, y así acelerar el hielo: “Una vez que un glaciar se acelera, la descarga de hielo al lago aumenta, y el glaciar pierde más hielo al agua”.

Derechos de la Naturaleza

“Actualmente, el río forma parte de mi vida y de mi día a día, porque es glaciario, porque es un ecosistema complejo y perfecto, y su defensa es importante como fuente de agua y de vida”, declara Sabi Muñoz, quien vive en Calafate y es guía del Parque Nacional Los Glaciares, lo que el Río Santa Cruz significa para ella. Muñoz es integrante del Movimiento Patagonia Libre, conformado por cinco localidades: El Calafate, El Chaltén, Río Gallegos, Puerto San Julián y Comandante Luis Piedra Buena.

“Yo soy el río y el río soy yo” dice la comunidad Whanganui de su relación con el río homónimo, de Nueva Zelanda. Recientemente lograron firmar un acuerdo con el Estado neozelandés, resultado de 160 años de lucha para que la cuenca del río Whanganui sea reconocido como persona en el campo legal. El acuerdo comprende “el río Whanganui y sus elementos en conjunto, incluyendo aspectos biofísicos y metafísicos, desde las montañas hasta el mar”, entendiendo que “la salud y el bienestar del río se encuentran intrínsecamente interconectados con la salud y el bienestar de las personas”. Este es uno de los casos estudiados por Valeria Berros y Rafael Colombo, del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina, en el cual la noción jurídica de persona fue ampliada para integrar entidades no humanas. Ambos forman parte de la Asociación Civil Capibara NDS, que en agosto de 2017 se presentó en calidad de Amicus Curiae en la causa por la instalación de represas en el río Santa Cruz con el objeto de aportar a la causa argumentos relativos al estatuto jurídico de la Naturaleza y de los ríos, proponiendo una nueva interpretación del derecho vigente en Argentina.

En América Latina, según estos autores, el tema no es menor ya que han sido países sudamericanos los primeros en realizar este tipo de reconocimiento tanto a nivel constitucional como legal, resaltándose las experiencias del Estado Plurinacional de Bolivia y principalmente, de la República del Ecuador, cuya Constitución manifiesta en el artículo 71 que “La Naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se le respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”.

Colombia también ha legislado al respecto. Por ejemplo, a través de una acción de tutela contra organismos del Estado, incluida la Presidencia de la Nación, en defensa del río Atrato en el Chocó que fue contaminado con sustancias tóxicas producto de la minería afectando a su cuenca, ciénagas y humedales, y con ellos a la salud del ambiente y los derechos fundamentales de las comunidades étnicas que allí habitan. Y en las últimas semanas, la Suprema Corte de Justicia colombiana sancionó que la Amazonia es un sujeto jurídico con derechos propios y ordenó al gobierno protegerla de la deforestación. En Brasil empiezan a surgir movimientos que reclaman la extensión de los derechos para defensa de sus territorios ancestrales.

Según Berros y Colombo (2017), el derecho constitucional argentino posterior a la reforma de la Constitución de 1994 introdujo una serie de derechos que nos permitirían ensayar una interpretación ecocéntrica del derecho constitucional ambiental a partir de la noción de diversidad biológica, concretamente al ordenar a las autoridades de la Nación la preservación de la biodiversidad biológica y el patrimonio natural, de forma de equilibrar la perspectiva antropocéntrica que se desprende de la supeditación de la Naturaleza a las necesidades humanas.

La “preservación”, “protección” y “conservación” de la diversidad biológica aparece como primordial de la política ambiental argentina. Como miembro signatario de la Convención de la Biodiversidad desde 1992, cuyo preámbulo expresa claramente “que la conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la humanidad”. Según estos autores, “considerar la diversidad biológica como un interés común de la humanidad viene a ratificar el carácter difuso y colectivo -y al mismo tiempo solidario- de los derechos que la integran, como así también del trabajo que deben llevar a cabo los Estados Partes, no solo al interior de sus propias jurisdicciones sino entre sí fortaleciendo lazos de cooperación, en razón de que el daño que se produce sobre la biodiversidad es un daño que afecta a toda la humanidad”.

Gracias a la lucha de los pueblos que se movilizan para defender su territorio y su vida, el estatuto legal de la Naturaleza se encuentra bajo discusión, especialmente en América Latina, donde varios países han demostrado importantes avances en la legislación y la jurisprudencia sobre los derechos reconocidos a la Naturaleza, y en particular, en materia de estatuto legal de ríos, cuencas y glaciares.

Fuente:

Laura Borse, Las cuestionadas represas del Río Santa Cruz y los derechos de la Naturaleza en América Latina, 30/04/18, La Izquierda Diario.